Los abogados que representan a los damnificados de las estafas de Bolsafé Valores solicitarán al fiscal general, Martín Suarez Faisal, que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) intervenga en el juicio que se desarrollará el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. La petición será realizada en una reunión que tendrá lugar el miércoles 28 de julio al mediodía en el despacho del fiscal.
Los letrados querellantes, Carlos Reyna, Leandro Corti y Enrique Müller, habían presentado una nota en la que requerían mantener una reunión con Suarez Faisal, previo al inicio del primer tramo del juicio, para definir criterios de actuación durante el debate.
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La causa
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) repasa el inicio de la investigación, que data del 12 de diciembre de 2012 a partir de una denuncia penal del juez Diego Aldao, quien tramitaba el proceso concursal de la firma Tool Research y comprobó el faltante de títulos de deuda pública que, debiendo estar bajo custodia judicial en poder de Bolsafe Valores, habían sido liquidados en favor de la Obra Social de la Universidad Nacional del Litoral, entidad ajena a la masa de acreedores.
Debido a ese hecho, Rossini fue sometido a un proceso penal y en el marco de esa investigación se presentaron nuevos inversores perjudicados. Incluso la Comisión Nacional de Valores presentó una denuncia penal en el fuero federal por considerar que los hechos imputados no sólo afectaban derechos patrimoniales de ahorristas, sino que comprometían el orden público económico porque Rossini ejercía actividades que el organismo regulador denominó como de oferta pública irregular, hecho caratulado en el Código Penal como delito de intermediación bursátil no autorizada.
Bolsafe Valores SBSA era una sociedad de bolsa controlada por el Mercado de Valores del Litoral S.A., en tanto en ese entonces regía la Ley Nº 17.811 que establecía un régimen de autorregulación y control disciplinario por parte de los mercados respecto de sus intermediarios. En la actualidad, se encuentra vigente la Ley 26.831 del Mercado de Capitales que pone fin a la autorregulación del mercado y fortalece las capacidades de supervisión, fiscalización y sanción de la CNV.
Rol determinante en la investigación
La pretensión de los querellantes para que se le dé lugar a la Procelac en el juicio se basa en el rol determinante que la institución mantuvo durante la investigación, iniciada por denuncias de inversores de Bolsafé Valores al verse despojados de sus ahorros. La causa fue tramitada por el fiscal federal Walter Rodríguez, y la Procelac mantuvo una participación activa y fundamental para poder determinar las maniobras estafatorias desplegadas por Bolsafé Valores, Valfinsa Bursátil, BV Emprendimientos, y -según sostienen los investigadores con pedidos de indagatorias- , el Mercado de Valores del Litoral, y el Banco de Galicia.
Según precisa el Cipce, entre abril y mayo del año 2013, un grupo de damnificados se presentó ante la Procelac y formularon nuevas denuncias contra Rossini, lo que motivó la intervención del fiscal general Carlos Gonella y el fiscal ad hoc a cargo del área de Fraude Económico y Bancario, Pedro Biscay. Ambos funcionarios, junto con el fiscal Walter Rodríguez, sostuvieron en su presentación que la estafa no ha sido resultado sólo del accionar de Rossini sino que, por el contrario, revela “la existencia de una planificación criminal orientada a defraudar el patrimonio de una inmensa e indeterminada cantidad de ahorristas, a partir de una mecánica continuada de captación de activos”, iniciada en 2003. Por ese motivo, es que reclamaron la indagatoria de 49 operadores financieros, involucrando como parte del ilícito al Mercado de Valores del Litoral y al Banco de Galicia.
Entre los damnificados por las maniobras se encuentran desde pequeñas sociedades de fomento hasta víctimas del terrorismo de Estado o sus familiares, que canalizaron en Bolsafe los ahorros o los bonos recibidos en concepto de indemnizaciones con la promesa de Rossini de pagarles un rédito económico a través del “alquiler” de los títulos, operación bursátil prohibida en el mercado local.
Rossini mentía a sus clientes generando desconocimiento en las víctimas que ignoraban que las operaciones de alquiler de títulos ofrecidas por Bolsafe Valores S. A. estaban prohibidas por el mercado, y que BV Emprendimientos no era una sociedad de bolsa autorizada, ni una sucursal, ni una agencia de aquélla, por lo que no se encontraba autorizada a administrar una cartera de clientes bursátiles, sino que tampoco conocían que a partir de la transferencia de sus valores a BV Emprendimientos perdían la titularidad de las especies que eran liquidadas en el mercado mediante la intermediación de Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursátil.
La Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe y la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) imputaron como integrantes de una asociación ilícita a 49 operadores financieros que se apropiaron del dinero de al menos 408 ahorristas, concentrados fundamentalmente en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, a través de la sociedad Bolsafe Valores y la empresa BV Emprendimientos, con la aparente complicidad del Mercado de Valores del Litoral y el Banco de Galicia.
El abogado querellante Leandro Corti recordó a Aire Digital que el dictamen de la Procelac permitió determinar el monto estimado de la estafa en 250 millones de pesos -desactualizado-, además de precisar las tres modalidades estafatorias, las irregularidades que se daban en el mercado de Valores del Litoral por su falta de contralor, y demás situaciones detectada en la investigación, motivos por los cuales solicitarán que la entidad sea parte del juicio. En este sentido, el letrado advirtió que en caso de no contar con el aval del fiscal Suarez Faisal para la intervención de la Procelac “lo vamos a pedir como querellantes directamente al procurador”.
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Los vaivenes de una megacausa
En mayo de 2014 los investigadores solicitaron ante el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe a cargo de Francisco Miño que se convocara a declaración indagatoria al contador Mario Rossini, y a otros 25 empleados, productores y directivos de Bolsafe y BV Emprendimientos, 13 directivos del Mercado de Valores del Litoral y 11 del Banco de Galicia.
El 7 de julio de 2015, la resolución dictada por el juez federal Nº 2, Francisco Miño, alcanzó a Diego Waldemar Van de Velde y Fernando Gabriel Yah Yah, en su carácter de oficial de empresas de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia; Guillermo Juan Pando, en su carácter de oficiales de cumplimiento del Banco Galicia y Galicia Valores ante la Unidad de Información Financiera; Silvio Ariel Gómez, gerente de la sucursal Santa Fe del Banco Galicia SA; Antonio Iturrioz y Favio Meijome, como empleados de Valfinsa Bursátil,y Leonardo Perrotta, oficial de cumplimiento de Valfinsa Bursátil ante la UIF.
A su vez, el magistrado a cargo de la causa, dictó la ampliación del procesamiento para Rossini como presunto autor penalmente responsable del delito de lavado de dinero con fines delictivos y se amplió el embargo a la suma de $30.000.000. En diciembre de 2015, el juez federal N° 2, Francisco Miño, prorrogó la prisión preventiva para el contador Mario Rossini, quien estuvo en prisión preventiva como máximo responsable de dicha estafa millonaria durante cinco años: desde el 13 de diciembre de 2012 hasta que recuperó la libertad en septiembre de 2017.
El 23 de febrero de 2016, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación presentó el dictamen de requerimiento de elevación a juicio en la causa Bolsafé Valores, que investiga la megaestafa en la ciudad de Santa Fe, y así se impulsó el juzgamiento oral y público del contador Mario José Enrique Rossini, sindicado jefe de la organización delictiva, además de otras ocho personas: Omar Santos Francisco Rossini, María Mercedes Leiva, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Miriam Analía Sabella.
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Juicio oral
El juicio comenzó en junio de 2019, pero se vio interrumpido cuando siete de los nueve acusados presentaron una solicitud de juicio a prueba, probation, consistente en donaciones, trabajos benéficos y una reparación económica a los damnificados en base a un porcentaje de su sueldo, sin tener en cuenta el perjuicio ocasionado.
El fiscal general Suarez Faisal avaló estas pretensiones, lo que generó la molestia y la oposición de los querellantes. Finalmente, los jueces no hicieron lugar a las probation, pero esta resolución fue apelada y el debate se vio suspendido.
En 2020 debía reanudarse el juicio, pero ante las restricciones impuestas por la pandemia de Covid- 19 se dio una nueva postergación, y se fijó como fecha de inicio el próximo 4 de agosto en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
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