En la causa hay cuatro personas imputadas: los entrenadores Sales Rubio, las hermanas Arteriza y la madre de ellas, Reina.
La causa que investiga una serie de abusos sexuales cometidos en el marco de entrenamientos de triatlón en San José del Rincón comenzó a transitar la etapa de definiciones para llegar al juicio. El juez Pablo Spekuljak dispuso la prórroga de la prisión preventiva de dos de los imputados, Walter Sales Rubio y Sheila Arteriza, por diez meses más.
La prórroga fue solicitada por la Fiscalía, representada en esta audiencia por la fiscal Luciana Escobar Cello, y por los abogados querellantes Juan José Patiño, José Luis De Iriondo y Matías Pautasso. Antes, el abogado defensor de Arteriza, Ignacio Alfonso Garrone, había solicitado la excarcelación de la mujer en base a dos informes psicológicos que daban cuenta sobre la posibilidad de que la imputada hubiera actuado “condicionada”.
Por su parte, el abogado defensor de Sales Rubio, Juan Bautista Fossa, solicitó que en caso de prorrogarse la prisión preventiva sea por seis meses. Sales Rubio declaró, enumeró una serie de cuestiones de salud que padece y cuestionó a las víctimas que lo denunciaron.
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En primer momento, Alfonso Garrone hizo alusión a dos informes psicológicos, uno realizado por profesionales de la AIC en base a una carta escrita por Arteriza en la que contaba su historia personal con Sales Rubio, y otro por pedido de la defensa.
El defensor repasó que la imputada conoció a Sales Rubio cuando tenía 4 años, que a los 6 comenzó a entrenar con él y que a los 8 empezó a ser abusada sexualmente. Cuando cumplió 15 años comenzó una relación de pareja. Ese vínculo estaba signado por violencia psicológica y física, y cuando Arteriza tenía 22 años comenzó a involucrarla en los abusos sexuales a los menores. “A los chicos les decía ‘aprovechá que ahí la tenés’ como si yo fuera un pedazo de carne” parafraseó el defensor.
El resultado del informe psicológico realizado por la profesional de la Agencia de Investigación Criminal precisó que Arteriza presenta un estado de perturbación emocional y daño psíquico, con un trastorno de personalidad por dependencia. En tanto, el otro informe precisó que la imputada carece de recursos simbólicos y psíquicos, y que presenta una estructura psíquica endeble. Para el defensor Alfonso Garrone, estos elementos sobrevinientes en la causa cambian la apariencia de responsabilidad de Arteriza en los hechos imputados, y solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva.
A su turno, la Fiscalía respondió que los informes aportados por el defensor no precisan que Arteriza pudiera no comprender la criminalidad de los actos, y más aún cuando en algunos casos se negaba a participar. Escobar Cello remarcó que además siguen vigentes los riesgos procesales y que se encuentra cercana la presentación de la acusación. Los querellantes adhirieron a lo manifestado por la Fiscalía y agregaron que los informes presentados no son suficientes para exculpar a Arteriza, y que faltan más elementos para conocer qué pasó en los hechos.
Al momento de resolver, el juez comenzó con una pregunta: “hasta qué punto las personas se encuentran condicionadas y hasta que punto eligen con libre albedrío; ¿qué hacemos con eso que han hecho de nosotros?”. Spekuljak recordó la declaración que dio una de las víctimas antes de la audiencia, cuando Sales Rubio intentaba involucrarla en los abusos a otros menores, y ella se negaba. En cuanto a la responsabilidad de Arteriza en los hechos, será motivo de debate en el juicio; en esta etapa del proceso lo esgrimido por el defensor no fue suficiente para modificar la situación de la imputada.
Luego de un breve cuarto intermedio, la Fiscalía amplió una imputación ya realizada a los sospechosos, y atribuyó un nuevo hecho de abuso sexual. Sales Rubio y Arteriza fueron imptuados como coautores de abuso sexual con acceso carnal calificado por ser encargado de la educación y por la participación de dos personas, en concurso real con promoción a la corrupción de menores calificada.
En cuanto a la situación de prisión preventiva de los imputados, que se encuentra cerca del plazo de dos años que precisa el Código Penal, el bloque acusador remarcó la necesidad de mantener el encarcelamiento de ambos ya que se trata de una causa compleja, con multiplicidad de víctimas y de imputados, y que siempre se estuvieron realizando medidas en el proceso.
La fiscal, con adhesión de los querellantes, detalló que de las 15 víctimas que hay en la causa, algunos de ellos además son testigos en otros hechos, y que fue complejo poder definir y establecer los vínculos existentes entre ellos; agregó que se siguen presentando víctimas y que ya se está preparando la acusación con una alta pena en expectativa para los implicados, y que por lo tanto la prórroga de la prisión preventiva es proporcional y razonable.
Los defensores solicitaron que en caso de prorrogarse la medida no sea por un año, sino por 6 o por 9 meses, tiempo más que suficiente para presentar la acusación, según sostuvieron.
Al momento de resolver, el juez remarcó la complejidad de la causa por lo que la prórroga es necesaria; sin embargo, entendió que un plazo de 10 meses es suficiente para cerrar la investigación y presentar la acusación.
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