El jueves 15 de febrero de 2018, minutos después de las 12:30, la maestra Vanesa Soledad Castillo salió de la escuela Victoriano Montes, en Alto Verde. Como sucede cada mes de febrero, los docentes comenzaban a preparar la vuelta a clases; Vanesa tenía 33 años y viajaba todos los días desde Santa Rosa de Calchines.
Ese día fue interceptada en la puerta de la escuela por Juan Ramón "Chacho” Cano, un vecino de la zona conocido por ‘generar problemas’. Con la excusa de querer venderle unos calzados tipo crocs se acercó a Castillo, que caminaba sola en busca de su moto.
La maestra rechazó la propuesta y subió al rodado. Cano subió tras ella y le pidió que lo lleve; asustada, Vanesa puso en marcha la moto e intentó que el hombre se baje. En ese momento, el hombre sacó un hierro nervado y comenzó a agredir a Vanesa: en la espalda, en la nuca y hasta el casco terminó dañado.
Vanesa se desvaneció e impactó la moto con un montículo de arena que había en la zona, ya que la municipalidad se encontraba realizando obras de mejorado. Cano huyó corriendo y fue a encerrarse en su vivienda, donde fue detenido por el personal policial minutos después del crimen.
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Silvia Castillo, hermana de Vanesa y querellante en la causa, sostuvo en Algo que Decir que el reclamo de justicia se mantiene vigente. En septiembre de 2020 “Chacho” Cano fue condenado a prisión perpetua en el marco de un juicio oral y público, y la resolución fue confirmada por la Cámara de Apelaciones; Silvia confirmó en la entrevista que el fallo de la Cámara cobró firmeza esta semana.
Sin embargo, los allegados de Vanesa sostienen que el ataque a la maestra fue un crimen por encargo, a raíz de una situación de abuso sexual que padeció una alumna de la mujer, y por el compromiso que Castillo tuvo en la búsqueda de justicia para su alumna. El propio imputado expresó en la audiencia preliminar haber cobrado 50 mil pesos para matar a la docente.
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“El principal responsable es la persona que le pagó a Cano 50 mil pesos para sicariar a Vanesa, como el propio Cano lo dijo en la audiencia preliminar. Después hay responsabilidades institucionales: del Ministerio de Educación y del mismo Ministerio Público de la Acusación, que citó a Vanesa como testigo y la única protección que tuvo fue firmar un papel. Ese acto simbólico protege al estado, no a las víctimas y testigos”, sostuvo Silvia.
En este sentido, la familia de Vanesa invita a sumarse a la convocatoria virtual en reclamo de justicia y de la sanción urgente del a Ley Vanesa, que modifica el protocolo de intervención de docentes y trabajadores de la educación en situaciones de abuso infantil, y les brinda mayor protección. La “ley Vanesa” tiene el objetivo de proteger a los niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, pero también a los docentes que están al frente de los niños en las aulas y denuncian estos casos
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