Denunció a un familiar por abuso sexual y fue condenado diez años después: su testimonio fue clave
La jueza Labanca dio a conocer los fundamentos de la condena a un hombre de 51 años por el abuso sexual de una niña menor de edad.
Baiz fue condenado por abuso sexual y la Cámara de Apelaciones revisa la sentencia
La declaración de una niña de 11 años en Cámara Gesell en 2016 fue la clave para lograr una condena por abuso sexual, impuesta en el marco de un juicio realizado este mes en los tribunales santafesinos ante la jueza penal Cecilia Labanca.
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La magistrada dio a conocer los fundamentos de la condena a nueve años de prisión para Juan Diego Baiz por agresiones sexuales en perjuicio de una niña de nueve años; la menor era hija de un primo hermano, y junto con otros tres hermanitos quedaban a cuidado del abusador mientras sus padres trabajaban.
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Además, este miércoles la Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de Baiz, quien había llegado en libertad al proceso y quedó detenido tras la condena por orden de Labanca tras el pedido de la fiscal Natalia Giordano y del abogado querellante Hernán Kovacevich.
El abogado defensor Ignacio Alfonso Garrone había solicitado que Baiz continúe libre hasta que la sentencia quede firme por lo que recurrió a la Cámara de Apelaciones que confirmó el encarcelamiento impuesto tras el juicio, en una audiencia presidida por el camarista Bruno Netri.
Las claves de la condena por abuso sexual
Entre las claves de la condena se destaca la declaración de la menor en Cámara Gesell, realizada poco tiempo después de la denuncia, en 2016. Labanca valoró que el testimonio de la niña posee valor intrínseco por su coherencia, verosimilitud, espontaneidad y persistencia en el tiempo y atravesado por la emocionalidad, a pesar de algunos errores metodológicos de la entrevistadora, que fueron cuestionados por la defensa.
El defensor Alfonso Garrone había criticado que la entrevistadora no había respetado las pautas de guías internacionales (como las de UNICEF); sin embargo, la jueza sostuvo que dichas falencias metodológicas u "errores del operador judicial" no se le pueden cargar ni atribuir a la niña.
Durante la entrevista, la menor dio descripciones precisas de las dinámicas del abuso, la distribución de la vivienda, las rutinas diarias y los momentos en que ocurrían los tocamientos; además, su versión se mantuvo constante y coherente desde las primeras manifestaciones hechas a su familia (su abuela y su madre) hasta las declaraciones vertidas ante profesionales médicos y psicólogos.
En relación a la palabra de la niña, Labanca advirtió la inexistencia de alguna motivación, venganzas o conflictos previos con el acusado que pudieran sugerir una fabulación en los dichos de la niña. Además, destacó que este relato fue respaldado de manera objetiva por los testimonios de los padres, la abuela y los profesionales de la salud (médicos y psicólogos) que intervinieron en la causa.
Finalmente, la valoración que la jueza hizo de la declaración de la menor se encuadró en la normativa de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que garantizan su derecho a ser oída en un entorno adecuado y que buscan evitar su revictimización durante el proceso judicial.
Confirmación de la prisión preventiva
Baiz transitó casi todo el proceso penal en libertad, y al ser condenado a principios de octubre, la jueza impuso la prisión preventiva por pedido de la Fiscalía y la querella.
En los fundamentos, la jueza evaluó el cambio en la situación procesal y grado de certeza, ya que durante la investigación y el juicio, el imputado gozaba de la presunción de inocencia. Sin embargo, tras la condena, ya se fija una declaración judicial de certeza sobre la existencia de los hechos y la responsabilidad de Baiz.
La jueza advirtió además que esta condena y la pena a nueve años de prisión aumentan el riesgo de fuga, y que es necesario imponer la prisión preventiva con el fin de asegurar el cumplimiento futuro de la sentencia.
Por último, ante el planteo de la defensa de que Baiz siempre estuvo a disposición de la justicia y posee arraigo en la comunidad, Labanca entendió que este comportamiento en la etapa de investigación pierde peso relativo y no es suficiente ante la nueva realidad de una condena efectiva.
Estos argumentos de Labanca fueron confirmados recientemente por el juez de la Cámara de Apelaciones Bruno Netri, en una audiencia en la que el defensor insistió con medidas alternativas para Baiz, reiterando el argumento que Baiz permaneció durante más de diez años a disposición de la Justicia, que posee arraigo familiar y domiciliario y además, que la sentencia no se encuentra firme.
La Fiscalía, representada en la audiencia de Cámara por el fiscal Carlos Arietti, se opuso al planteo de Alfonso Garrone por entender que la condena a una pena de cumplimiento efectivo modificó sustancialmente la situación procesal y justifica mantener la medida cautelar.
Por su parte, el abogado querellante Kovacevich, adhirió a la postura fiscal y destacó la importancia de considerar el nuevo escenario procesal, el riesgo de fuga y la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien manifestó continuar sufriendo consecuencias de los hechos y denunció situaciones de hostigamiento en redes sociales.
Finalmente, el magistrado resolvió rechazar la apelación y confirmar la decisión cuestionada, manteniendo la prisión preventiva de Baiz.
Al ser consultado por AIRE, el abogado querellante destacó la importancia de que la decisión judicial contemple no solo la situación procesal del condenado, sino también la protección de la víctima y las circunstancias actuales del caso.
Apelación de la sentencia
Tanto la defensa como la querella recurrirán a la Cámara de Apelaciones para revisar la condena; Kovacevich, en representación de la denunciante, cuestiona la fundamentación de la pena impuesta e insistirá con una condena a 17 años de prisión. La querella solicitará que Baiz también sea condenado por el delito de corrupción de menores, ya que Labanca dictó la absolución por dicha calificación.
En el escrito de apelación, Kovacevich solicita a la Cámara que revise si la jueza de primera instancia examinó de manera suficiente las pruebas producidas y si fundamentó adecuadamente tanto la absolución como la sanción impuesta. El recurso presentado por el querellante busca que se revise integralmente el fallo y que se dicte una resolución conforme a derecho, en resguardo de los derechos de la víctima.
Un proceso de diez años
Baiz fue detenido e imputado en julio de 2016 como autor de abuso sexual gravemente ultrajante por el fiscal Omar De Pedro, y en la audiencia de medidas cautelares el juez Jorge Patrizi le otorgó la libertad bajo una serie de medidas alternativas.
Años después, en marzo de 2021, la entonces fiscal Celeste Minniti pulió la imputación a Baiz y un mes después presentó la acusación con un pedido de pena a 17 años de prisión por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda, por la edad de la víctima y por mediar amenazas, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores.
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Sin embargo, hasta 2024 no se pasó a etapa de juicio, cuando la causa estaba a cargo de la fiscal Luciana Escobar Cello; en esa etapa se dieron varios vaivenes procesales y la causa volvió a tener una nueva dilación. Entonces la familia decidió buscar asesoramiento y constituirse como querellante con patrocinio del abogado Hernán Kovacevich.
A finales de 2025 la causa quedó a cargo de la fiscal Giordano y nuevamente se encaminó al juicio: "Quiero Justicia, ahora me van a escuchar", le dijo la joven a su mamá. En julio de 2026 la familia viajó a Santa Fe para asistir al debate, pero hubo una nueva postergación, por lo que cuando finalmente comenzó el juicio, no pudieron volver a viajar y participaron por videoconferencia.
La joven pudo brindar una declaración de impacto ante la jueza Labanca: “Fue tan valiente, se sintió tan segura al momento de hablar, de poder expresarle a la jueza como se sentía, lo que había pasado, ‘ahora me escuchan’”, relató Belén.
En la audiencia de apelación de prisión preventiva, la menor (hoy mayor) víctima de los hechos volvió a expresarse ante el juez. La declaración la realizó por videoconferencia desde el sur del país, donde reside con sus padres desde que radicaron la denuncia.
La joven manifestó que se siente vigilada por la esposa de Baiz y por su hija a través de las redes sociales, que hasta el día de hoy tiene sueños relacionados con los hechos y que permanece con tratamiento psicológico. Finalmente, sostuvo que el daño que le causó sigue y va a quedar para siempre, que le arruinaron la mitad de su infancia. Pidió justicia, ser escuchada y que Baiz cumpla los años que correspondan a su condena.
