Una pieza clave dentro de la empresa
La maniobra se apoyaba en una persona con acceso privilegiado. Se trataba de una trabajadora del área administrativa que cumplía funciones similares a las de tesorería, aunque no era la titular del sector.
Desde ese lugar, manipulaba el sistema contable de la firma para generar movimientos ficticios. Emitía cheques utilizando chequeras de la empresa y falsificaba la firma de la presidenta, simulando pagos legítimos.
“Adulteraba mediante el sistema contable de la empresa y sacaba cheques fingiendo ser la firma del presidente”, detalló Ilera.
El rol clave de las conciliaciones
Uno de los puntos que permitió sostener la estafa durante tanto tiempo fue que la misma empleada también intervenía en las conciliaciones bancarias.
Ese control cruzado, que debería haber funcionado como mecanismo de detección, en este caso fue parte del engaño. Así, lograba ocultar los movimientos irregulares dentro de un volumen alto de operaciones.
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La fiscal explicó que el importante giro comercial de la empresa contribuyó a que, en un primer momento, las cifras pasaran desapercibidas, pese a su magnitud.
Cómo se distribuía el dinero
Una vez emitidos, los cheques eran entregados a otros integrantes de la banda. Allí entraba en juego el rol de Emilio Paglia, quien, según la investigación, organizaba la estructura y reclutaba a los participantes.
Los documentos comenzaban entonces un circuito de circulación: podían pasar por varias manos (hasta cuatro o cinco personas) antes de ser finalmente cobrados.
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Eran depositados en cuentas personales, endosados a terceros o descontados en mutuales y otras entidades, lo que permitía introducir el dinero en el circuito formal.
La organización estaba integrada por nueve personas con distintos perfiles: desde trabajadores de comercio hasta amas de casa o personas con actividades informales. Muchos tenían vínculos previos entre sí, lo que facilitó el armado de la red.
Una maniobra prolongada y millonaria
La estafa se extendió durante un año y dos meses. En ese período, lograron desviar unos 270 millones de pesos, que actualizados representarían entre 800 y 900 millones.
Para reconstruir el circuito, la Justicia debió seguir el rastro de unos 400 cheques, identificar quién los puso en circulación y qué obtuvo a cambio cada integrante.
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El trabajo incluyó pericias contables e investigaciones patrimoniales que permitieron desarmar la operatoria y avanzar con las condenas.
El caso terminó con todos los integrantes identificados y juzgados, y con el organizador condenado a cinco años de prisión efectiva por este fraude a gran escala a la empresa de Monte Vera.
