El juez de la Cámara de Apelaciones, Jorge Andrés, deberá definir si confirma la prescripción de la causa que investiga el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe, tras la apelación presentada por la Fiscalía. Mariela Jiménez y Jorge Nessier representaron al MPA en la audiencia de apelación, en el marco de la investigación de maniobras ilícitas por al menos 500 millones de dólares.
Los fiscales sostuvieron que la investigación estuvo estancada durante 20 años y llegó al MPA en 2019
En agosto el juez de la Investigación Penal Preparatoria Pablo Busaniche había resuelto que se encontraba prescripta la acción penal atento al “plazo razonable” transcurrido, ante un planteo presentado por los abogados defensores Néstor Oroño, Leandro Corti y Rubén Kilibarda. Esta resolución declaró extinguida la acción penal respecto de todos los hechos denunciados en 1990 por integrantes de la Comisión Gremial de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe.
En la audiencia de apelación ante el juez Andrés, los tres abogados defensores de las 10 personas investigadas que fueron integrantes del directorio del Banco Provincial entre 1983 y 1990, solicitaron que se confirme la resolución cuestionada.
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Al menos 500 millones de dólares
En la audiencia, los fiscales sostuvieron que “en primera instancia no se consideraron diversas cuestiones de gravedad institucional y que, en caso de que se hubieran tenido en cuenta –y más allá de los 30 años transcurridos–, no se hubiera declarado prescripta la acción penal”. El fundamento de esto es que “se trata de la investigación en la que se intenta demostrar la responsabilidad de los sospechados, en lo que implicó el vaciamiento de la entidad bancaria más importante de la provincia de Santa Fe y que provocó un perjuicio económico al Estado santafesino estimado inicialmente en no menos en 500 millones de dólares”.
Los fiscales puntualizaron que “existen sobrados motivos para considerar que los actos de corrupción que se investigan, sus incidencias en enriquecimientos patrimoniales y la incalculable afectación de las arcas del Estado provincial hacen viable su consideración como ‘delito constitucional’ y, por ende, imprescriptible tal como lo establece el artículo 36 de la Constitución Nacional”. Asimismo, refirieron a la existencia de antecedentes jurisprudenciales en otras grandes estafas cometidas contra el Estado, como el caso IBM-Banco Nación.
En la audiencia, Jiménez y Nessier plantearon que “la pérdida de la capacidad financiera de la entidad fue seguida por su privatización, tras lo cual dejó de ser la herramienta financiera de nuestra provincia”. Y añadieron que, “como es sabido, su quiebra y posterior paso a manos privadas generó también una grave afectación a la historia laboral de muchos trabajadores, que se vieron obligados a permanecer en una entidad –ahora mixta– con otras condiciones laborales, o que tuvieron que migrar hacia otras áreas del Estado y perdieron sus antecedentes y trayectoria”.
Los fiscales enumeraron los medios a través de los cuales se habría provocado el vaciamiento, que se centraron en tres ejes: las contrataciones espurias y simuladas; los créditos irregulares e incobrables y el traspaso ilegítimo de fondos a la Provincia de Santa Fe. En ese sentido, informaron que “son más de 200 las entidades, grupos económicos y personas que se vieron beneficiadas con el otorgamiento de créditos millonarios que nunca fueron recuperados por el Banco”.
Funcionario público
Nessier y Jiménez también subrayaron en la audiencia que la investigación tuvo idas y vueltas entre la justicia federal y la provincial, y estuvo estancada casi 20 años. En este sentido, specificaron que durante 14 años, la causa estuvo en un juzgado provincial y otros 5 años más en la secretaría de un juzgado federal, "y en ninguno de los dos casos se adoptó medida alguna”.
Asimismo, refirieron al informe elaborado en 2013 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de la Nación. “En ese documento se afirma que el derrotero errático del legajo no fue más que una estrategia para eludir la investigación y dispendiar actividades jurisdiccionales a lo largo del tiempo con miras a lograr la finalización de la causa por prescripción”, destacaron.
Los fiscales especificaron que recién en abril de 2019 se remitió el expediente al MPA, y se inició la investigación penal preparatoria en la que se está trabajando. Por otra parte, los funcionarios del MPA argumentaron que, “en tanto uno de los involucrados reviste el carácter de funcionario público, estamos ante una circunstancia que suspende el curso de la prescripción”.
Cuestión ya resuelta
Los fiscales hicieron hincapié en que existen diversos factores por los cuales la acción penal no está extinguida: “en este mismo proceso y ante planteos formulados por los abogados defensores, la Cámara Federal de Rosario ya señaló que no existe ningún obstáculo para seguir la investigación”.
En tal sentido, los fiscales del MPA remarcaron que, “al desarrollar nuestros argumentos, recordamos que la decisión tomada en los tribunales provinciales de primera instancia que declara la prescripción, en realidad, implica volver a expedirse sobre una cuestión ya tratada y resuelta e impide averiguar qué fue lo que realmente ocurrió”.
Querellantes
De acuerdo con lo informado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), lunes y martes se llevarán a cabo las audiencias en las que se tratarán dos pedidos de constitución de querellantes. Uno fue realizado por la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Fe, y otro por la Asociación Bancaria Argentina.
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