Si algo le faltaba a este 2020 que acaba de terminar para sumar más conmoción a los 214 homicidios dolosos ocurridos en el departamento Rosario en el marco de situaciones de violencia letal, es la confirmación de que un nene de apenas siete años fue víctima de un atentado incendiario intencional y mafioso a su precaria casilla de El Mangrullo, donde murió calcinado.
El triste final del niño Ángel Lionel Rueda el 10 de diciembre al ser hallado por los bomberos sin vida en un rincón de la casilla donde residía con su padre en Ensenada al 500, sector humilde pegado al arroyo Saladillo conocido como el Mangrullo, sintetiza los flagelos sociales y la superación de todos los límites de aquellos actores vinculados al mundo del hampa.
No fue un accidente. Fue un acto criminal y despiadado que solo cabe en la lógica de aquel que está dispuesto a todo. Esas acciones no sólo provocan el daño humano irremediable, sino que tienen el desafiante objetivo de enfrentar mínimos códigos de convivencia, generar terror, sembrar miedo, y elevar un mensaje a quien lo quiera recibir: al enemigo que disputa poder o al propio Estado.
La delincuencia en Rosario logra imponerse. Queda demostrado en la cotidianeidad, cuando se recorren barrios por fuera de los bulevares como Parque Casas, Triángulo, Tablada, Vía Honda, los Fonavi Municipal o del Mercado, o en los bordes de Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria y San Lorenzo, sólo por citar algunos.
En las calles o pasillos serpenteantes de esos y otros barrios, los vecinos sólo balbucean algunas palabras cuando se acercan los medios tras un crimen. Tiene miedo de denunciar por represalias. Los conflictos por la comercialización de droga surgen como el motivo predominante de los incidentes violentos.
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Los cabecillas que lideran las bandas, muchos de ellos presos pero activos para ordenar actos de extrema violencia tras las rejas, apelan a sus segundones de poca monta pero atrevidos, y algunos sicarios algo más profesional que le ponen precio a las víctimas después de hacerse de armas y municiones como clavos en la ferretería.
Es alarmante la circulación de los denominados fierros, como se dice en la jerga policial. Son una de las tantas causas de los homicidios y las balaceras. En ese sentido, Santa Fe encaró políticas activas para el control de las armas oficiales. Según los últimos relevamientos en las armerías centrales de la Policía se contaron 36 armas policiales extraviadas entre enero y noviembre de 2020.
Entre 2014 y 2019 fueron sustraídas (o extraviadas) 502 armas entre cortas y largas, es decir, aproximadamente cada cuatro días un o una policía de la provincia perdía o le robaban el arma de fuego de servicio. En ellas están comprendidos los faltantes en los arsenales policiales, donde se almacenan pistolas, escopetas, municiones, chalecos y demás equipamiento. A pesar de estos esfuerzos, el mercado negro parece retroalimentarse.
Es que una ráfaga de tiros para dejar un tendal de heridos o muertos parece algo sencillo en la "Ciudad de Pobres Corazones", como dice Fito Páez. Unos pesos excedentes de droga, un pibito que quiere ascender en la carrera delictiva, un auto o moto robada, escasa prevención policial, y el escenario queda listo para gritar acción.
Al retiro casi exasperante del Estado de muchas barriadas, la ausencia de políticas sociales, estrategias para enfrentar el flagelo de la droga y brindar oportunidades a la juventud y a los más desamparados, se intercala el negocio narco, con cobertura de nichos de la fuerza policial, judicial y política, como quedó demostrado con las últimas causas judiciales.
Ángel Lionel fue una víctima de ese complejo telar, dinámico, que se entreteje y reconfigura. Inmerso en la extrema pobreza, sufrió esa corta vida junto a un padre que trató de cuidarlo a pesar de las carencias. El 10 de diciembre a la madrugada cuando el fuego se apoderó de la casilla, el niño estaba solo.
Según indicaron los vecinos en ese momento, el progenitor había salido momentáneamente del rancho. Algunas versiones indicaron que había salido temprano para hacer algunas changas que le permitiera juntar algo de dinero, probablemente lavando autos, otros indicaron que estaba en la casa de su novia a cuatro cuadras de allí. El padre se hizo cargo de la crianza de Lionel porque la madre los abandonó apenas nació.
Los referentes del barrio remarcaron que la víctima “era una criatura muy querida” en esa zona, que el padre buscaba las raciones de comida en Casa Pueblo, un centro comunitario del Movimiento Evita. La descripción de aquellos que conocían a Lionel fue una foto de la desamparo: “Era un nene pobre porque su papá era pobre, pero no era un niño abandonado”.
En ese contexto, también se sumaron las primeras versiones de una motivación demencial. Familiares del chiquito sostuvieron desde el principio que el hecho había sido provocado. “Le tiraron algo para prender fuego la casa. No tenían luz ni nada (por la posible chispa accidental de un cable). Esto fue intencional”, aseguraron.
Además narraron que hace dos años padre e hijo debieron abandonar la casilla porque quedaron en medio de una balacera entre pandillas de la zona. “Se cagaron a balazos y Ángel agarró al nene y se lo llevó de ahí porque tenía miedo que lo mataran. Este es un barrio picante”, aseguró un vecino. Como no tenía donde vivir, padre e hijo volvieron a vivir en el mismo lugar.
Pero nadie imaginó semejante final para Lionel. Porque lo que parecía un accidente, según las pericias de los Bomberos Zapadores, se trató de un homicidio intencional motivado, al parecer, en esos conflictos que habría mantenido el padre con algunos lugartenientes de una banda criminal de la zona.
El informe de bomberos solicitado por la fiscal Valeria Piazza Iglesias dio cuenta que el incendio tuvo un inicio súbito con algún tipo de acelerante, posiblemente combustible, por lo tanto se determinó que el inicio del fuego es intencional.
Con este dato clave el caso dio un vuelco inesperado y el legajo fue girado a la fiscal Gisella Paolicelli, de la Unidad de Homicidios Dolosos. La funcionaria ordenó medidas investigativas a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en reserva en relación a la motivación del hecho, principalmente para dilucidar la identidad del o los autores.
En relación al padre, identificado como A.R. de 31 años, se encontraba detenido ante la posibilidad de ser imputado por abandono. Sin embargo la Fiscalía evaluó evidencias objetivas y las declaraciones realizadas por vecinos que dieron cuenta de no haber indicios de un padre con actitudes de desprotección en relación a su hijo. Además, se confirmó que no hubo una relación causal entre el incendio y que el menor se encontraba solo al momento del hecho. Frente a esa evidencia la fiscal Paolicelli ordenó su libertad.
¿Quién estuvo detrás del atentado incendiario que se llevó la vida de Lionel? Otra vez emergen laderos de Los Monos. Y en la pesquisa surgió el nombre de Juan Domingo Ramírez, apuntado como sicario de la banda de barrio Las Flores, que hace pocos días fue detenido en el marco de una causa por venta de drogas que impulsa el fiscal federal Claudio Kishimoto.
Pero también quedó sindicado como el posible instigador del acto criminal que terminó con la vida del nene del barrio El Mangrullo. La motivación de la sanguinaria venganza se estaría originado en una deuda de drogas que tenía el padre de la criatura o algún familiar, indicaron algunas fuentes oficiales con acceso a la investigación.
Ramirez, de 46 años, tiene su historial en las páginas policiales. Siempre se lo vinculó como sicario de Los Monos. De hecho, fue condenado como partícipe de la asociación ilícita surgida en el barrio Las Flores. También fue investigado por varios homicidios, acusado de gerenciar búnkers de venta de drogas. También protagonizó una fuga desopilante de la jefatura de la Unidad Regional II.
Rosario no dio respiro este 2020 y la criminalidad organizada mostró su cara más cruel. El 12 de enero comenzó un rebrote fenomenal de la violencia letal con el homicidio de Enrique Encino, el gerente del banco Nación oriundo de Las Parejas, baleado en el cráneo en una galería externa del Casino City Center. El hecho buscó sembrar pánico y fue la punta del ovillo que sobre la trama de extorsiones y pago de coimas para sostener el juego clandestino.
Ese momento marcó un quiebre en Santa Fe. Porque con el dato, otra vez de Los Monos como eje distintas balaceras, comenzó a temblar el Poder Judicial y político de la provincia con la detención del fiscal regional Patricio Serjal acusado de comandar la asociación ilícita para proteger al empresario del juego ilegal Leonardo Peiti.
Ese empresario arrepentido que delató el pago de coimas a los funcionarios judiciales, puso en jaque también, al fiscal Gustavo Ponce Ashad y su secretario Nelson Ugolini, todos imputados en la causa. Detrás, la figura del senador Armando Traferri como un jugador clave, según la Fiscalía, para conectar a los actores de la organización delictiva.
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La seguidilla de muertes fue tapando la gravedad de la anterior y se cae en la naturalización del reguero de sangre. Como el triple crimen de una familia en Empalme Graneros el 16 de febrero, cuando un sicario gatilló a quemarropa contra Cristofer Nahuel Albornoz, de 23 años, su mujer Florencia Corbalán, de 21 años, la pequeña hija de ambos, Chelsi Albornoz, de un año.
En Aire de Santa Fe también se describió el homicidio de Dylan Saucedo, un adolescente de tan sólo quince años, que mataron a balazos desde una bicicleta el 11 de marzo. Un día antes, las imágenes con la secuencia del asesintato del supermercadista chino Dai Weiqing, de 35 años, recorrió diarios digitales y redes sociales. El homicida y la víctima quedaron filmados en las cámaras de seguridad del negocio ubicado en Biedma y Garzón.
La problemática de la circulación de armas en manos de civiles y al alcance de niños quedó en evidencia el 15 de abril (mes con menor número de homicidios, 4). Ese día, Thiago Avaca, de 9 años, murió por un disparo accidental que efectuó un amigo, que encontró una pistola 9 milímetros dentro de la mochila de un tío. El hombre escondía el arma.
Sin dudas que entre los 20 homicidios que registró julio, el más impactante en términos institucionales fue el del pastor evangélico y ex concejal de Ciudad Futura Eduardo Trasnte. Lo mataron el 14 de ese mes con un disparo en la frente dentro de su casa, en San Nicolás al 3600. Tenía 53 años, y luchó contra la violencia como legislador y militante tras la muerte de su hijo Jairo en el Triple Crimen de la Villa Moreno el 1º de enero de 2012.
Los femicidios, una problemática creciente, ocuparon la agenda policial. El 12 de agosto Erica Vanessa Olguín, de 37 años, fue asesinada por su pareja en Lavalle al 2500 de Villa Gobernador Gálvez. La víctima murió por golpes y quemaduras. Diez días más tarde, María del Luján Riquel, una trabajadora sexual de 39 años, fue salvajemente asesinada por golpes en el cráneo con una piedra.
Septiembre marcó el récord, con 28 víctimas. El 10 acribillaron a Marcelo “Coto” Medrano (44). El ex barra de Newell's fue emboscado en Pueyrredón y Eva Perón de Granadero Baigorria. El 14 murió Ticiana Espósito, la nena de 14 años que recibió un disparo en el cráneo por una balacera contra su casa, en Magallanes al 2700.
No fue la única adolescente fallecida. También mataron a balazos de desde una moto a Magalí Macarena Blanca, de 17 años, en Lavardén al 5500; a Lucas Benitez, también de 17 años, por disparos desde un auto en Biedma al 1000; y a Nicolás Ríos, de la misma edad. Le dieron un tiro que se le incrustó en la cabeza, en Barra y 27 de Febrero.
El 22 de septiembre perdió la vida Sebastián Cejas, el hombre que esperaba en la puerta del Hospital Español (Gaboto y Sarmiento) que su padre saliera de diálisis, cuando fue sorprendido por delincuentes que le dispararon en el pecho para robarle el auto.
Franco Velázquez, de 25 años, falleció el 3 de octubre. Robó un auto y citó al dueño en Pasco al 5000. Si Vázque murió atropellado por el dueño del vehículo y luego fue linchado por vecinos. En tres hechos hubo más de diez tiros contra las víctimas: Juan Emiliano Cortez (30), el 16 de octubre en Buenos Aires al 6400; a Nahuel Jesus Díaz (23), en Platón y San Martín el 26 del mismo mes; y Giuliano Imanol Vázquez, acribillado tres días más tarde en Aborígenes Argentinos al 5300.
El primer día de noviembre se sacudió con un doble crimen con aroma a ajuste de cuentas. El de los hermanos Gastón y Agustín Jaime. Iban en una moto por bulevar Seguí y Castellanos y fueron ejecutados a balazos desde un auto. El 3 de noviembre, Mario Delfino, de 40 años, recibió una descarga de 30 tiros en Rafael Obligado y Marmol, en Villa Gobernador Gálvez.
Diciembre corrió los límites de lo establecido en la historia criminal de Rosario. A lo del chiquito Angel Lionel, se sumó el asesinato mafioso que se conoció el 22 de ese mes tras el aberrante hallazgo de dos hombres descuartizados, mutilados en varias partes y sus partes arrojados en contendedores de residuos del barrio Saladillo. Las víctimas fueron ultimadas con disparos en el cráneo. Al otro día los identificaron como Jorge David Giménez, de 29 años, y Víctor Martín Baralis, de 44.
El escenario es complejo, los hechos tienen múltiples causas, no se trata sólo de estadísticas. Lo que quedó demostrado en 2020 es que el mundo criminal encarnó códigos mafiosos como nunca antes. El departamento Rosario relevó 214 homicidios al 30 de diciembre de 2020, según cifras parciales del Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Hubo un incremento del 27 por ciento en relación al 2019, que contó 168 muertes violentas. A nivel provincial, también se dio un salto, porque se pasó de 334 víctimas el 2019, a 376 en el que acaba de terminar.
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