Marcelo Sain, exministro de Seguridad de Santa Fe.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
La defensa del exministro de Seguridad, Marcelo Sain, y del exsecretario de la misma cartera, Germán Montenegro, apeló la resolución que les prohíbe a ambos salir del país. Los exfuncionarios provinciales se encuentran imputados en una causa por espionaje ilegal cuando se encontraban en ejercicio en el ministerio de Seguridad del gobierno provincial.
La audiencia de apelación de la medida se realizó este lunes en la sala 5 de los tribunales santafesinos ante el juez de la Cámara de Apelaciones, Roberto Reyes. Presentes en la sala estaban los abogados querellantes Ignacio Alfonso Garrone y Cecilia Renna, mientras que el resto de los involucrados participaron por videoconferencia: el fiscal Ezequiel Hernández, los querellantes Pablo Cococcioni y Evelyn Andreozzi, el defensor Hernán Martínez y los imputados Sain y Montenegro.
La medida apelada fue dictada por el juez Martín Torres en diciembre de 2022, donde además analizó la evidencia expuesta por la Fiscalía para avalar la existencia de una asociación ilícita comandada por Sain, dedicada a desplegar actividades de investigación sobre personas "por el sólo hecho de sus opiniones políticas, pertenencias partidarias, pertenencia a organizaciones lícitas u otras actividades" sin control judicial.
“La prohibición de salir del país es un exceso y causa perjuicios concretos; ya le pasó a Sain cuando pidió permiso para ir a México invitado por una universidad, y va a seguir recibiendo invitaciones por su tarea académica”, sostuvo Martínez al momento de exponer los motivos por los que apeló la resolución de Torres. El defensor de los imputados cuestionó que la investigación ya lleva tres años y todavía se encuentra en los momentos iniciales.
En este sentido, Martínez remarcó que Sain y Montenegro “respetaron a rajatabla” las medidas cautelares dictadas, y sostuvo que no existe peligro de fuga ni de entorpecer la investigación por el plazo de tiempo que ya ha transcurrido. El defensor de los imputados insistió con que la prohibición de salir del país causa un perjuicio concreto, que Sain ya viajó a México con autorización judicial y volvió en tiempo y forma, y pidió que se revoque la medida.
A su turno, el fiscal Hernández solicitó que la resolución de Torres sea confirmada por encontrarse debidamente fundada y que los argumentos que utilizó la defensa para recurrirla son falsos: el representante del MPA explicó que en el escrito de apelación se cuestionó que Sain estaba siendo castigado por un incumplimiento de Montenegro en la causa por irregularidades en la licitación para la compra de armas para la policía, y que, sin embargo, Sain también había incumplido las medidas.
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Hernández remarcó que “no es cierto que estén cumpliendo con las medidas alternativas a rajatabla” como había manifestado el defensor. En este sentido, el fiscal agregó que Sain había aportado diferentes direcciones en la causa que complicó las notificaciones; agregó que también se le había prohibido tener y portar armas, y sin embargo en marzo se le encontraron armas en su casa. Por esto, entre otros argumentos, solicitó que la medida dictada por el juez Torres sea confirmada.
Luego, el abogado Pablo Cococcioni, que representa como querellante en la causa al gobernador electo Maximiliano Pullaro, valoró que el fallo de Torres avala la estructura de la asociación ilícita y que lo ubica a Sain como jefe de la misma. Cococcioni agregó que a pesar de la prohibición, Sain puede viajar al exterior tramitando una habilitación, como ya lo hizo.
El querellante Alfonso Garrone, que representa a la Delegación Norte de UPCN, también reclamó que la medida dictada por Torres sea confirmada: “Sain posee poder residual, ha habido complacencia de algunos magistrados para otorgarle beneficios”, cuestionó el abogado, y agregó que Sain “utilizaba dinero y recursos del Estado, destruyó documental mientras se hacía el allanamiento y desapareció su teléfono oficial” para remarcar la existencia de riesgos procesales: “el riesgo de fuga es grave”, sostuvo el letrado.
En este punto el abogado defensor Martínez cuestionó que no fue Sain quien destruyó la documental ya que “cuando se hizo ese allanamiento ilegal Sain ya no era ministro de Seguridad y no estaba en el ministerio”.
La última palabra en la audiencia la tuvo Marcelo Sain: “Soy profesor de la Universidad de Quilmes desde 1992, donde me desempeño como docente y como investigador. Aún cuando ejercí cargos públicos mantuve ese cargo; yo vivo de la vida académica y tengo relevancia internacional… recibo invitaciones del exterior y me causa perjuicio no poder viajar. Este proceso ya es una condena para mí”, sostuvo el imputado.
Luego, finalizó ironizando: “Lo admiro mucho al fiscal Hernández, porque el énfasis que pone en sostener las cautelares es inversamente proporcional a la evidencia que tiene la causa”.
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