El juez de la Cámara de Apelaciones Enrique Álvarez presidió esta mañana la audiencia de apelación a la resolución que impuso la prisión preventiva para Javier Eduardo Sen, el hombre imputado por el femicidio de Daniela Cejas.
El crimen ocurrió en el interior de la Asociación Civil en enero de este año.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital La medida cautelar fue impuesta por el juez Sergio Carraro el 16 de febrero pasado, donde además el magistrado avaló la calificación legal de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.
La defensa del imputado, en ese entonces a cargo de Gisela Alemandri del SPDP apeló la resolución de Carraro para que sea revisada por el órgano de segunda instancia. El imputado recurrió a un abogado particular, Sebastián Oroño, quien sostuvo el recurso de apelación presentado.
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“Indicios, no evidencias”
En la audiencia desarrollada esta mañana por videoconferencia, el abogado defensor sostuvo que la imputación de la fiscal Ana Laura Gioria, y por consiguiente la resolución de Carraro fue realizada en base a “meros indicios que pueden orientar la investigación”, pero que no son suficientes para sostener la probable autoría de Sen en el crimen de Cejas.
Oroño repasó por ejemplo el testimonio de un vecino que dio cuenta del arribo de Daniela a la sede de la ONG, el sábado 18 de enero por la noche, y que la estaba esperando un hombre que habitualmente se encontraba con ella. Para Oroño, el hecho de que el testimonio no haya sido sustentado con una rueda de reconocimiento pone en duda que sea Sen quien fue visto por el vecino ese día.
Para el defensor tampoco se pudo dar cuenta de un motivo por el que Sen hubiera atacado a Daniela. “Al contrario, los mensajes dan cuenta de una relación afectiva entre ellos, y que él la acompañaba en su etapa de separación”, interpretó Oroño.
En cuanto al agravante de femicidio, el letrado sostuvo que “si se sostiene que fue Sen el autor del ataque, no se pudo demostrar que haya actuado con aversión al género. No existe el elemento que requiere el tipo penal de femicidio”.
Por último, Oroño remarcó que a entender de la defensa no existen riesgos procesales que ameriten mantener la detención de Sen. El hombre fue notificado de sus derechos como imputado a los pocos días del crimen de Daniela, el 23 de enero. “Desde entonces no tomó ninguna actitud de fuga o entorpecimiento, aún sabiendo que era sospechoso” expresó el defensor.
Para Oroño, la comunicación que mantuvo con la hija de Daniela a los pocos días, no puede considerarse entorpecimiento ya que en ningún momento la amenazó o intentó amedrentarla.
Por último, el defensor sostuvo que la prisión preventiva fue impuesta a Sen “más por el impacto social de la causa que por los elementos que obran en la investigación.
“Intentó distorsionar la realidad”
A su turno, el fiscal Jorge Nessier solicitó que la resolución de Carraro sea confirmada en su totalidad. Nessier remarcó que los indicios son “inequívocos, múltiples, coincidentes y concordantes”, y que el requerimiento en esta instancia del proceso es poder sostener una presunción de responsabilidad.
El fiscal remarcó que la Fiscalía aguardó contar con el resultado final de autopsia para solicitar la detención de Sen, “lo que demuestra la prudencia con la que se actuó”. En este sentido recordó que los trascendidos desde un primer momento intentaron vincular al esposo de Daniela como posible autor del hecho, y que esa sospecha pudo ser descartada.
A continuación Nessier repasó las actitudes adoptadas por Sen a las pocas horas del crimen de Daniela: comunicaciones con allegados dando cuenta que hacía tiempo no tenía comunicación con Daniela, y por otra parte confirmando que iban a mudarse juntos; mensajes en los que alegaba desconocer dónde quedaba la sede de la ONG, su presencia en las marchas en reclamo de justicia, cuando sabía que era sospechoso, y especialmente, el haber eliminado todas las comunicaciones con Daniela de su teléfono celular. “No es sospecha que pueda entorpecer la investigación, ya lo hizo”, remarcó el fiscal, quien sostuvo que en todo momento el imputado “intentó distorsionar la realidad y desviar la atención”.
En cuanto a la calificación legal de femicidio, Nessier sostuvo que era evidente un desacuerdo de Daniela y Sen sobre la relación entre ellos: “El quiere llevar las cosas a otro nivel y yo no tengo ganas”, precisó Cejas en uno de los mensajes aportados por una amiga de la víctima.
En este sentido el fiscal repasó el testimonio aportado por una amiga que estuvo esa tarde con Daniela en un velorio, y expresó que la notó nerviosa y atenta al celular; e insistió que el vecino que vio llegar a Daniela a la sede dijo que el hombre que la estaba esperando iba todos los sábados a encontrarse con ella, y quien se encontraba todos los sábados con Daniela en la sede de la ONG, según aportaron varios allegados, era Javier Sen.
El caso
Daniela Cejas era vicepresidenta de la ONG Generar, asociación civil que lucha contra la violencia de género. El domingo 19 de enero su esposo la encontró sin vida en el piso de la sede ubicada en 4 de Enero al 6600. No sabía nada de ella desde la tarde del sábado y decidió salir a recorrer los lugares donde habitualmente recurría Daniela.
Durante los primeros momentos de la investigación no se tuvieron precisiones sobre cómo se había ocasionado el deceso de Daniela, si bien presentaba en su cuerpo signos evidentes de violencia, y si había sospechosos en la causa.
Antes de cumplirse un mes de la muerte, la fiscal Ana Laura Gioria ordenó la detención de Javier Eduardo Sen, un hombre allegado a la institución, y que mantenía un vínculo íntimo con la víctima. Se supo entonces que Sen era sospechoso desde los primeros días de investigación, y que incluso había sido notificado de sus derechos como imputado el 23 de enero, apenas cuatro días después que Daniela fue encontrada asesinada. ¿Por qué no se lo detuvo antes? Porque faltaba saber cómo había sido asesinada Daniela, para poder concretar la imputación. Una vez que la Fiscalía recibió el informe de autopsia, se pudo atribuir el ataque a Javier Sen, y contar con elementos suficientes para que permanezca detenido y vinculado a la causa.
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