En diciembre del 2016, en una conferencia realizada en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, en el marco de la detención del narcotraficante Sergio “Zurdo” Villarroel, el entonces ministro, Maximiliano Pullaro, quedó envuelto en la polémica porque en el detrás de escena, antes de arrancar la conferencia, le dijo al secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, que iba a decir “una mentirita” en torno a la investigación judicial que terminó con el capo narco de Alto Verde preso.
"Vamos a tirar una mentirita con el tema del Whatsapp, no que lo intervenimos, sino que logramos sacar información de ahí para sacar un mensaje", le dijo al oído al funcionario nacional. Lo que nunca imaginó Pullaro es que ese desliz terminaría grabado por uno de los micrófonos que se encontraban en la mesa, por lo que sus dichos, en él detrás de escena, salieron a la luz y dejaron mal parado al hoy diputado provincial que, a modo de justificación, dijo después que fueron realizados para “no darle un centímetro de ventaja al narcotráfico”.
Lo cierto es que ningún Whatsapp fue intervenido, antes de la detención del Zurdo Villarroel, en la causa judicial que encabezó el fiscal federal Claudio Kishimoto y las únicas intervenciones que se dieron fueron las que tuvieron como protagonistas a las líneas telefónicas que la banda narco utilizaba y que fueron incorporadas en la investigación que terminó con Villarroel, tres años después, condenado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
La aventurada frase de Pullaro fue luego analizada por el entonces gobernador Miguel Liftchitz, que si bien no opinó sobre la forma en que habló su funcionario, cerró el tema con una frase recordada en el ámbito de la seguridad pública. “Mi padre decía: en boca cerrada no entran moscas”, concluyó el entonces mandatario santafesino para gambetear el tema en una rueda de prensa que tuvo lugar en Rosario, donde dejó entrever que guardar silencio, en muchas oportunidades, es la mejor opción que puede tener un funcionario político. Y más aún, cuando de por medio se encuentra una causa judicial.
Siete años después de aquel episodio, otro funcionario volvió a quedar mal parado al referirse a una causa judicial que está en trámite. Se trata del actual ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Rubén Rimoldi, quien a días del copamiento de la Subcomisaría 20 de Arroyo Leyes, un grave hecho ocurrido en la madrugada del 17 de noviembre de 2022, aseguró que el caso estaba esclarecido. “Hoy podemos decir, ante este quebrantamiento ominoso de la ley, que el Ministerio de Seguridad junto a la Policía de la provincia ha esclarecido el hecho de Arroyo Leyes ”, sostuvo el funcionario provincial en un comunicado que fue difundido poco después de que la Agencia de Control Policial (ax Asuntos Internos) detuviera a los entonces principales sospechosos que tenía el asalto a la dependencia policial de la ruta provincial 1. “La eficiencia y eficacia de nuestras unidades de inteligencia criminal, de nuestros investigadores y de todo el personal, se plasma en hechos concretos”, agregó Rimoldi en aquella ocasión.
Sin embargo, los dichos del funcionario no hicieron más que adelantarse a una investigación judicial que para ese entonces no tenía verdaderamente esclarecido el robo, ni tampoco quiénes fueron sus actores y mucho menos el móvil. Es que, a dos meses de aquel procedimiento policial que terminó con tres personas detenidas por agentes de la Agencia de Control Policial, la causa dio un giro de 180 grados y terminó con los “supuestos autores” liberados, ya que todo indica que existió un error por parte de los investigadores del caso.
Pero, ¿cómo surgió el error? Apenas ocurrió el robo y copamiento de la Subcomisaría, llegó un dato a los investigadores de que quien habría estado involucrado el asalto era un tal Luis Leguizamón. A partir de ese nombre, más el identikit (retrato hablado) realizado por los peritos, los investigadores del caso iniciaron una búsqueda por la base de datos Sudamericadata en donde encontraron al electricista Luis Alberto Leguizamón, de 44 años, cuya foto era similar al identikit confeccionado en la causa. Sumado a ello, surgió que el teléfono de ese Leguizamón impactó (en su antena) el día del hecho, unas horas antes del robo, en la zona de Arroyo Leyes.
Colocado en el radar de la investigación, Leguizamón fue detenido tres días después en su casa del barrio Villa Hipódromo, en la ciudad de Santa Fe, junto a su hijo –menor de edad– y su sobrino Matías, de 23 años. Los tres marcharon presos y los mayores de edad luego fueron llevados a una rueda de reconocimiento en tribunales en donde uno de los presos que estaba alojado en la dependencia el día del robo (un prefecto imputado por un abuso sexual) dijo reconocer a Leguizamón como uno de los supuestos autores.
Tanto el electricista, como su sobrino fueron imputados por la fiscal Rosana Peresín como los autores del robo y con posterioridad el juez Leandro Lazzarini ordenó su detención de manera preventiva. En paralelo, el menor de los Leguizamón fue liberado por la Justicia de Menores. Dos después, ya con la causa radicada en otra Fiscalía (la de Laura Urquiza de la Unidad de Delitos Complejos), la investigación tomó otro vuelo y dejó al descubierto una grave falencia investigativa por parte de la Agencia de Control Policial: que si bien en el robo había un Luis Leguizamón involucrado, no era el que se encontraba preso desde hacía dos meses, sino otro que terminó siendo apresado el 17 de enero pasado.
Justamente, ese Luis Leguizamón, fue el que permitió a la Fiscalía (a partir de una declaración) poder reconstruir cómo ocurrió el caso, sus posibles protagonistas (incluido un policía) e indirectamente desvincular a los primeros detenidos que tuvo el caso, los cuales fueron liberados. De igual manera, siguen imputados formalmente en una investigación que para nada está "esclarecida" como supieron indicar desde el Ministerio de Seguridad.
Y más aún, cuando restan ser detenidos otros dos hombres que están prófugos y además se tiene que aclarar cómo uno de los implicados que tiene la causa, Hernán "Orejón" Sosa, logró usar una identidad falsa que no fue advertida por el propio Gabinete de Identificaciones de la Agencia de Investigación Criminal y que le permitió salir en libertad dos meses antes del copamiento de la Subcomisaría 20.
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