martes 24 de noviembre de 2020
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Causa "Avioneta": Procesaron a nueve personas por crear una usina de facturas truchas vinculadas a una banda narco

Están acusados de crear Sociedades de Acción Simplificada para generar facturación apócrifa que se vendía en varias provincias. La organización está conectada con Lorena Melgarejo y Claudio Casco, ambos prófugos, acusados de "desaparecer" la droga que traía una aeronave que se accidentó en un camino rural de San Justo.

Nueve meses después de que una avioneta se estrellara en un camino rural de San Justo, y luego de que desapareciera un cargamento de cocaína, y se fugaran los dos principales sospechosos, como Lorena Melgarejo y su pareja Claudio Casco, el juzgado federal Nº2 de Santa Fe procesó a nueve personas, acusadas de montar una usina de facturas truchas que se comercializaban en distintas partes del país. Esta banda está conectada con Melgarejo y Casco, que siguen siendo buscados.

La investigación que encabezó el fiscal Walter Rodríguez avanzó sobre un eslabón económico de la organización que se sospecha que usaba este complejo engranaje de SAS –Sociedades por Acciones Simplificadas, que se crean de forma sencilla y están destinadas a emprendedores– para lavar dinero narco y además vender facturas apócrifas a más de 1.300 contribuyentes.

Esta organización, de acuerdo al fallo de procesamiento, funcionó desde marzo de 2018 y hasta abril del 2020, un lapso en el que conformaron Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), con las que emitieron 8.544 facturas por un monto de 731.485.352 de pesos, que vendieron a 1.381 contribuyentes establecidos en distintas provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Chaco, y Córdoba, entre otras.

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Esta organización estaba conformada por nueve personas que tenían distintas tareas, de acuerdo a la investigación que llevó adelante el fiscal Walter Rodríguez. Por ejemplo, Edgardo Galeano, Gonzalo Rosales, Basilio Ojeda y Silvio Flores estaban encargados de crear estas SAS que utilizaban como plataforma para la emisión de la facturación apócrifa. Carla Miniello, Patricio Casagrande y Juan Armanino serían quienes estaban al frente de “la ejecución material de la emisión de facturas apócrifas”, para lo cual usaban las claves fiscales de las personas físicas y jurídicas obtenidas para esa fin, sin perjuicio de la intervención de terceros.

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La caída de la avioneta narco cerca de San Justo fue la punta que permitió empezar a desenredar el ovillo de esta causa.

La caída de la avioneta narco cerca de San Justo fue la punta que permitió empezar a desenredar el ovillo de esta causa.

“Es posible verificar que existió un plan común constituido por actos perfectamente concatenados para emitir y comercializar facturas apócrifas por medio de la constitución de sociedades sin funcionamiento real y la puesta en marcha de un sistema que sólo puede desarrollarse con el acople de los distintos eslabones asociados a la maniobra ilegal”, señala el fallo.

Luego fueron detenidos dos empresarios -uno de ellos abogado- que participaban de esta asociación ilícita, según la investigación, habrían emitido facturas para vender a otras firmas. Según fuentes de la causa, desde la IP que utilizaban se emitieron 107 comprobantes, por $8.092.488, entre los días 28 y 30 de mayo de 2019.

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Los detenidos son Pascual Cuzzolla y Lisandro Davini, quienes también fueron procesados en esta causa que se inició con la avioneta que se accidentó en San Justo el 22 de febrero pasado, con un cargamento de cocaína que desapareció junto con dos personas que se encuentran prófugas como son Claudio Casco y su pareja Lorena Melgarejo, quienes lideraban la banda que había adquirido en Paraguay el estupefaciente.

En la investigación se detectó que además de narcotráfico esta organización manejaba una sofisticada red de lavado de dinero con epicentro en Rosario, donde se creaban Sociedades Anónimas Simplificadas -una figura jurídica que se creó en 2017, destinada a los emprendedores- para luego vender facturas en varias provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Río Negro, entre otras.

Según fuentes de la causa, estas nuevas detenciones se produjeron luego de los allanamientos que se concretaron en Rosario el 29 de setiembre pasado. Uno de los domicilios allanados fue el de Cuzzola en Magdalena Güemes al 7600 en Rosario, donde se secuestró un celular Samsung Galaxy J7 Neo. Ese teléfono fue clave para el avance de la causa.

Cuzzola está sospechado de emitir los comprobantes apócrifos desde la dirección IP asignada al servicio de internet registrado a nombre de Luciana B., utilizando la clave fiscal de las distintas usinas afectadas a la organización criminal.

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En el peritaje que se hizo al celular de “Lito”, como le dicen a Cuzzola, se encontraron mensajes de Whatsapp con Lisandro Davini, quien sería el que le indicaba y le daba las claves fiscales e instrucciones exactas de los movimientos comerciales aparentes.

Davini, quien es abogado, le enviaba -según las fuentes consultadas- a Cuzzola los “pedidos” de los contribuyentes que buscaban beneficiarse con la creación de los comprobantes apócrifos, dando indicaciones concretas en cuanto a la forma, montos y conceptos a facturar, y desde qué usina debía emitir los documentos.

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Múltiples allanamientos permitieron reunir elementos de interés para la causa.

Múltiples allanamientos permitieron reunir elementos de interés para la causa.

Cuzzola y Davini son socios en la empresa Oroño Materiales, que fue creada en 2011, con domicilio en Filiberto al 9600. Esa firma, de acuerdo al Boletín Oficial, se dedica a la “compra y venta al por mayor de materiales de construcción”. Ambos también figuran en otra empresa que se llama Integral Resources SRL, domiciliada en Pje. Público 1658 N° 7618 de Rosario, que se habrían desprendido hace unos años.

Esta organización movía mucho dinero a través de la venta de facturas. Según fuentes judiciales consultadas por Aire de Santa Fe, este fenómeno delictivo se produjo desde marzo de 2018 hasta abril de 2020. Se habrían creado a través de distintas sociedades 8.544 facturas por un total aproximado de 731.485.352 pesos. Esta matriz delictiva habría sido aprovechada por 1.381 contribuyentes que viven en varias provincias, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se radicaban las empresas truchas, y Mendoza, Corrientes, Chaco, Santa Fe, entre otras.

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A partir del hallazgo de la avioneta el fiscal Rodríguez empezó a investigar datos financieros y económicos en torno a estas personas. Estas medidas arrojaron como resultado que se identificó una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), constituida por Melgarejo y Casco. Pero esto era sólo el principio.

La mujer a su vez integró junto a otras personas dos SAS. Se detectó además que sus socios formaban parte de un conglomerado empresario del mismo tipo que presentaba características similares y entrelazadas por medio de la adquisición de facturas apócrifas. A partir de allí se empezó a tirar de la piola. Y apareció una madeja de grandes dimensiones.

Las SAS, esta nueva herramienta jurídica que se creó en 2017 y fue una especie de emblema del expresidente Mauricio Macri, fueron pensadas para el universo de los emprendedores. Pero le sirvieron como sostén legal a esta banda. De una forma rápida y con escasos controles esta organización creó decenas de sociedades a muy bajo costo.

En la investigación afloró que las SAS que se armaban con una computadora común y corriente tenían sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Usaban claves fiscales de personas físicas que no tienen capacidad económica alguna. Otro rasgo que llamó la atención es que estas personas tienen domicilio en “zonas de elevados índices de violencia”. Incluso, en algunos de estas casas se vendía droga o funcionaban como búnkeres, ligados a Los Monos.

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