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El derrumbe de las zonas de impunidad: cuando los investigadores son investigados
El juez Aldo Alurralde analiza el caso de los efectivos de la PDI en Venado Tuerto y el norte santafesino y las presuntas maniobras de corrupción de extrema gravedad, al tiempo que destaca el fortalecimiento de los mecanismos de control y la coordinación entre la Justicia provincial y federal.
Para Alurralde, en las democracias modernas, la confianza pública no surge de la ausencia de errores o episodios de corrupción, sino de la capacidad institucional para detectarlos, investigarlos y sancionarlos.
Las causas que involucran a efectivos de la PDI en Venado Tuerto y el norte santafesino exponen presuntas maniobras de corrupción de extrema gravedad, pero también evidencian un dato institucional relevante: el fortalecimiento de los mecanismos de control, la coordinación entre la Justicia provincial y federal y la decisión política de avanzar sobre el delito incluso cuando las sospechas alcanzan a integrantes de las propias fuerzas de seguridad.
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La detención de agentes de la División Microtráfico en Venado Tuerto ocurrida esta semana y la investigación iniciada meses atrás en el norte provincial contra policías acusados de encubrir a narcotraficantes son manifestaciones concretas de esa política de control y transparencia.
En este último caso, ocurrido en mayo de este año, varios integrantes del área operativa de la PDI fueron imputados porque habrían favorecido a organizaciones vinculadas al narcotráfico, con el agravante de su condición de funcionarios públicos y en concurso real con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la hipótesis fiscal, habrían advertido a los investigados sobre distintos procedimientos contra el narcomenudeo, entre ellos dieciocho allanamientos simultáneos realizados en Avellaneda, de los que participaron más de cien efectivos policiales, autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad y representantes del municipio local.
Los casos de Venado Tuerto y el norte provincial: un cambio de paradigma en el control
Más allá del impacto que este tipo de hechos genera en la opinión pública, los acontecimientos recientes parecen transmitir un mensaje político e institucional claro: no existe disposición a tolerar complicidades, encubrimientos ni zonas de protección, aun cuando las sospechas recaigan sobre quienes integran las propias estructuras encargadas de combatir el delito.
Lo ocurrido demuestra un cambio de paradigma y una prueba de que los mecanismos de control están funcionando ya que avalar y promover investigaciones profundas dentro de las fuerzas de seguridad- inclusive en áreas tan sensibles como la lucha contra el microtráfico- requiere valentía política y un compromiso real con la transparencia, demostrando que están dispuestas a cortar de raíz cualquier nexo con el delito.
En las democracias modernas, la confianza pública no surge de la ausencia de errores o episodios de corrupción, sino de la capacidad institucional para detectarlos, investigarlos y sancionarlos. Las organizaciones más sólidas no son aquellas donde nunca aparecen conductas desviadas, sino aquellas que cuentan con herramientas eficaces para corregirlas y prevenir su repetición.
Por otra parte, visibilizar y sancionar las irregularidades existentes puertas adentro de una institución policial no la debilita; por el contrario, la fortalece. No sólo constituye un mensaje directo para los buenos policías, reafirmando que su trabajo vale, que su esfuerzo es respetado y que no tendrán que convivir con la impunidad interna, sino que además demuestra que las instituciones cuentan con mecanismos de control capaces de actuar incluso sobre sus propios integrantes.
Existe una diferencia sustancial entre la conducta ilícita de determinados funcionarios y la existencia de una corrupción estructural o sistémica. Cuando los propios organismos estatales impulsan investigaciones contra sus integrantes, lo que se observa no es una institución capturada por la corrupción, sino una institución que demuestra capacidad para depurarse y reaccionar frente a las desviaciones.
Al mismo tiempo, estas acciones envían una señal clara e inequívoca a las organizaciones criminales: no hay zonas de protección ni pactos de silencio. Dichas organizaciones no caen únicamente cuando se detiene a quienes las integran, sino también cuando se derrumban las complicidades que durante años les permitieron operar, expandirse y sobrevivir.
En tal sentido el crimen organizado no se sostiene únicamente por la violencia o la capacidad económica de sus integrantes. Su verdadera fortaleza radica en la posibilidad de infiltrarse en estructuras estatales y obtener protección; por ello, cada funcionario corrupto apartado de su cargo representa un avance tan importante como la detención de un narcotraficante. En definitiva, debilitar dichas complicidades es debilitar a las organizaciones criminales.
También es fundamental no incurrir en estigmatizaciones apresuradas ni generalizaciones injustas ya que la inmensa mayoría de la fuerza de prevención es honesta y la conducta ilícita de unos pocos no define a toda una institución en donde miles de hombres y mujeres arriesgan su vida a diario en las calles de nuestra provincia con verdadera vocación de servicio, integridad y apego a la ley.
El acierto de la desfederalización del narcomenudeo
Por otra parte, una vez más se afianza lo que manifesté en diversos medios y notas, entre ellas las de 3 de mayo de 2018 en el programa Emergencias 911 publicado en Aire Digital en el sentido de estar de acuerdo con que se provincialice la investigación del narcomenudeo fundamentándolo entre otras razones que al involucrarse más actores (Fiscales y Jueces Provinciales) en la lucha contra el narcotráfico, mejorarían los resultados obtenidos.
En dicha oportunidad sostuve y los hechos actuales parecen confirmarlo, que la corrupción prospera con mayor facilidad allí donde el control se concentra en pocas manos. Por eso defendí la desfederalización del narcomenudeo: debido a que la intervención simultánea de la justicia provincial y federal incorpora controles cruzados, multiplica los mecanismos de supervisión y dificulta la formación de redes de complicidad.
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Cuando distintos organismos observan, investigan y controlan una misma problemática desde ámbitos diferentes, resulta mucho más difícil ocultar irregularidades o sostener zonas de protección. La transparencia se fortalece con más controles y más actores institucionales, no con la concentración de poder.
Lo que manifesté en su oportunidad, actualmente se encuentra refrendado por estos resultados ya que la causa de Venado Tuerto surgió a partir del trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, mediante un Equipo Conjunto de Investigación (ECI); es decir, dos jurisdicciones, fiscalías u organismos de investigación (Provincial y Federal) se unieron formalmente para llevar adelante una misma causa penal de forma coordinada.
En lugar de que cada organismo tramite la causa por separado (lo que suele generar duplicación de tareas o conflicto de competencias), en los ECI se forma un equipo único de fiscales e investigadores, lo cual permite un trabajo en conjunto donde se comparten evidencias, se intercambia información en tiempo real y se coordinan operativos (allanamientos, escuchas y otras medidas de investigación) sin la burocracia propia de los oficios, exhortos y demás trámites entre organismos.
En definitiva, los acontecimientos recientes permiten concluir que la coordinación entre organismos provinciales y federales no sólo mejora la eficacia investigativa, sino que también fortalece los controles institucionales. Cuando distintas agencias intervienen de manera complementaria, disminuyen las posibilidades de encubrimiento, aumentan los mecanismos de supervisión cruzada y se reducen los espacios propicios para la corrupción.
Por último, concluyo que la verdadera fortaleza de un Estado no se mide por su capacidad para ocultar a los corruptos, sino por la decisión de investigarlos, juzgarlos y sancionarlos, aun cuando vistan el uniforme de quienes deben hacer cumplir la ley.
El mensaje final debe ser claro: no hay uniforme que otorgue impunidad, no hay cargo que garantice privilegios y no hay poder público o privado capaz de colocarse por encima de la ley.
