Una abogada de Santo Tomé firmó una probation por amenazas calificadas reiteradas: deberá cumplir una serie de normas de conducta durante dos años para que la causa termine con su sobreseimiento.
La mujer realizaba las amenazas desde los teléfonos de su padre y de su abuela
Una acosadora serial de Santo Tomé hizo 1.700 llamadas anónimas a un empresario de Santa Fe entre enero y mayo de 2022, en cualquier momento del día, desde un número privado. Algunos días realizaba una sola llamada, otros días, más de 100, llegando un día a contactar 426 veces a Leandro Gaitán, una de las víctimas de estas amenazas.
Cuando Gaitán decidió denunciar, la mujer comenzó a hostigar también de manera anónima a la abogada que patrocinaba a la víctima, a través de mensajes y correos electrónicos. Paradójicamente, esta nueva víctima era colega y amiga suya.
La mujer fue imputada en septiembre de 2023 y la causa se cerró esta semana a través de una suspensión de juicio a prueba, conocida como probation: es decir que, si la imputada cumple con los términos del acuerdo y no vuelve a cometer un nuevo delito por dos años, se dicta el sobreseimiento.
La probation lleva la firma de la fiscal del MPA María Lucila Nuzzo, de la imputada María Sol F., de sus abogados defensores Clara Vázquez e Ignacio Alfonso Garrone y de las dos víctimas de los hechos: Gaitán y la abogada, que quiere mantener en reserva su identidad.
El escrito precisa los hechos atribuidos a la imputada, quien realizó entre el 14 de enero de 2022 y el 19 de mayo del 2022, al menos un total de 1700 llamadas anónimas al teléfono personal de Gaitán, diciéndole en una oportunidad una voz masculina, modificada “Te vamos a reventar” y en las restantes, manteniéndose en línea guardando silencio pero oyéndose el sonido de la respiración, y que marcaban números.
El hombre se sintió amedrentado por las llamadas, debido a la modalidad, insistencia, duración y cantidad de llamadas, que se desarrollaban durante todo el día incluso durante la madrugada; la víctima comenzó a vivir con miedo permanente y debió iniciar un tratamiento psicológico y médico por las consecuencias del estrés, además de generarle perjuicios comerciales – empresariales y personales.
Los informes periciales permitieron determinar que algunas de esas llamadas fueron realizadas desde la línea telefónica de la abuela de la imputada y otras desde el teléfono de su padre.
En cuanto a las amenazas proferidas a la abogada del empresario una vez que este decidió denunciar, le envió un mensaje a la profesional diciéndole que habían presentado una denuncia falaz y que “se metieron con las personas equivocadas. Todo vuelve. Mili denunciada por injuria y Sol por Amenaza. Quiero ver que hacen cuando vean que mentir en la denuncia los perjudicó a ustedes. Chau. Se metieron con alguien más viva que ustedes. Les va a salir el tiro por la culata y voy a disfrutar el momento. (...) Vos los vas a defender a los chicos cuando los demande por injurias y calumnias y eso? Y con sol como vas a hacer si capaz alguien usa el número de ella?”.
La imputada, amiga de la profesional que representaba al empresario, le refirió además que ella también había recibido mensajes intimidatorios, y señaló como autora de las amenazas a una expareja de Gaitán.
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Finalmente, en mayo de 2022, F., valiéndose de información obtenida de un vínculo personal que mantenía con un empleado del MPA, y simulando ser víctima de un delito, le solicitó información, para luego utilizarla enviando varios mails desde un remitente desconocido, a Gaitán, a su abogada y a su propio correo personal, con el asunto “IMPORTANTE” con una captura de pantalla del sistema informático del MPA donde constan datos de la denuncia; esta maniobra tenía como fin amedrentar a Gaitán para que no continúe con la denuncia, y a la abogada para que no asuma su representación.
Los hechos fueron calificados como amenazas reiteradas calificadas por ser anónimas, en perjuicio de Gaitán; amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, en perjuicio de la abogada, y amenazas coactivas reiteradas, en perjuicio de ambos.
Los alcances del acuerdo, que fue avalado por el juez penal Octavio Silva, comprenden una serie de cuestiones que F. deberá realizar y algunas de ellas mantener durante dos años, para que la causa se cierre con el dictado de su sobreseimiento.
Respecto a las amenazas proferidas a la abogada, la víctima solicitó que F. realice una reparación económica de $600.000 en dinero en efectivo hacia la entidad publica ANIMALES EN ADOPCION SF; una medida de distancia a una distancia no inferior a los 200 metros respecto a la víctima y un impedimento de contacto absoluto y por cualquier medio.
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Respecto a la víctima Gaitán, la mujer deberá realizar una reparación económica cuyo monto no trascendió y enviarle una carta de disculpas; medida de distancia a una distancia no inferior a los 200 metros respecto a la víctima y un impedimento de contacto absoluto y por cualquier medio telefónico, redes sociales, terceras personas, etc; y la realización de tareas comunitarias en alguna institución de bien público de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón, Monte Vera con una frecuencia semanal de dos horas por el término de dos años.-
En cuanto a las reglas de conducta, deberá fijar domicilio con aviso a la Oficina de Gestión Judicial y al Ministerio Público de la Acusación de cualquier modificación del mismo; someterse al control de la Dirección de Asistencia y Control Post Penitenciario; abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes y de portar armas de fuego.
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