El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe, Enrique Álvarez, ratificó el fallo que permite al exministro de Seguridad, Marcelo Sain, imputado por hacer espionaje ilegal durante su paso por la gestión provincial, viajar a México para dar una charla sobre crimen organizado.
Sain, el titular de la cartera de Seguridad.
Mediante una resolución judicial (de 8 páginas), el camarista santafesino sostuvo que más allá de los hechos por los que se investigan a Sain (como jefe de una asociación ilícita dedicada a recopilar información de políticos, periodistas, abogados y empresarios) “es muy injusto privar a una persona -independientemente de quien se trate- de seguir con la capacitación o convalidación de su actividad profesional para asistir al evento del cual se trata la salida del país”.
“No se le puede privar al encausado de seguir desarrollando su labor, puesto que estaríamos violando normas constitucionales respecto al trabajo que también se deben merituar”, consideró Álvarez en su fallo.
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La medida judicial dejó firme entonces lo dispuesto por el juez Sebastián Szeifert que en junio pasado hizo lugar al pedido para que el exministro pueda viajar a México para participar de un ciclo de charlas y seminarios sobre violencia y crimen organizado en donde está previsto que presente su libro “Ciudad de pobres corazones: Estado, crimen y violencia narco en Rosario”.
Szeifert dispuso además que, una vez finalizado el encuentro académico y tras el arribo a la Argentina, Sain tenga que presentar un certificado en sede judicial un certificado que acredite que tipo de actividad realizó en el país norteamericano.
La invitación a Sain fue realizada por la Universidad Iberoamericana que tiene previsto costear tanto los pasajes de ida y vuelta como la estadía en el Distrito Federal de México del exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe y extitular del Organismo de Investigaciones.
El exfuncionario se encuentra acusado de haber encabezado una asociación ilícita de carácter “permanente, estable y organizada” y que fue conformada por funcionarios públicos pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y el Organismo de Investigaciones, los cuales tuvieron como objetivo cometer diversos delitos contra la administración pública y personas humanas y jurídicas.
Según indica la imputación, la organización funcionó desde el 30 de diciembre de 2019 (unos días después de quedar al frente de la gestión) hasta el 26 de noviembre de 2021, cuando se desarrollaron los allanamientos en Rosario de la sede del Ministerio de Seguridad.
La causa puso a Sain como el jefe de la asociación ilícita, mientras que por debajo quedaron señaladas la exdirectora de la Agencia de Control Policial (ACP), Nadia Schujman y la exfuncionaria del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini, en su carácter de organizadoras. Por su parte, en la tercera línea y como miembros, fueron puestos Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública), Diego Rodríguez (Exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (Excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública). Todos ellos fueron imputados este martes por la tarde, en una segunda audiencia realizada en la Fiscalía de Delitos Complejos.
Sobre Sain además pesa otra causa en la que fue acusado, también durante su paso por el Ministerio de Seguridad, por presuntamente realizar “negociaciones incompatibles con el cargo en concurso ideal con tentativa de defraudación contra la Administración Pública por administración fraudulenta” en el marco de la compra de un lote de armas para la Policía de Santa Fe.
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