Ese nuevo capítulo definirá si el juez sigue o no en la causa contra Bailaque, y si se confirma su permanencia los tres fiscales terminarán de pedir trámites para obtener pruebas, como la apertura del teléfono celular del juez investigado.
Ese es un paso clave, en el que hay varias diferencias internas dentro de los propios investigadores. No es común que el imputado sea un juez del propio fuero federal, que aún está en su cargo.
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Al filo del fin de semana surgió otro dato clave: el Consejo de la Magistratura incluirá en su análisis sobre la conducta de Bailaque las acusaciones y evidencias que se expusieron la semana pasada. Aunque parecía obvia esa medida, es importante ese paso porque en ese organismo se cocina el futuro de Bailaque.
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Los abogados defensores buscaron dilatar la imputación del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque.
El jueves el abogado Paul Krupnik, que está dentro del lote de letrados que ejercen la defensa del extitular de la AFIP Carlos Vaudagna, recusó al juez de garantías al alegar que como participó en el juicio por lavado contra Esteban Alvarado y su expareja Rosa Capuano está condicionado por las pruebas que ya se evaluaron.
Lo que planteó Krupnik es que Rodríguez Da Cruz ya se expidió sobre la prueba al condenar en otra causa con esa evidencia. Es un planteo puramente técnico, que el magistrado este viernes después del mediodía rechazó.
Pero la audiencia de imputación no pudo avanzar hasta que ese planteo sea revisado por la instancia superior. El problema si queda a un costado el juez Rodrígues Da Cruz es quien lo podría reemplazar ante las posibles excusaciones de los colegas de Bailaque.
Lo más jugoso ocurrió el jueves cuando los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari desgranaron las pruebas que tienen para acusar al magistrado de “prevaricato” e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
La batería de evidencias se centraron en tres causas en las que está involucrado el magistrado, que en paralelo está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura por su actuación en la investigación del jefe narco Esteban Alvarado. Es una incógnita qué ocurrirá con el futuro de este juez, si renunciará o seguirá en el cargo al confiar en su defensa, aunque el otro frente de tormenta que tiene en el Consejo de la Magistratura es probable que también se complique.
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Los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari pidieron que se analicen las llamadas entrantes y salientes que hizo Bailaque en el período 2014-2018 y el levantamiento del secreto fiscal del magistrado para verificar si en ese tiempo algunas de sus declaraciones juradas presentadas ante el Consejo de la Magistratura tienen la firma del contador Gabriel Mizzau –la posible conexión entre el juez y las demoras en la instrucción de la causa contra Alvarado de 2013–. También se analizará su crecimiento patrimonial. Esto ocurrirá luego de que se analice el rechazo al planteo de recusación.
Esa es una de las causas que más complican a Bailaque: como reveló Aire de Santa Fe el 11 de junio pasado, el magistrado tenía a Mizzau como contador personal, que a su vez era quien llevaba la contabilidad de las empresas del narco Esteban Alvarado. Como publicó este diario Mizzau había firmado los balances de las empresas Logística Santino y Sangrado Corazón. Este contador, junto al colega Eduardo Semino, fueron imputados. Un detalle que esgrimieron los fiscales es que hasta setiembre pasado, Mizzau siguió manteniendo contactos telefónicos con Rosa Capuano, la expareja y testaferro de Alvarado.
El punto más fuerte es que los balances de las empresas adjudicadas a Alvarado, que llevaban la firma de Mizzau, estaban en los expedientes que instruía el juez. No podía desconocer esta situación. El magistrado no se excusó en este caso, en el que le achacan en el Consejo de la Magistratura haber demorado, por lo menos tres años, en investigar a Alvarado, cuando desde la PSA le enviaron informes sobre la actividad criminal de este narco y le pidieron la intervención de teléfonos que Bailaque en un principio rechazó.
El fiscal general de Rosario, Fernando Arrigo, dejó potentes definiciones al hablar este viernes en Cadena 3 sobre la situación de Bailaque. "No debe seguir siendo juez. Y si se confirman las sospechas, que sea condenado", afirmó el funcionario, que agregó: "El nuevo sistema procesal nos permitirá tener certeza en un corto tiempo". También advirtió que “la lentitud de la justicia federal se relaciona con el aumento de la violencia en Rosario". El fiscal sostuvo además que “no descartaría, y creo que va a ser así, que empiecen a aparecer denunciantes. Es mucho el tiempo en el que sucedió esto. Es la punta del iceberg”.
Otro de casos que surgieron en la imputación es el relacionado a un financista muy conocido de Rosario: Fernando Whpei, que es “amigo” del magistrado. Según los registros de migraciones viajó a Chile con Bailaque al exterior en abril pasado. La relación de este financista va más allá de una simple amistad.
Fernando Whpei y su hermano Guillermo pretendían quedarse con el manejo de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, que estaba intervenida, luego de la causa que se inició contra el histórico cacique que manejaba la estiba de todos los puertos agroexportadores Herme Juárez. Es una caja millonaria.
Los miembros de la cooperativa, por fuera de Vino Caliente, pretendían que se normalizara la compleja situación legal, luego de dos intervenciones. En mayo de 2021 trabajadores de la cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, a cargo de Rubén Pasqualino primero y Daniel Sorrequieta después, había transferido 1.000.000 de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una financiera que pertenecía al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Fernando y Guillermo Wphei, ambos financistas de Rosario, dueños de medios periodísticos y del llamado Museo de la Democracia.
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Así allanaban el despacho del juez Bailaque.
En la recusación, los miembros de la cooperativa de estibadores señalaron que tuvieron una conversación con Fernando Whpei en el Museo de la Democracia en la que les dijo que era amigo del juez Bailaque y que ofrecía tomar el dinero de la cooperativa porque reportaría mejor interés. El dinero había sido transferido al Grupo Unión y al Banco Coinag.
“Fernando Whpei les informó que tenía muy buena relación con el juez Bailaque, jactándose de una estrecha amistad y confianza de muchos años, que habría ofrecido ayudarlos con la normalización de la cooperativa a raíz de su relación con el magistrado y que les iba a facilitar el proceso de regularización de la entidad. Sostuvieron que para lograr ese objetivo Whpei les manifestó que uno de sus abogados sería designado interventor de la cooperativa”, señala la recusación presentada por los estibadores.
Bailaque rechazó la recusación al argumentar que la inversión, es decir el manejo de los fondos por parte de la mutual a cargo de Whpei, decidida por la intervención de la cooperativa, había sido buena y que los fondos estaban protegidos. Pagaban una tasa de interés más alta que los bancos.
La camarista federal Elida Vidal mantuvo el caso en manos de Bailaque, aunque después un fallo de la Cámara Nacional de Casación ordenó, con argumentos lapidarios de Angela Ledesma, revisar el caso. Lo tomó el camarista Fernando Barbará, que consultó a Bailaque si era como decían los estibadores denunciantes amigo personal de Fernando Whpei. El magistrado respondió: "Nunca negué que somos amigos".
Federico Reynares Solari acusó a Bailaque que no expuso su relación con el financista Fernando Whpei cuando era relevante que lo hiciera: en el momento en que los gremialistas denunciaban que precisamente por ese vínculo no podía ser el juez que dispusiera los destinos de fondos millonarios de la cooperativa portuaria. Lo que aparece como trasfondo es que los financistas guionaron la causa para beneficiarse. Y que en esa trama fue clave la relación de “amistad” que tenían con el magistrado.
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Hay otra causa que se sumó a esta investigación, que tiene que ver con un expediente que inició Bailaque a partir de un anónimo contra otro financista Claudio Iglesias. Por este caso fueron allanadas la semana pasada las sedes de AFIP y Aduana. Uno de los apuntados es el ex titular de la AFIP Carlos Andrés Vaudagna.
Este funcionario apareció inesperadamente en 2021 ante los investigadores de una causa por estafa en el fuero provincial contra Vicentin para justificar que eran de él unos 200.000 dólares secuestrados en una caja de seguridad bancaria de un hijo del exdirectivo de agroexportadora Omar Scarell. Se comprobó que para el exdirectivo de Vicentin evitara ser investigado por lavado de dinero intentó generar un falso documento que justificara ese dinero.
Vaudagna reconoció que el dinero encontrado en la caja fuerte de Scarell eran suyos. Un fiscal provincial que estuvo suspendido y terminó por renunciar a su cargo hace cinco meses, Mariano Ríos, le concedió a Vaudagna una probation que consistió en dar clases en un colegio y una multa. El delito que le atribuyó fue el de falsedad ideológica de una escritura.
Al enterarse, el fiscal federal de Reconquista Roberto Salum reclamó la invalidez de esa salida, de la que tomó conocimiento por un medio de prensa el 11 de noviembre de 2021. Se secuestró el teléfono de Vaudagna. Y ese aparato es el que complica a Bailaque.
El fiscal de Procelac investiga si en el pasado Vaudagna actuó en una red de funcionarios públicos, donde estaba Bailaque, para intervenir en situaciones de favorecimientos a fuertes contribuyentes que se encontraban en problemas penales. Y también en sintonía con funcionarios de Aduana. La investigación apunta a que abrieron una causa contra el financista Iglesias con el objetivo de perjudicarlo en su carrera dentro de la compañía de seguros San Cristóbal. “Hay intercambios entre Vaudagna y Bailaque el día de los allanamientos. Después de las indagatorias a Iglesias y Jorge Oneto se dictó la falta de mérito y el trámite quedó planchado a niveles escandalosos”, planteó el fiscal Argibay Molina.
