La justicia de Santa Fe reprogramó el inicio del juicio en el denominado “Caso M” para el próximo 12 de junio. Es la segunda reprogramación que se da, luego de haberse fijado como fecha de inicio el 8 de mayo.
El juicio se realizará en los tribunales santafesinos
Maiquel Torcatt / Aire Digital El transportista Jorge Pereyra se encuentra acusado por el abuso sexual de su sobrina, quien lo denunció en 2020. La joven es querellante en la causa con representación de la abogada Carolina Walker Torres, y la acusación es llevada a cabo por el fiscal Roberto Olcese, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual.
Pereyra se encuentra en prisión preventiva desde julio de 2021 y cuenta con la representación de los abogados defensores particulares Diego Lorefice y Cintia Duarte. El tribunal asignado para el juicio está conformado por los jueces Cecilia Labanca, Martín Torres y José Luis García Troiano.
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Reprogramación
En agosto de 2022 la Oficina de Gestión Judicial informó que el juicio a Pereyra comenzaría el 8 de mayo de 2023, casi un año después. Luego, la fecha fue corrida una semana, para el 15 de mayo. Como la abogada querellante tenía fijado un juicio en Melincué para el 16 de mayo, solicitó modificar la fecha. Así se estableció que el debate comience entonces el 12 de junio.
Pereyra llega a juicio detenido en prisión preventiva, acusado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravado por la guarda, y enfrenta una posible condena a 20 años de prisión, pedida por la Fiscalía y por la querella.
El cronograma dado a conocer por la Oficina de Gestión Judicial establece que el debate comenzará el 12 de junio a las 8:30, con los alegatos de apertura de las partes, y el inicio de la producción de la prueba.
La ronda de testimonios continuará los días 13 y 14 de junio, y está previsto que los alegatos de clausura se realicen el 15 de junio. Finalmente, la sentencia se conocerá el 21 de junio.
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La clave del debate
Ya en 2009, M. le había revelado a su familia lo que su tío había hecho con ella durante tantos años mientras era menor de edad. En aquel momento, su abuela -suegra del acusado- le dijo que le creía pero le pidió que espere "a que ella ya no esté" para denunciarlo. En 2020, un mes después del fallecimiento de su abuela, M. radicó la denuncia. El acusado fue detenido el 5 de julio de 2021 y desde entonces permanece en prisión preventiva. Tras el arresto, M contó su historia en una entrevista con AIRE.
Uno de los puntos claves que se discutirán en el juicio es cuándo cesaron los abusos. Según la acusación, fue en el 2009, cuando la denunciante tenía 17 años. Sin embargo, los defensores sostienen que los abusos cesaron un año antes, en 2008, y que para 2009 ya no había vínculos entre las familias por lo que no podría haber sido agredida en reuniones familiares como sostiene la acusación. Por lo tanto, según la postura de la Defensa, antes de que la víctima radicara la denuncia en 2020, ya se habían cumplido los 12 años de plazo de prescripción que establecía el Código Penal ya que al momento de producirse los abusos no regía la ley que suspendía los plazos mientras la víctima es menor de edad.
Esta divergencia se debe a que en la primera denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer la joven había indicado que su tío abusó de ella hasta los 16 años. Luego, en una declaración realizada en el MPA, aclaró que la abusó hasta que cumplió 17, en encuentros y reuniones familiares. Para cuestionar esto, en la audiencia preliminar los abogados defensores aportaron declaraciones brindadas por allegados a la familia de la denunciante, quienes expresaban que en el año 2009 ya no había relación entre las familias ni se daban encuentros familiares.
La Fiscalía y la Querella insistieron con que esa discusión debía ser zanjada en el juicio para arribar a un grado de certeza, y que no se pueden tomar como verdaderos los testimonios aportados por los defensores porque la acusación cuenta con testigos que sostienen otra versión. Además, sostuvieron que la causa no se encuentra prescripta porque los abusos sucedieron hasta el 2009.
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