Marcelo Sain, exministro de Seguridad y exdirector del Organismo de Investigaciones.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Los fiscales que investigan al exministro Marcelo Sain por supuestas tareas de espionaje ilegal durante su gestión en Seguridad revelaron, en una audiencia que tuvo lugar en tribunales el último viernes, parte de los elementos recabados hasta el momento en la causa.
Los datos fueron dados a conocer el marco de la audiencia en la que finalmente el diputado Maximiliano Pullaro -exministro de Seguridad también- fue aceptado como querellante. Allí, los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández indicaron que entre enero de 2020 y el 26 de noviembre de 2021 -cuando se allanó el Ministerio de Seguridad- se realizaron más de 25 mil consultas sobre políticos, empresarios o periodistas en las bases de datos Nosis y Sudamericadata, de las cuales se adquieren informes de antecedentes comerciales, situación patrimonial y datos personales -entre otros- de cualquier persona física o jurídica.
Según dijeron los fiscales en la audiencia, se detectaron que en la base de datos Nosis (utilizada por organismos oficiales mayormente, sea judiciales o del Poder Ejecutivo) se hicieron 8.619 consultas; mientras que Sudamericadata registró 17.147 búsquedas. No obstante, aclararon que se realizaron otras consultas a organismos públicos el Registro de la Propiedad del Automotor, Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio de Salud y Empresa Provincial de la Energía.
Si bien hasta el momento el número de supuestas víctimas o damnificados llegaría a 661 -según información que trascendió del caso-, los fiscales no descartan que puedan haber más “perfiles” o “dossier”.
Durante la audiencia de este viernes, los fiscales aseguraron que cuentan con elementos como para sospechar que Pullaro fue víctima de espionaje por parte de Sain y su grupo de colaboradores. Por ejemplo, explicaron que se realizaron consultas a la Dirección Nacional de Migraciones para determinar si el legislador provincial había salido del país en febrero del 2020. Tal maniobra, según indicaron Jiménez y Hernández, fue sin ninguna medida judicial de por medio.
Además, los funcionarios del MPA indicaron que a partir de peritajes a teléfonos secuestrados se estableció que una funcionaria del gabinete de Sain fue quien se encargó filtrar a los medios los audios de la causa federal de Rosario donde el exjefe de drogas, Alejandro Druetta, (condenado a 10 años de cárcel por integrar una banda narco del sur provincial) mantuvo conversaciones con Maximiliano Pullaro cuando este era ministro de Seguridad.
Los fiscales afirmaron que la investigación recolectó también testimonios que hablan de un interés particular de Sain por encontrar "algo" que pudiera perjudicar a Pullaro. Inclusive, establecer quien era el entorno afectivo del exministro del radicalismo provincial.
Si bien pasaron más de tres meses desde los allanamientos y hasta el momento los fiscales no dijeron cuál sería la imputación precisa contra cada una de las diez personas identificadas en la causa, el caso investiga la infracción a la Ley Nacional de Inteligencia (Ley 25.520) que en su artículo 4 contempla una serie de prohibiciones.
Por ejemplo, en su inciso 1, sostiene que ningún organismo de inteligencia podrá “realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley”.
Mientras que en el inciso 2, indica que tampoco se podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
La sanción, para este tipo de acciones, prevé una pena de 3 años y hasta 10 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
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