Escándalo narco en Bolivia: los videos de Sebastián Marset derribaron a la cúpula de la Fiscalía
Roger Mariaca, el fiscal de Santa Cruz, un fiscal superior y un oficial de policía quedaron detenidos por seis meses, acusados de integrar una organización que protegía al narcotráfico.
El momento de la detención del capo narco Sebastián Marset.
Sebastián Marset lleva más de seis meses preso en Alexandria, Virginia, pero bastaron unos videos grabados el día de su captura para hacer caer a la cúpula del Ministerio Público de Bolivia. Como ocurrió hace tres años en Uruguay, donde su pasaporte terminó con la renuncia del canciller Francisco Bustillo, la sombra del jefe del Primer Cartel Uruguayo (PCU) volvió a provocar un terremoto institucional en un país vecino.
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Después de una audiencia que empezó pasadas las 5 de la mañana del sábado y se extendió por más de 14 horas en El Alto, un juez dictó seis meses de detención preventiva para el ahora exfiscal general del Estado, Roger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior Martín Irusta, que fue abogado de Evo Morales, y el policía Rubén Aparicio, el hombre que Marset señala como el cajero de los sobornos. Los cuatro están imputados por organización criminal y tráfico de sustancias controladas.
Para evitar que se comuniquen entre ellos, el juez ordenó alojarlos en cárceles distintas: Mariaca, en Cantumarca, Potosí; Zeballos, en El Abra, Cochabamba; Irusta, en Patacamaya, y Aparicio, en Chonchocoro, en La Paz. La defensa, a cargo de Jerges Justiniano, anunció que apelará, sostuvo que los traslados no pueden ejecutarse mientras haya recursos pendientes y argumentó que a Mariaca le correspondía un juicio de responsabilidades y no un proceso ordinario. Según su abogado, el exfiscal negó haber tenido contacto con Marset o con su entorno.
Los videos y el escándalo narco en Bolivia
Todo se precipitó con la difusión de videos y audios grabados el 13 de marzo, el día en que Marset fue capturado en una casa del barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra. Según El Deber, corresponden a una entrevista que le hicieron los policías que lo detuvieron. En una de esas grabaciones, el uruguayo habla del jefe de los fiscales bolivianos con naturalidad: "Mariaca es mi amigo. Hablo con él. No es negocio nada. Supuestamente él controla la fiscalía. Avisa lo que tiene que avisar".
En otro tramo, ante la pregunta de cómo llegó a Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno de Luis Arce y excandidato presidencial del MAS, Marset cuenta que el contacto fue a través de un policía, que a "la Sonia" —el apodo con el que, según la prensa boliviana, se refería a Del Castillo— le pagaba "una mensualidad" y que así trabajaba tranquilo. El dinero, dice, pasaba por Aparicio. "Él y Mariaca fueron los que hicieron el arreglo con Del Castillo. Yo pagué y me quedé a vivir acá. Pagué 500 mil dólares", afirma.
Son palabras de un narcotraficante acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos, que tiene todos los incentivos para negociar con información y que ya demostró que usa la denuncia como arma. Sus afirmaciones deberán ser corroboradas con pruebas independientes. Pero los videos aparecieron menos de 72 horas después de que el Departamento de Estado norteamericano revocara las visas de Mariaca, Zeballos y otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos, y acusara al fiscal general de corrupción vinculada a la protección del narcotráfico. Mariaca había calificado esa acusación como "injerencia" y "presión política". La Fiscalía, además, había rechazado días antes versiones sobre una supuesta reunión entre Mariaca y Marset antes de la captura, y exigió pruebas y una retractación.
Bolivia: la caída del fiscal general
En la noche del miércoles, Mariaca fue detenido por agentes encapuchados en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, cuando bajaba de un avión que lo traía desde Sucre. Junto a él cayó Zeballos. El gobierno de Rodrigo Paz informó que había 14 detenidos y anunció el desmantelamiento de "una organización criminal enquistada en la justicia". "Era una organización criminal que protegía, participaba y se enriquecía con el tráfico de sustancias controladas", dijo el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Según la comisión de fiscales que lleva el caso, la investigación no se limita a la gestión de Mariaca al frente del Ministerio Público. Se remonta a su etapa como abogado, antes de asumir como fiscal departamental de Santa Cruz en junio de 2020. "Él ha patrocinado a gente que estaba vinculada a delitos de narcotráfico", dijo el fiscal Edwin Sarmiento. "Comienza por ahí, luego fiscal departamental, luego fiscal general".
En la audiencia, la Fiscalía presentó como elementos de convicción sumas de dinero, celulares de alta gama, documentos e informes de inteligencia y de patrullaje cibernético de la policía, con los que busca establecer la participación individual de cada imputado.
Cerca de las 4 de la madrugada del jueves, horas después de la detención de Mariaca, la policía interceptó una ambulancia que había salido del condominio donde vive el exfiscal. Adentro había bolsones y fajos de billetes envueltos en frazadas: 3.532.100 bolivianos y 10.000 dólares. Tres personas que viajaban en el vehículo quedaron detenidas.
Ese hallazgo dio origen a una segunda causa, por legitimación de ganancias ilícitas, en la que serán procesados Mariaca y los tres ocupantes de la ambulancia. La audiencia de medidas cautelares estaba prevista para este domingo a las 7, ante el Juzgado Segundo de Instrucción Penal de la zona Sur de La Paz. La Fiscalía se negó a dar detalles "por estrategia".
Oviedo sostuvo que ese dinero no provenía directamente del narcotráfico sino de "exacciones" a ciudadanos que acudían al Ministerio Público, a quienes —según su versión— se les cobraba desde que cruzaban la puerta. Otros seis empleados de la Fiscalía fueron detenidos cuando, según el Gobierno, intentaban retirar documentación de la casa del fiscal general.
La situación de Del Castillo quedó envuelta en confusión. En la noche del miércoles, varios medios bolivianos informaron que había sido aprehendido en el barrio paceño de Sopocachi. A la mañana siguiente, Oviedo lo desmintió: "No está detenido, se lo está buscando".
La insólita historia de uno de los narcos más buscados del continente
Los dichos de Marset reabren la pregunta que persiguió a los investigadores durante años: cómo pudo uno de los narcos más buscados del continente vivir con su familia en Santa Cruz, jugar al fútbol profesional en Los Leones de El Torno con un documento brasileño y aparecer en partidos televisados. Y, sobre todo, cómo logró escapar en julio de 2023, un día antes de un megaoperativo de la policía boliviana, cuando Del Castillo era ministro de Gobierno. ¿Fue parte de la protección por la que dice haber pagado medio millón de dólares?
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, admitió que el procedimiento llegó tarde: "Esto debió suceder con antelación, pero lamentablemente había fuga de información".
Oviedo reconoció que el operativo contó con la cooperación de agencias estadounidenses, y ese dato encendió la reacción. El vicepresidente Edmand Lara, enfrentado con Paz, sostuvo que nadie está por encima de la ley, pero insinuó la participación de la DEA en el operativo de Viru Viru y advirtió que ningún agente extranjero puede ejercer funciones de aprehensión en territorio boliviano. Evo Morales fue más lejos: dijo que las detenciones confirman que "en Bolivia gobierna Estados Unidos".
Morales sumó una lectura que conecta el escándalo con la Argentina: según él, el objetivo real es "salvar a Fernando Cerimedo", el consultor argentino que asesoró a Javier Milei y a Paz, preso desde fines de agosto en Chonchocoro, acusado de intento de femicidio contra su pareja boliviana e investigado por lavado de dinero y falsificación. Mariaca había prometido que no retrocedería "ni un centímetro" en esa causa. Como informó La Nación, Cerimedo ingresó en 2024, a través de Surlibre Inversiones, en Sanabria SRL, una firma de Puerto General San Martín que dice brindar servicios portuarios a barcazas de la hidrovía, aunque su predio es apenas una bajada de tierra hacia el Paraná.
El día de su captura acusó a militares bolivianos de cobrar sobornos. En junio, desde la cárcel de Virginia, despidió a sus abogados y envió al juez Rossie D. Alston Jr. una carta manuscrita en la que acusó a dos agentes de la DEA de intentar extorsionarlo por unos cuatro millones de dólares en criptomonedas. Días después, la fiscalía federal del Distrito Este de Virginia sumó a los cargos de lavado el de conspiración narcoterrorista y lo describió como líder de una organización que sacaba cocaína de Perú, Bolivia y Colombia hacia Europa por la hidrovía Paraná-Paraguay.
Ese corredor fluvial es el hilo que une a Santa Cruz con Rosario. La sigla PCU apareció estampada en panes de cocaína hallados en la isla El Chaparro, frente a Victoria, mucho antes de que el nombre de Marset figurara en los expedientes argentinos.
