El historial de violencia detrás del caso de la mujer que roció a otra con nafta en el barrio Nueva Esperanza

La imputada, identificada como Gisela F. a quien se le atribuyeron los delitos de amenazas e intento de homicidio, recuperó la libertad bajo una serie de medidas alternativas a la prisión, luego de que el magistrado evaluara la complejidad de la causa, que presenta un contexto de violencia y hostigamiento en los que la mujer siempre fue víctima y tuvo su desenlace la tarde del 8 de enero.

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En la audiencia realizada este miércoles, la fiscal Laura Urquiza y con más detalle la defensora pública Lucía Mognaschi, ventilaron el historial que comprende una condena a través de un juicio abreviado y una treintena de denuncias presentadas por la mujer imputada desde el 2023.

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Un bidón con nafta

La fiscal repasó los hechos imputados a Gisela F.: una amenaza telefónica proferida en octubre, donde ya advertía a las víctimas que tenia bidones con nafta para prenderlas fuego, y la tentativa de homicidio cometida el 8 de enero en inmediaciones de Piedrabuena al 4500.

Varias llamadas al 911 advirtieron que había una mujer retenida por una familia tras haber arrojado combustible a una mujer e intentar quemarla. Urquiza repasó la declaración de una vecina que estaba en la vereda, vio el arribo de F. y cómo arrojó el líquido del bidón e intentó accionar un encendedor "que hizo chispas".

Además, la fiscal aludió a una llamada al 911 realizada minutos antes por un chofer de aplicación de viajes, que alertó que había llevado a una pasajera que tenía un bidón de nafta y que le dijo que iba a prender fuego a una familia.

Contexto de violencia

A su turno, la defensora reclamó el sobreseimiento de F. y dio detalles acerca del conflicto de F. con la familia de la mujer rociada con combustible. F. había mantenido una relación con el padre de la presente víctima, que terminó en 2023 por situaciones de violencia, hostigamiento y abusos. Esto generó una situación de conflicto con todo el grupo familiar, en especial con los hijos, que se fue agravando ante cada nueva denuncia que F. presentaba.

En este sentido, Mognaschi solicitó al juez que al momento de resolver tuviera en cuenta el contexto violento que padece F. desde 2023, y la treintena de denuncias que la mujer presentó desde entonces por abuso, violencia de género y hostigamiento hacia su expareja y todo el grupo familiar. Algunas de estas denuncias fueron desestimadas, otras siguen en trámite, y además el hombre fue condenado a través de un juicio abreviado en 2024, tras lo cual comenzaron los conflictos con los hijos.

Desde allí, todo fue en escalada, con medidas de distancia y publicaciones en redes sociales contra F. y sus hijos menores de edad, advirtió Mognaschi. Este fue el detonante para que F. fuera el 8 de enero con un bidón a la vivienda de Piedrabuena desde su casa en Colastiné, explicó la defensa.

La defensora cuestionó la imputación de intento de homicidio y sostuvo que no se pudo acreditar que F. hubiera llevado un encendedor para comenzar el fuego, por lo que la conducta de arrojar liquido no se corresponde con un ataque contra la vida.

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Alternativas a la prisión preventiva

Al momento de resolver, el juez dio por acreditada la imputación fiscal y la intervención de F. en los hechos, si bien advirtió la complejidad del caso y el trasfondo violento.

Torres valoró los testimonios aportados por la Fiscalía, y remarcó que la propia imputada le había dicho al chofer de una aplicación de viajes que le iba a prender fuego a una familia: "A priori es un líquido combustible el que arrojó la imputada", sostuvo el juez, si bien aún debe realizarse la pericia correspondiente.

Luego, el juez advirtió que "es la señora F. contra el grupo familiar de los D. y eso la deja en un contexto de desigualdad"; Torres agregó que "es un caso complejo y colmado de grises", y remarcó que "el ataque fue en marco de un conflicto mayor perdurable en el tiempo. Tal vez con este contexto podría caber una pena en libertad", analizó el magistrado.

En este sentido, sostuvo que la imputada tiene más de 40 años y nunca tuvo problemas con la ley, siempre que hubo una causa penal que la tuvo involucrada fue como víctima, valoró Torres.

Así las cosas, el juez resolvió imponer medidas alternativas a la prisión: F. deberá acreditar el tratamiento psicológico que realiza en el Samco de la zona, además deberá mantener dos mil metros de distancia con el grupo familiar con el que tiene conflicto; se impuso una prohibición de contacto de todo tipo y una presentación quincenal ante las autoridades.

El juez sostuvo que se debe aplicar la perspectiva de género a F., quien es víctima vulnerable en relación a su expareja y su grupo familiar, ya que fue ese contexto lo que dio origen al ataque perpetrado el 8 de enero.

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La palabra de la imputada

Finalmente, F. pidió declarar y sostuvo que presentó unas 30 denuncias desde el 2023, relató cómo fue aumentando la problemática con su expareja y sus hijos cada vez que había una medida judicial.

La mujer relató incluso que había mantenido una reunión con el fiscal regional Jorge Nessier para plantearle la nula respuesta que encontraba a sus denuncias, y que recurrió al Centro de Asistencia Judicial a la Víctima para tener acompañamiento como querellante.

F. advirtió que tanto la abogada del CAJ que la asiste como su marido, que trabaja en el Poder Judicial, fueron amenazados por el grupo familiar de su expareja.

Finalmente, F. sostuvo que pidió declarar en la audiencia "así un juez por fin me escuchaba".