Una de las tarjetas halladas en el interior del departamento alquilado por Benavidez.
El fiscal federal Walter Rodríguez resaltó este miércoles que en la causa que investiga la cueva financiera del Puerto de Santa Fe, y por la cual fue detenido el exempleado del Concejo Municipal Yamil “Turco” Benavidez, hubo un perjuicio patrimonial que tuvo como víctimas a 39 personas a las que les robaron sus datos para luego crear cuentas bancarias fantasmas y para así triangular millonarios flujos de dinero.
Mediante un escrito presentado ante el juez Aurelio Cuello Murúa, el funcionario judicial se manifestó en contra de los planteos realizados por la defensa de Benavidez, a cargo del penalista Ignacio Alfonso Garrone, que en la jornada del martes hizo una presentación en el Juzgado en donde, además de pedir la excarcelación de su cliente, señaló que no se encuentra acreditado el perjuicio patrimonial ocasionado por la cueva financiera.
“La posesión y los movimientos en las cuentas no han generado perjuicio alguno en los titulares, en el Banco Santander y en los comercios, debiendo descartarse la aplicación de esta figura”, destacó en su escrito el abogado penalista. Un día después, el fiscal Rodríguez expresó su rechazo.
Es que según el representante del Ministerio Público Fiscal, la defensa no reparó en que se encuentra consolidada una posición doctrinaria que distingue entre el “perjuicio potencial” y el “perjuicio efectivo” como dos variables que permiten acreditar el elemento típico y cuya diferencia reposa en el grado de desarrollo causal de la acción que lo genera.
El fiscal remarcó una serie de cuentas que fueron creadas a nombre de terceros y en las cuales circularon millones de pesos. Por ejemplo, en la de Mauro Elías T., se registraron entre el 9 de febrero de 2022 y el 15 de mayo de 2023 transferencias por $20.624.061,00 y depósitos por $1.106.500,00.
En otra cuenta, la de Sebastián Alexis S., aparecieron entre el 10 de mayo y el 11 de septiembre de este año (un día antes del hallazgo de la cueva) notables movimientos bancarios: transferencias por $14.224.614,00 y depósitos por $278.497,00.
"Deben considerarse las consecuencias tributarias directas que tienen esos registros para las personas físicas titulares de cuentas bancarias y comitentes, que los hace pasibles de un proceso de fiscalización y eventual determinación de deuda por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos", consideró el fiscal Rodríguez en su escrito presentado ante el juez y en donde remarcó que los damnificados podrían haber sido colocados eventualmente en bases de datos como, por ejemplo, el Veraz.
“Las 39 personas a nombre de quienes se aperturaron cuentas bancarias sin su consentimiento y al margen de su posibilidad de control, sufrieron numerosos perjuicios por los cuales corresponde tener por acreditado el elemento típico a su respecto”, agregó.
El reciente escrito fue presentado a un día de que cumpla un mes de la detención de Benavidez y el hallazgo de la cueva financiera que tenía montada en el interior de un departamento del Complejo Amarras Center de la zona del Puerto de Santa Fe.
Bajo su dominio, el cambista de 40 años tenía en su poder $45.251.600; 83.000 dólares; 22.000 euros; y 23.000 reales, una máquina de contar billetes, tres celulares y 39 tarjetas de débito a nombre de terceros por lo que fue detenido y con posterioridad imputado por los delitos de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, falsificación y defraudación.
A lo largo de la investigación se comprobó que las tarjetas de débito estaban a nombre de personas de escasos recursos e instrucción y cuyos datos personales fueron adquiridos, en algunos casos, por medio de un grupo de hombres que a bordo de un automóvil se acercaron a barrios populosos en donde ofrecieron sumas de dinero a cambio de fotos de los DNI de los vecinos.
Por el caso también se encuentran imputados la pareja de Benavidez, identificada como María Laura Miassi y quien hasta el lunes ocupó el cargo de Directora Provincial de Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía de Santa Fe. La misma es investigada por intermediación financiera y lavado.
Además, quedó ligado a la causa Carlos Raúl Quartucci, el socio de Benavidez, ya que ambos comparten el 50% de la firma "Servicios La Resistencia", constituida en noviembre del 2022 y por medio de la cual, creen desde Fiscalía, Benavidez canalizó ingresos provenientes de las actividades ilícitas.
La firma posee domicilio social y fiscal en la calle Vieytes 2050 de la ciudad de Santa Fe. Tanto Benavidez como Quartucci aportaron cada uno la suma de $600.000 en efectivo en concepto de capital social.
Por último, fueron indagados dos presuntos colaboradores de Benavidez, identificados como Raúl Adrián Manonellas y Juan Emilio Gastaldo, los cuales quedaron ligados a la causa por haber aparecido en los chats de uno de los tres teléfonos (iPhone 11) que tenía Benavidez cuando fue detenido en el departamento portuario.
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