El 19 de octubre de 2019, el cuerpo de Ana María Alurralde fue hallado en un zanjón de la zona de Ángel Gallardo, al noreste de la ciudad de Santa Fe. Había sido asesinada a golpes dos días antes, el 17 de octubre. Pero la historia de este femicidio había comenzado mucho tiempo atrás.
Ana María y su pareja, Santiago Daniel Fernández (66), habían convivido durante 20 años. A lo largo de esas dos décadas, Fernández –que se encuentra en prisión preventiva y es el único imputado por el crimen– había ejercido creciente violencia de género sobre la mujer. Fue un proceso tan lento y paulatino que pasó desapercibido para su entorno. Algunos días después del femicidio, el hermano de la víctima, el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde, dialogó con Aire de Santa Fe y advirtió: "Cuando sucede algo como esto, uno empieza a rebobinar y ve que no había situaciones de violencia pero sí de manipulación".
En esa entrevista, el magistrado reveló que Fernández "fue siempre muy celoso" y que "si no había nada de qué sospechar, lo inventaba" y que para controlarla la tenía a su lado las 24 horas del día. También contó que Ana María había trabajado en una cooperativa hasta que la misma cerró en la década del '90. Desde entonces, la mujer ayudó a su pareja con los autos del servicio de remisería que tenían, pero con el correr del tiempo el hombre ya no la dejó trabajar.
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Tampoco le había permitido aprender a manejar, como forma de acrecentar el control sobre ella: de esta manera, Ana María dependía exclusivamente de que Fernández la llevara y la trajera de todos los lugares a los que debía asistir.
Algunos meses después del crimen, el juez Alurralde publicó una carta abierta en la que reflexionaba sobre los alcances de la violencia de género y hacía un llamado a la sociedad a actuar ante estas situaciones. Uno de los pasajes de esa carta refería cómo el femicida había ido cerrando el círculo de control y aislamiento sobre su víctima:
No es la primera vez que Fernández está envuelto en un caso que termina con la muerte de una mujer. En la década del '80, su expareja, Marta Romero, desapareció el día en que había acordado un encuentro para resolver la tenencia compartida de la hija que tenía con Fernández, de quien se había separado recientemente. El hombre dijo que Marta se había marchado de la ciudad y abandonado a la beba, pero los familiares de Romero saben que ella nunca podría haberse alejado de su hija voluntariamente. De la mujer no se supo nunca nada más, y el caso tampoco se investigó adecuadamente. Corrían otros tiempos, y la violencia de género era una problemática que la sociedad y la Justicia ocultaban debajo de la alfombra.
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Tras el femicidio de Ana María Alurralde, la familia de Romero se comunicó con los medios para reflotar el caso, que lleva más de tres décadas sin tener una respuesta. Si Fernández mató a Marta es algo que probablemente nunca se podrá confirmar a esta altura, a menos que él mismo lo confiese.
Fue el propio imputado el que alertó sobre la desaparición de Ana María. El viernes 18 de octubre por la mañana, se dirigió a la Comisaría 6ª, ubicada a pocas cuadras de la casa que habitaba la pareja en barrio Schneider. Dijo que desconocía el paradero de su mujer desde el día anterior. Con el correr de las horas, y a raíz de diversos elementos que fueron surgiendo de la investigación, el caso fue derivado a la fiscal de Homicidios, Ana Laura Gioria, que ordenó diversas diligencias. Entre ellas, el allanamiento del inmueble de Regis Martínez al 3900. Mediante la utilización de luminol, en el inmueble se detectaron rastros de sangre que había sido limpiada, pero no en su totalidad. Además, detectaron la faltante de uno de los autos de la pareja, un Volkswagen Gol.
Durante el allanamiento, Fernández empezó a incurrir en contradicciones al responder las preguntas que le hacían los investigadores. Dijo que la última vez que había visto a su pareja ella había ido a mostrar a posibles compradores una casa que la familia tiene en venta. Pero luego reconoció que Ana María no sabía manejar. La inconsistencia en sus declaraciones resultaron muy sospechosas, por lo que se ordenó que permanezca demorado.
Durante la siesta del sábado 19 de octubre, llegó el peor final para el caso: Ana María fue encontrada asesinada. Su cuerpo estaba en un zanjón en el noreste de la ciudad, dentro del Volkswagen Gol que también faltaba de la vivienda. Tenía una bolsa en la cabeza y varios golpes y heridas. La autopsia reveló luego que la causa de muerte fue traumatismo de cráneo y que el cuerpo tenía signos de deterioro compatible con la utilización de un tipo de ácido. La data de muerte se estableció en 48 horas previas al hallazgo: es decir que la víctima fue asesinada el jueves 17 de octubre.
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Con la localización del cuerpo, Fernández pasó de estar demorado a quedar detenido. Fue imputado el lunes 21 de octubre por el delito de "homicidio calificado por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género". Dos días después se ordenó que permanezca en prisión preventiva por el máximo previsto en la ley (dos años) a la espera del juicio en su contra.
Este viernes, la fiscal Gioria dialogó con Aire Digital y confirmó que a lo largo de los 12 meses transcurridos desde el femicidio la investigación ha permitido incorporar nueva evidencia a la causa, que se encamina a la concreción del juicio oral y público, aunque no en lo inmediato. Procesalmente no hubo cambios y el femicida continúa en prisión preventiva.
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia de género, podés comunicarte al 144 (línea nacional). En la ciudad de Santa Fe también podés llamar al 0800 777 5000.
