De este modo, quedó firme la sentencia que impuso a ambos exfuncionarios penas de seis años y seis meses de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años y el pago de una multa. La resolución fue adoptada por los camaristas Fernando Gentile Bersano, Roberto Prieu Mántaras y Bruno Netri, tras una audiencia de apelación realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), representaron a la Fiscalía tanto en el juicio oral como en la instancia revisora. Tras conocerse el fallo, destacaron que todos los planteos defensivos fueron rechazados. “Se pidieron absoluciones, nulidades de prueba y hasta la prescripción de la acción penal. Nada de eso prosperó”, señalaron.
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Omar Odriozola, uno de los exjefes condenados que reclamó revisar la sentencia en su contra.
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Un fallo que ratifica el núcleo de la causa
La Cámara no solo desestimó los pedidos de las defensas, sino que ratificó el rol de jefes de la asociación ilícita atribuido a Odriozola y Grau. Para los jueces, ambos utilizaron su posición jerárquica dentro de la fuerza para organizar y sostener un esquema de defraudación en perjuicio de la administración pública.
Según quedó probado en el juicio, las maniobras consistían en facturar arreglos de móviles policiales que no se realizaban y compras de repuestos inexistentes. En ese circuito, los exjefes firmaban cheques, avalaban facturas y rendiciones de cuentas que habilitaban salidas ilegítimas de fondos estatales.
Los hechos atribuidos a Odriozola se concentraron entre enero y agosto de 2015, mientras que los de Grau abarcaron el período septiembre de 2015 a febrero de 2016.
Un precedente en causas de corrupción
Desde la Fiscalía subrayaron el peso institucional del fallo. “Se trata de un precedente de enorme relevancia en materia de corrupción, porque los condenados eran la máxima autoridad policial de la provincia cuando se cometieron los delitos”, remarcaron Hernández e Ilera.
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Rafael Grau, exjefe de la Policía de Santa Fe.
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Además, anticiparon que se encuentran analizando los fundamentos de la sentencia para evaluar los próximos pasos en relación con la reparación económica del daño ocasionado al Estado, uno de los puntos que aún sigue bajo estudio.
La causa está encuadrada dentro de los Objetivos Priorizados del Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General y se originó en una denuncia presentada en 2016 por quien entonces era ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, tras detectar irregularidades en el área de logística policial, conocida como D4.
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El gobernador Pullaro llegaba a declarar en la primera jornada del juicio, acompañado por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
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Un entramado que dejó múltiples condenas
La investigación permitió desarticular un entramado que involucró a funcionarios policiales, contadores y civiles ligados a talleres mecánicos y comercios de repuestos. Hasta el momento, nueve personas ya fueron condenadas, varias de ellas con penas de cumplimiento efectivo, mediante juicios abreviados o probation.
Odriozola y Grau fueron los únicos que llegaron a debate oral, señalados por la Fiscalía como los jefes de la organización que durante 2015 y 2016 vació las arcas públicas a través de facturaciones truchas y servicios inexistentes.
