Agentes del Organismo de Investigaciones (OI), dependiente del Ministerio Público de la Acusación, allanaron esta semana los domicilios de la hija y la viuda del empresario Hugo Oldani, muerto el 11 de febrero tras un asalto en su local –Oldani Turismo Srl- de la galería Rivadavia cuyo crimen cuenta con cuatro personas detenidas con prisión preventiva.
Los allanamientos se dieron entre el lunes y el martes y fueron autorizados por los magistrados del Colegio de Jueces Penales de Santa Fe, Gustavo Urdiales y José Luis García Troiano, en el marco de la causa que impulsan por lavado de activos (entre otros delitos) las fiscales del área de Delitos Complejos, Mariela Jiménez y Laura Urquiza.
El Organismo de Investigaciones desplegó en total siete allanamientos de los cuales uno tuvo lugar en el barrio Candioti Sur, en el estudio jurídico que pertenece al yerno de Oldani, sobre quien las fiscales también pusieron la lupa.
Como resultado de los procedimientos, los investigadores del caso secuestraron documentos relevantes para la pesquisa y también computadores y celulares que fueron luego remitidos a peritajes informáticos.
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Fuentes judiciales indicaron a Aire Digital que la investigación apunta al delito de “lavado de activos”, que, si bien se tramita por lo general en el fuero federal, existen fallos y resoluciones que pueden respaldar la intervención de la Justicia provincial.
La pesquisa que conducen Jiménez y Urquiza también indaga lo sucedido en torno al levantamiento de la custodia de la escena del crimen de Oldani, ya que se sospecha que del local desapareció una voluminosa cantidad de dinero -pesos y dólares- que había sido advertida por peritos de la Agencia de Investigación Criminal horas después del ataque a Oldani.
Justamente por la desaparición de ese dinero, la Justicia provincial inició de oficio una investigación por los delitos de “lavado de activos” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, entre otros.
En sintonía con ello, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, radicó el 1 de junio pasado una denuncia en la Fiscalía Federal N°2 –a cargo de Walter Rodríguez– para que se investigue también la “sustracción de medios de prueba”, “lavado de activos” e “infracción a la ley penal cambiaria” vinculados al a firma que manejaba el fallecido Oldani. No obstante, también puso el acento en torno a la labor policial que tenía que llevar a cabo la custodia de la escena del crimen.
Esa denuncia motivó en su momento que la fiscal Jiménez presente un pedido para que la Justicia federal se inhibiera de actuar en el caso mediante un escrito presentado ante Urdiales. Sin embargo, aquella solicitud no prosperó ya que el magistrado de primera instancia no hizo lugar al planteo de la funcionaria judicial.
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