Estafas inmobiliarias en Santa Fe: cayó un nuevo involucrado en la banda del abogado Storni
Se trata de un hombre de 75 años que era parte de la asociación ilícita liderada por el abogado Alfonso Storni para cometer estafas en Santa Fe y la zona.
Los hechos fueron ventilados en una audiencia en los Tribunales de Santa Fe.
La causa que investiga las estafas inmobiliarias perpetrada por la banda liderada por el abogado Alfonso Storni en Santa Fe tuvo un nuevo involucrado. Se trata de un hombre de 75 años identificado como Rubén Italo Mendoza, quien fue imputado por la fiscal Bárbara Ilera y transitará el resto del proceso en prisión domiciliaria.
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A Mendoza se le atribuyeron varios delitos vinculados con las estafas cometidas por la banda, y también por resistencia a la autoridad, incumplimientos a mandatos judiciales, y amenazas calificadas, todos hechos cometidos en el marco de la misma investigación.
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Tras la lectura de cargos, este martes el juez Nicolás Falkenberg avaló el acuerdo de las partes para la prisión domiciliaria en una audiencia realizada en la sala 3 de tribunales, en la que Mendoza fue asistido por el defensor particular Jorge Silva.
Prisión domiciliaria
La fiscal explicó que la prisión preventiva domiciliaria fue acordada con el defensor del imputado debido a los cargos imputados, a la multiplicidad de imputados y de víctimas. Ilera advirtió que Mendoza está cercano a cumplir 76 años, y que padece problemas renales, además de otros inconvenientes de salud.
El imputado cumplirá la prisión domiciliaria en la casa de su hermana en la ciudad de Santa Fe, y la mujer será su guardadora. Además, cuando haya disponibilidad de dispositivos de monitoreo electrónico, se colocará la tobillera para monitorear el cumplimiento de la medida.
Las partes adelantaron la posibilidad de revisar la medida dentro de 30 días, así como la posibilidad de cerrar el proceso contra Mendoza a través de un juicio de procedimiento abreviado.
El rol de Mendoza en la banda
Según la atribución fiscal, Mendoza desempeñó un rol operativo y de simulación clave, ya que actuaba como el pretenso titular de los derechos sobre los terrenos para facilitar las estafas; de la investigación surgió que el hombre utilizaba la violencia para mantener el control sobre los predios.
Es así que Mendoza se presentaba como el legítimo dueño o poseedor de los derechos del "Lote 72" en Colastiné Norte, ante los interesados en comprarlo.
Para dar apariencia de legalidad, firmaba cesiones de derechos y autorizaciones de venta a favor de otros miembros (como Alfonso Storni) y de la inmobiliaria "AS", a sabiendas de que esos derechos ya habían sido cedidos previamente a otra persona en 2014.
La fiscal Ilera advirtió que Mendoza reclamaba y cobraba a las víctimas sumas mensuales de dinero bajo el concepto de una supuesta "tasa inmobiliaria": engañaba a los compradores diciéndoles que ese dinero era necesario para el avance de un juicio de usucapión que él mismo había iniciado, el cual supuestamente les permitiría escriturar en el futuro.
Cuando las víctimas de las estafas intentaban ocupar o construir en los terrenos que habían comprado, Mendoza recurría a la violencia: se presentaba con armas de fuego (escopetas y revólveres) para amenazarlos de muerte y exigirles que abandonaran el lugar.
En un caso específico, participó en el robo de materiales de construcción (ladrillos) de una de las víctimas que intentaba edificar en su lote.
Incumplimientos judiciales
En cuanto a las desobediencias judiciales, Mendoza continuó realizando actos de disposición y administración sobre los lotes a pesar de existir una orden judicial de "medida de no innovar" dictada por un Juzgado Civil y Comercial, la cual le prohibía dichas acciones.
La Fiscalía precisó que el 27 de octubre de 2022, Mendoza fue notificado sobre una "medida de no innovar" dispuesta por la jueza María Romina Kilgelmann, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Tercera Nominación de Santa Fe.
Esta medida le ordenaba abstenerse de realizar cualquier acto de disposición y/o administración sobre los lotes 71 y 72, ubicados en la calle Los Urunday (sin número) de la localidad de Colastiné.
A pesar de la prohibición, Mendoza desobedeció la orden de forma reiterada al suscribir acuerdos o boletos de cesión de derechos y acciones posesorias con diversas personas, en seis oportunidades entre julio de 2024 y abril de 2026.
En estas ocasiones, Mendoza firmó documentos con varias personas, violando directamente la restricción impuesta por la justicia.
Resistencia a la Autoridad
Finalmente, en cuanto a la resistencia a la autoridad, la Fiscalía detalló que al momento de su detención, en un allanamiento realizado en su domicilio el 26 de junio, Mendoza opuso una resistencia violenta contra el personal policial de la PDI utilizando diversos elementos para amedrentarlos.
Según los hechos detallados en la audiencia, primero resistió el accionar de los agentes policiales apuntándoles con una pistola semiautomática de aire comprimido.
Luego, dentro de la vivienda, Mendoza tomó un machete con cabo de color negro desde una ventana, con el cual procedió a amenazar al personal policial.
Estafas inmobiliarias
El inicio de la causa se remonta a mediados de 2024, cuando se detectaron las maniobras fraudulentas que realizaba un grupo de personas, entre los que se encontraban un abogado y un corredor inmobiliario dedicado a estafar a personas con operaciones inmobiliarias.
Como líder de la banda y organizador de las estafas fue identificado el abogado santafesino Alfonso Eduardo Storni, y como miembros de la banda, el martillero Agustín Storni (ya condenado), Atilio Di Mattia, María Fernanda Guerra, Mario Aguirre, Angel Alberto Guardia, Javier Cóceres, Emiliano Lihuel Chacón, Alina Persoglia, Julieta Musso, Diego Marcelo Parisse, Diego Marcelo Farías, Angela Beatriz Martínez, Miguel Angel Gallo, Gustavo Froidevaux y Rubén Italo Mendoza.
Para operar, la banda montó una estructura utilizando una agencia que funcionaba bajo nombres de fantasía como "AS INMOBILIARIA" o "AS SERVICIOS INMOBILIARIOS". Esta era provista por el corredor inmobiliario Agustín Storni; contaban con oficinas comerciales en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe (como en calle Seguí, Bv. Pellegrini, y Puerto Amarras), donde exhibían planos y documentos a las víctimas para generar confianza.
Además, utilizaban redes sociales para publicidad bajo diversos nombres como "GESTION INMOBILIARIA", "EMILIANO CH", "EDUARDO MOTA", entre otros, administrados principalmente por Emiliano Lihuel Chacón.
La asociación ofrecía a la venta terrenos sobre los cuales no tenían posesión, administración ni propiedad legítima. Su estrategia para lograr el "convencimiento necesario" en las víctimas incluía:
- Documentación Falsa: Confeccionaban boletos de compraventa o cesiones de derechos falsos, insertando declaraciones falsas en instrumentos públicos y privados.
- Simulación de Legalidad: Utilizaban formularios y sellos apócrifos de organismos oficiales para simular que los derechos transmitidos eran legítimos.
- Intervención de Profesionales: Involucraban la participación de corredores inmobiliarios, escribanos para la certificación de firmas y profesionales del derecho.
- Maniobras Judiciales: Iniciaban juicios de escrituración ante Juzgados Civiles y Comerciales utilizando la documentación adulterada para obtener sentencias que ordenaran la escrituración, dándole así un revestimiento de legalidad a la estafa.
Finalmente, los miembros se repartían roles específicos para sostener el engaño en el tiempo: la captación de los clientes a través de medios electrónicos y cartelería en los que se publicaban los lotes; la exhibición de los terrenos, planos y documentación, además de evacuar consultas; la gestión de cobranzas y recibir pagos; algunos miembros de la banda actuaban simulando ser poseedores o adquirentes previos de los predios para luego "transmitirlos" a las víctimas; y el mantenimiento del engaño con excusas para justificar la falta de cumplimiento (como la demora en las escrituras) y crear falsas expectativas de solución en las víctimas.