El juez penal de primera instancia de tribunales, Jorge Patrizi, condenó esta semana a una mujer policía por haber ayudado a un homicida a eludir una investigación en su contra. Se trata de María Josefina Lourdes Bettique (29), quien generó un acta de procedimientos apócrifa con el objetivo de ayudar a Darío Miguel Bergallo quien fue condenado el 13 de diciembre del 2019 a 22 años de prisión efectiva por un crimen con sello narco ocurrido en avenida Circunvalación.
La reciente resolución impuso una condena de tres años de prisión condicional para Bettique, a quien se la declaró autora penalmente responsable de los delitos de encubrimiento calificado (por ser funcionaria pública y por encubrir delitos particularmente graves) y falsedad ideológica en instrumento público calificada (por ser realizado por funcionario público con abuso de sus funciones)”. Además, se le sumó otra sentencia por “privación ilegal de la libertad por abuso funcional; vejaciones agravadas por causar lesiones graves y por haber proferido amenazas; y falsedad ideológica en instrumento público calificada por ser realizado por funcionario público con abuso de sus funciones”.
El fallo fue luego de un juicio abreviado que acordaron la defensa de la uniformada con los fiscales de Delitos Complejos, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, quienes estuvieron al frente de la investigación.
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Ambos funcionarios explicaron, mediante un parte de prensa del Ministerio Público de la Acusación, que “la mujer condenada abusó de sus funciones y utilizó con fines ilícitos las facultades que tenía por ser funcionaria pública”, subrayaron los fiscales. En tal sentido, agregaron que “aceptó expresamente su culpabilidad en los hechos ilícitos que fueron cometidos en 2016”. “En su carácter de funcionaria policial y actuando como tal, el 15 de noviembre de 2016, Bettique generó un acta de procedimientos apócrifa con el objetivo de ayudar a Darío Miguel Bergallo a eludir una investigación por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio”.
Los representantes del MPA precisaron que “la condenada consignó falsamente en el documento público que a las 13.15 de ese día circulaba por inmediaciones de la calle Fray de Oro al 9.700 en un móvil de la Seccional Séptima junto con otro policía –ver Otro investigado– cuando observaron que Bergallo estaba ebrio”. Los fiscales agregaron que “a raíz de ese supuesto estado de ebriedad, los policías indicaron el hombre fue trasladado a la sede policial por resguardo”.
“Los policías introdujeron la falsedad para brindarle una coartada al homicida”, remarcaron Jiménez y Hernández. “Sin embargo, Bergallo fue condenado en un juicio oral y público a 22 años de prisión como partícipe necesario del homicidio calificado de Carlos Alberto Farías y de la tentativa de homicidio calificado del hermano de la víctima fatal”, resaltaron.
Agresión
“El otro ilícito fue cometido unos meses antes, más precisamente el 23 de abril de 2016”, aclararon los fiscales. “En horas de la noche, junto con otros dos policías, Bettique participó de la privación ilegítima de la libertad a un hombre que estaba en inmediaciones de un boliche bailable ubicado en la intersección de las avenidas Gorriti y Facundo Zuviría”, añadieron.
Jiménez y Hernández relataron que “minutos después subieron a la víctima a un patrullero y lo trasladaron a la sede de la Comisaría número 26, donde lo agredieron físicamente, lo lesionaron, le sustrajeron mil pesos de la billetera y lo amenazaron”.
Por último, los fiscales del MPA concluyeron que “abusando de sus funciones, Bettique y los otros dos policías, insertaron manifestaciones falsas relacionadas con las lesiones que sufrió la víctima, intentando simular un origen distinto y limpiar así su responsabilidad”.
Otro investigado
En el marco del mismo legajo penal, también es investigado un policía de 38 años cuyas iniciales son C.O.G. “Se le atribuyó la autoría de los delitos de falso testimonio y encubrimiento calificado por lo ocurrido el 15 de noviembre”. En este sentido, los fiscales informaron que ya presentaron la acusación correspondiente en la que solicitaron cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por ocho años.
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