“Un abogado que tenía una inmobiliaria ofrecía a la venta lotes, y estos lotes que ofrecía a la venta, y no otro tipo de operación, no le pertenecían a la persona que se presentaba como dueño. Entre este abogado y quien se presentaba como dueño del inmueble existía un vínculo, era la empleada doméstica”, comenzó a explicar Otte.
LEER MÁS ► Estafas inmobiliarias en Santa Fe: sospechan que el dinero fue sacado del país y enviado a un banco de Panamá
Una vez llevada adelante la operación, se firmaba el boleto de compraventa: “Que no era un boleto de compraventa, en realidad cedían los derechos y acciones del inmueble, y no se hacía mención a la escritura”, sostuvo el letrado.
Video ► La entrevista con Otte en Ahora Vengo
En este instrumento que firmaban los compradores no se hacía mención a la escritura, sino que se “todo dependía de un juicio de escrituración, y el abogado era quien lo llevaba adelante… Como si fuera poco, quien había iniciado el juicio de escrituración no lo había hecho contra el titular originario, porque el titular originación era gente que había fallecido en 1960, en algún caso. No había manera de escriturar ese inmueble porque el primer titular ya había fallecido”, explicó Otte.
El querellante graficó que “se vendía una expectativa, como si se tratara de un inmueble que estaba en condiciones de ser adjudicado y ser escriturado. La gente se daba cuenta de esto cuando solicitaba el expediente, cuando iba al registro de la propiedad… nunca iban a poder escriturar el inmueble que habían comprado”.
LEER MÁS ► Detuvieron a un abogado santafesino por estafas con operaciones inmobiliarias
Así las cosas, cuando empezaron a haber conflictos con los compradores, empezaron esos intentos desesperados de mantener la estructura: “De devolver el dinero, con un plan de pago, con otro terreno, etcétera etcétera etcétera… para impedir lo inevitable: por la cantidad de denuncias, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, después de cuatro años, se terminó haciendo una megacausa por la cantidad de damnificados”, sostuvo Otte.
El querellante explicó que la demora en el accionar de la justicia permitió que el entramado delictivo continuara operando: “Nosotros presentamos la primera denuncia en 2020. Si desde un primer momento se hubiera tomado otro tipo de medida, lo que pasó después no podría haber ocurrido. Presentamos la querella en 2021 y tuvimos una resolución judicial hace 21 días”, se lamentó Otte.
El querellante remarcó que “en Santa Fe se tramitan causas como Las Mercedes de Recreo, una de las causas de estafa inmobiliaria más grande de la provincia de Santa Fe, la causa de Unión, en la que está imputado el presidente por la administración infiel de su propio club desde 2022, las estafas de Vendo Tu Auto, las maniobras detectadas en el hospital Iturraspe… y el MPA tiene tres fiscales en la Unidad de Delitos Complejos… institucionalmente el MPA tendría que darse cuenta que los delitos no terminan en los delitos sexuales o cuestiones de género. Acá hay muchísimos damnificados que no tienen respuestas, o las reciben años después. Esta justicia llega tarde, y la justicia que llega tarde no es justicia”, sostuvo.
Finalmente, Otte aconsejó que, cuando alguna persona dude de alguna gestión u operación inmobiliaria que hubiera realizado, se acerque a su abogado de confianza: “Son cuestiones registrables, las mentiras tienen patas cortas, se detecta fácil si hay delito. Este tipo de maniobra no lleva mucho tiempo ser descubierta… Después viene el trabajo en la Justicia, con el tiempo que le lleva a la justicia, pero quien tenga dudas que consulte con su abogado de confianza, recomiendo un penalista, y después se verán los pasos a seguir”.
bárbara ilera.jpg
Bárbara Ilera, fiscal a cargo de la causa.
La causa
Desde las querellas estiman que los detenidos son parte de una organización que realizó estafas desde por lo menos 2020 y hasta la semana pasada, cuando se concretaron las respectivas detenciones. Los arrestados fueron identificados como los abogados Al. S. y J. C.; los corredores inmobiliarios A. S. (hermano de A.S.) y D. P. (imputado además en una vieja causa por estafas); y los tres particulares M. F. G. (empleada doméstica); A.D.M. y E. V.M.
Se sospecha que el grupo inmobiliario ofrecía los lotes a través de redes sociales y tras captar víctimas, concretaban un boleto de compra venta en donde un tercero (integrante de la banda) simulaba ser el propietario vendedor.
La parte querellante cree además que la organización también habría promovido juicios civiles de escrituración o usucapión, asentados en documentación falsa para inducir al engaño a los magistrados judiciales que tomaron intervención en cada caso. Una vez que los juicios se ponían en marcha, el grupo inmobiliario le decía a los compradores (víctimas) que los terrenos se iban a poder escriturar una vez que saliera la sentencia judicial.
LEER MÁS ► Estafas inmobiliarias en Santa Fe: uno de los detenidos era martillero público y ya había sido imputado en otra causa por fraudes
El caso tiene la particularidad de que uno de los detenidos es D. P., quien en 2017 fue procesado por una causa del viejo sistema penal, denominada de los “escribanos”, y la cual detectó cómo se fraguaron escrituras de inmuebles abandonados o en conflictos judiciales para luego insertarlos en el mercado inmobiliario a nombre de falsos vendedores.
Aquella causa supo tramitarse en el Juzgado de Instrucción Quinta, a cargo del entonces juez Darío Sánchez, que procesó a 26 personas por los delitos de estafa, asociación Ilícita y falsedad ideológica de instrumento público.
La resolución judicial fue dictada el 29 de diciembre del 2017 y luego confirmada, dos años después, por el juez de la Cámara de Apelaciones, Jorge Andrés, que dejó firme el procesamiento pero solo a 22 imputados.
El expediente pasó luego a tramitarse en el sistema oral y quedó a cargo de la fiscal Ilera, la cual elevó a juicio la causa en 2023.
