Una lucha interna entre miembros de la banda de Los Monos, por dinero y falta de lealtad, aparece en la mira de este nuevo baño de sangre que impacta en Rosario, con un caso que rompe todos los límites imaginables: el secuestro y crimen de Lorenzo Altamirano, que —como publicó Aire de Santa Fe el sábado pasado— fue elegido al azar para que el cadáver de este músico y artista callejero sirviera como una especie de envoltorio para generar conmoción y pasar un mensaje interno a la barra de Newell’s, donde Los Monos están en permanente disputa por la hegemonía de las tribunas.
Detrás de esta ola de atentados y crímenes en Rosario, hay una disputa en la que se mezclan dólares y lealtades difusas.
A la par de este homicidio con sello de la mafia, otro fenómeno criminal empezó a preocupar: los ataques a las comisarías. Se produjeron cuatro atentados con bombas molotov y con disparos en siete días. El último ataque a balazos se concretó el lunes a las 22.30, cuando un hombre en bicicleta sacó una pistola 9 mm y disparó contra un auto estacionado y el frente de la seccional, que es de vidrio. Increíblemente, el atacante no fue detenido.
Detrás de esta ola de atentados y crímenes —se produjeron ocho en lo que va de febrero y 24 en enero— hay una disputa en la que se mezclan dólares y lealtades difusas. Los mensajes que fueron encontrados en el pantalón de Altamirano y en la comisaría 26 de Villa Gobernador Gálvez tenían como destinatarios a Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos “Toro” Escobar, quienes manejan la barra de Newell’s y estaban ligados a Ariel Guille Cantero, líder de Los Monos. El texto del mensaje no es relevante, sino los destinatarios. “A Escobar y Vinardi le tiraron un muerto en el estadio un día antes de que Newell’s jugara ante Vélez de local. Apuntó a pudrirles los negocios que maneja la barra”, dijo de manera descarnada un investigador policial.
Estos dos criminales están detenidos en el penal de Ezeiza y habrían contraído una deuda con otro sector de Los Monos, encabezado por Leandro Vilches y Eric Masini, alojados en el penal federal de Rawson. Cuando en este rubro se habla de plata se refiere a su valor en cocaína. El monto oscila de acuerdo a la fuente consultada. Desde el entorno de Guille Cantero hablan de 250.000 dólares. En la Fiscalía de Rosario calculan seis veces más. El dinero es parte de la pelea, pero además tercia otro componente: Escobar y sus allegados hicieron negocios con Fabián Pelozo, hombre que Los Monos sitúan dentro del ecosistema criminal de Alvarado. La lectura que hacen desde el entorno de Guille Cantero es que Alvarado aprovechó la debilidad actual del líder de Los Monos, aislado y sin teléfonos en la cárcel de Marcos Paz, y empezó a “caranchear” la gente que le tributaba a Los Monos para terminar de destruirlo. A la par, Guille Cantero se propuso como una especie de mediador. Envió mensajes a través de sus allegados de que si le dan un teléfono y lo trasladan a un pabellón con otros internos él soluciona el problema en pocas horas.
La batalla narco se libra en las calles de Rosario desde dos penales que están ubicados en la provincia de Buenos Aires y en Chubut traspasó todos los límites: a Altamirano lo mataron para usar su cuerpo de una especie de envoltorio para pasar un mensaje mafioso que se encontró en el pantalón de la víctima. Hasta ahora los enfrentamientos entre grupos narco, como Los Monos y Alvarado, era entre miembros de los clanes. Pero el crimen de Altamirano, ajeno a todo, pone la “guerra” en otro plano, en un territorio hasta ahora desconocido, por la historia reciente que protagonizaron ambos grupos narcos.
Desde que Los Monos instalaron a partir del 31 de mayo de 2018 que cualquier blanco de los balazos era posible los límites comenzaron a resquebrajarse frente a un Estado que no puede prevenir una violencia rústica y simple, que incluyen dos hombres en moto con una pistola y muchas municiones. En esa oportunidad “Guille” Cantero respondió a la decisión de trasladarlo de la cárcel de Piñero a la Unidad Penal Nº7 de Resistencia con atentados contra residencias de jueces y edificios judiciales. Cantero fue condenado a 22 años. Se probó que instigó siete atentados, pero en realidad fueron 14 en solo 90 días.
La respuesta fue condenar a un mafioso, que estará por lo menos 50 años preso, y acumula más de 100 años de sentencia. Por eso, cuando la jueza Hebe Marcogliese le preguntó a qué se dedicaba, Guille dijo con una sonrisa que su oficio era el de “contratar sicarios para tirar a jueces”. La burla era una respuesta que cristalizaba que no le importaba que le sumaran años a su prontuario. Y que podía hacer lo que se le ocurriese para mantener su negocio desde la cárcel. La sonrisa del líder de Los Monos contrastaba con la imagen que dieron las víctimas, los jueces, que declararon con extrema formalidad sin tener contacto con los medios. Esos gestos no fueron en vano.
Esto generó un efecto casi inmediato. Demostró que era sencillo disparar contra un blanco “político”, que cualquier lugar podía ser agujereado con las balas. Había pasado algo similar en 2013 con el atentado a la casa del exgobernador Antonio Bonfatti.
Esteban Alvarado, rival de Cantero, imitó a Los Monos para intentar involucrarlos en hechos intimidatorios que usaban el mismo sello: “Con la mafia no se jode”. También logró levantar la vara. Ordenó disparar contra los tribunales y el Centro de Justicia Penal; le envió la cabeza de un perro ensangrentada en una caja a una funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, que investigaba su incremento patrimonial, a la que también ordenó que dispararan contra su casa en el centro de Rosario.
Los dos capos mafiosos habían demostrado que se podía hacer cualquier cosa. La venganza era política, y atravesaba a todos los partidos que ocuparon el poder. Y dejaban al descubierto que sectores importantes de la policía, como se detalló en la investigación contra Alvarado que terminó con una condena a perpetua, habían construido una dependencia con “los malos”, en el que aparecían como simples empleados. La debilidad de la fuerza se palpaba en ese rol, en el que ahora ni siquiera eran socios.
Desde el entorno de Guille Cantero, afirman que Alvarado aprovechó la debilidad actual del líder de Los Monos, aislado y sin teléfonos en la cárcel de Marcos Paz, y empezó a “caranchear” la gente que le tributaba a Los Monos.
La estrategia de balear tuvo luego un sentido ajustado a un nuevo negocio, como son las extorsiones. El uso de los disparos actúa como un componente primordial para sugerir que no hay límites. “Baleo tu casa y después mato a toda tu familia. Puedo hacer lo que quiero”, es el guion resumido que sale de emprendimientos en manos de presos, generalmente, que mueven —según los investigadores de la Unidad de Balaceras— más que el narcotráfico.
De los blancos políticos, como las residencias de jueces y edificios judiciales, a las balaceras privadas, contra negocios y casas para extorsionar, a los disparos contra comisarías, y los balazos contra Televisión Litoral. No hay nada que marque un límite para que esta situación se detenga.
La visita de los miembros de la Corte Suprema de la Nación en mayo pasado, en medio de un despliegue mediático enorme, no cambió nada. No pasó de una puesta en escena cargada de un fuerte valor simbólico. En los hechos nada cambió. Los engranajes de la justicia federal para enfrentar el narcotráfico y el lavado de dinero tienen la misma precariedad. Las fuerzas federales patrullan por los barrios calientes hasta las 2 de la madrugada. Matan personas en sus narices, como ocurrió la semana pasada en Empalme Graneros. La cantidad de detenidos es alta, pero las causas son débiles. Los juzgados federales están abarrotados de expedientes por tenencia simple de estupefacientes, es decir, los acusados eran adictos pero difícilmente criminales. Por eso, en su paso por el Senado de la Nación el año pasado Aníbal Fernández calculó que se habían instruido más de 1.000 causas por operativos de las fuerzas federales.
En medio de esta ola de violencia, y ante el silencio de las autoridades políticas, desde la justicia de Santa Fe salieron a advertir sobre la gravedad de la situación. Schiappa Pietra, jefe de la Unida de Criminalidad Organizada, consideró que "la estructura policial no da para más".
El fiscal pidió que “no se naturalicen” este tipo de crímenes, como el de Altamirano. Trazó un panorama sombrío sobre las actividades ilegales de la policía, un planteo que coincidió con el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta.
"En la medida contemos estos eventos como uno más, probablemente la escalada de estos hechos violentos no se detenga. Por eso hay que actuar de otra forma y tomar conciencia de por qué nos ocurren, a sabiendas de que lo que hay detrás son mercados ilícitos que se disputan mucho dinero y con estas herramientas", explicó Schiappa Pietra.
En la misma línea, Erbetta pidió no naturalizar los niveles de violencia que se vienen registrando en Rosario. "No podemos tener una provincia sin policía", dijo Erbetta en alusión a la gran cantidad de uniformados condenados por su vinculación a delitos. "Hubo un fenómeno donde se perdió control político hace unos años de la agencia policial. Cuando la policía se autogobierna se descontrola", aseguró.
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