Alberti y avenida Peñaloza del barrio San Martín, uno de los domicilios que fue allanado por Asuntos Internos junto con la TOE.
Las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos, Laura Urquiza y Mariela Jiménez, solicitaron extender los plazos para imputar a las personas detenidas este miércoles en una serie de allanamientos en Santa Fe, que permitió desbaratar a una organización conformada por policías, abogados y civiles investigados por usurpar viviendas. Los operativos culminaron con la detención de 19 personas (luego cuatro de ellas recuperaron la libertad), el secuestro de armas de fuego y de 190 kilos de marihuana.
Urquiza y Jiménez sostuvieron ante el juez José Luis García Troiano que la cantidad de personas involucradas y la multiplicidad de los delitos investigados requería la duplicidad de plazos previstos por el Código Procesal Penal para este tipo de casos. El magistrado coincidió con el criterio de la Fiscalía y dispuso que la audiencia imputativa se concrete este viernes 4 de junio por la tarde en los tribunales santafesinos, en horario a definir por la Oficina de Gestión Judicial.
Hasta el momento se sabe que la investigación comenzó con una intervención de la División de Asuntos Internos, que permitió identificar a una banda, comandada por un policía y su pareja, los cuales, daban las directivas a los miembros de la organización que se encargaban de “rastrear” las viviendas que se encontraban desocupadas y que atravesaban un proceso sucesorio. Una vez tomada la posesión de las propiedades, los integrantes del engranaje criminal se encargaban de confeccionar boletos de compra y venta y luego generar las escrituras.
Tras la ocupación las casas tenían varios fines: ofrecerlas en alquiler, puesta en valor para ponerlas a la venta o destinos con fines delictivos. Es que según revelaron fuentes del caso, la organización habría utilizado los inmuebles que fueron usurpados para la “explotación sexual comercial de mujeres”, como así también para “movilizar estratégicamente cargamentos de estupefacientes y armas de fuego”.
De las detenciones que se concretaron, las que mayormente resaltaron en el ámbito judicial fue la de dos abogados: Víctor Hugo Rosa, quien también es policía, y el penalista Iván Leguiza, que se desempeña como letrado en el fuero penal de Santa Fe.
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El presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Andrés Abramovich, confirmó a Aire Digital que un veedor del colegio estuvo presente al momento de los allanamientos, y que la causa será analizada en la próxima reunión de directorio del Colegio. Luego, se remitirán las actuaciones al tribunal de ética, donde se iniciará el correspondiente proceso.
Una vez que la causa penal tenga resolución se evaluará la situación de los letrados involucrados, ya sea la suspensión o la cancelación de la matrícula. En tanto, debe aguardarse la atribución imputativa y la resolución de las medidas cautelares.
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