La firma supo funcionar en un edificio de San Jerónimo y Juan de Garay.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Los abogados querellantes en la causa que investigó la megaestafa de Bolsafé Valores, Carlos Reyna, Leandro Corti y Enrique Müller presentaron una carta al fiscal general Martín Suarez Faisal, de cara al inicio del primer tramo del juicio oral, fijado para el próximo 4 de agosto. La pretensión de los querellantes es reunirse con Suarez Faisal a fin de unificar un criterio de actuación para llevar adelante la acusación durante el juicio.
En la nota a la que tuvo acceso Aire Digital, los letrados detallan que “esta maniobra criminal compleja es una de las que ha tenido mayor relevancia en los últimos tiempos, no sólo en nuestra provincia y región, sino también a nivel nacional, por el grado de sofisticación implementado por los imputados, quienes al valerse de estructuras societarias, bursátiles, bancarias y mercados, despojaron los ahorros de toda la vida a un sinnúmero de personas, provocándoles un enorme perjuicio patrimonial, el que según la estimación efectuada por PROSELAC al mes de agosto de 2016 se estimó en 250 millones de pesos.
Para los querellantes, es “pertinente y oportuno” coordinar acciones, “sin perjuicio de los roles y misiones específicas de querella y fiscalía”. En este sentido, remarcan que los damnificados por las maniobras fraudulentas investigadas “se encuentran embargados por una enorme angustia y preocupación por el devenir de la causa”.
El pedido de los abogados ya fue recibido por el fiscal general, sin embargo aún no fue fijada la fecha para este encuentro cuando restan apenas dos semanas para el inicio del debate.
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La pretensión de los letrados de unificar criterios para llevar adelante el proceso junto con el fiscal general se enmarca en un antecedente preocupante para las intenciones de los querellantes. En julio de 2019, cuando iba a iniciar el debate, siete de los nueve imputados solicitaron evitar el proceso a través de una probation, que fue aceptada por el fiscal general.
Las medidas ofrecidas por los imputados constaban en donaciones, tareas comunitarias y el un reintegro económico en base a un porcentaje de los sueldos, y no del perjuicio real que sufrieron los damnificados. La aceptación de Suarez Faisal de estas propuestas motivó la preocupación de los querellantes, quienes solicitaron que sean rechazados los pedidos de probation.
Finalmente, los jueces del Tribunal Oral Federal no hicieron lugar al pedido de los imputados y dispusieron que la situación se resuelva en juicio oral y público.
En este prime tramo hay un total de nueve personas imputadas que llegan a juicio: Mario Rossini, Omar Santos Francisco Rossini, María Mercedes Leiva, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Miriam Analía Sabella.
Todos están acusados de haber administrado fraudulentamente los bienes confiados en custodia al menos de 408 víctimas, por lo que ocasionaron un perjuicio patrimonial global superior a los 250 millones de pesos por medio de las firmas Bolsafe Valores S.A y BV Emprendimientos, cuyo cabecilla era Mario Rossini. Tales maniobras se dieron durante un periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2003 hasta finales del mes de diciembre del 2012.
También se encuentra acusados (a excepción de Omar Rossini) del delito de la captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil agravada por el uso de medios de difusión masiva.
Por la estafa de Bolsafe, también existe otra causa por lavado de activos en la cual se encuentran procesados un total de cuatro hombres: el propio Mario Rossini; el mandatario bursátil, Antonio Iturrioz; el contador público nacional, Leonardo Perrotta, y Favio Carlos Meijome.
Mientras tanto, el fiscal federal Walter Rodríguez aguarda las indagatorias de doce personas que se desempeñaban en puestos jerárquicos en el Mercado de Valores del Litoral, entidad que debía controlar el funcionamiento de Bolsafé Valores.
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