El Gobierno de Santa Fe será parte querellante en la investigación por presunto espionaje ilegal que involucra al exministro de Seguridad Marcelo Sain y a varios exfuncionarios de esa cartera. Este mediodía fue aceptado el pedido del fiscal de Estado, Rubén Weder, y no hubo oposición ni de la Fiscalía ni de las defensas. El dato se lo confirmó a AIRE el propio fiscal de la provincia.
Marcelo Sain, exministro de Seguridad de Santa Fe, quedó en el centro de una investigación por el presunto armado de "carpetas" de políticos, empresarios, fiscales y periodistas.
Maiquel Torcatt/ Aire DigitalLa investigación se tramita en la Unidad de Delitos Complejos, con intervención de los fiscales Mariela Jimenez y Ezequiel Hernandez, quienes apelaron el fallo que los obliga a levantar el secreto de sumario.
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La causa de espionaje ilegal en Santa Fe
El 26 de noviembre del 2021 y por orden de dos fiscales de la ciudad de Santa Fe, se realizaron allanamientos en las sedes de Santa Fe y de Rosario del Ministerio de Seguridad de la provincia. Signados por un total hermetismo, los operativos se dieron en el marco de dos causas que llevan adelante los fiscales Jiménez y Hernández del Ministerio Público de la Acusación (MPA): la compra de armas y espionaje ilegal. En el operativo –ejecutado por el Organismo de Investigaciones– se secuestraron teléfonos celulares de funcionarios.
De manera inmediata y con la finalidad de esclarecer los hechos, el gobernador Perotti instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder, para que inicie "de manera inmediata" los procedimientos administrativos necesarios en el Ministerio de Seguridad de la provincia, a través de la Dirección de Auditoría y Sumarios, en el marco de la investigación por presunto espionaje que involucra al exministro Marcelo Sain, entre otros funcionarios.
Las famosas "carpetas" de Marcelo Sain
La causa que investiga al exministro de Seguridad Marcelo Sain y varios de sus funcionarios, por presunto espionaje ilegal mediante el empleo de recursos del Estado, arrancó el año en el centro de la escena. Es que a pocos días de comenzar el 2022 se filtraron los primeros nombres de las personas que pudieron estar bajo la lupa de un organismo estatal que habría tenido como objetivo recopilar información de personas, por medio de “perfiles” o carpetas, y cuya utilidad tiene las sospechas más sombrías que puede tener la política, justicia, el mundo empresarial y hasta las propias instituciones. En otras palabras, la propia democracia.
Por la causa, la cual se ha mantenido en total sigilo por parte de la Fiscalía, fueron relevadas hasta el momento 661 carpetas con los nombres políticos, fiscales, abogados, policías, empresarios y sus firmas y hasta algunos periodistas. Dichas carpetas, fueron caratuladas como “perfiles” que eran creados sobre la base del cotejo de redes sociales y de bases de datos de organismos nacionales o provinciales.
Según trascendió, los “perfiles” encontrados pudieron haber sido creados entre enero del 2020 hasta por lo menos el 26 de noviembre, fecha en la que se concretó el allanamiento del Organismo de Investigaciones bajo un clima de masivas renuncias en la cartera, ya que en ese entonces renunciaron doce funcionarios que eran parte del equipo de Sain.
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