El fiscal federal de Santa Fe, Claudio Kishimoto, se manifestó en contra del proyecto. Aseguró que una mayor cantidad de fiscales involucrados en las causas no asegura un mejor abordaje del problema, y sostuvo desde su experiencia en Mar del Plata que la desfederalización disemina la información disponible respecto a las organizaciones delictivas y su accionar, lo que dificulta poder combatirlas.
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En cambio, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, se mostró de acuerdo con la iniciativa. También habló de su experiencia: actualmente tiene a cargo dos juzgados federales, uno en Santa Fe y el otro en Sáenz Peña, Chaco. Chaco es una provincia que hace ya tiempo ha adherido a la Ley Nacional de Narcomenudeo, y Alurralde cree que resultado de la desfederalización es positivo. “Tiene dos efectos: descongestiona la Justicia Federal y posibilita que con los escasos medios que tiene y pueda avanzar en casos más complejos y, al haber más actores en la lucha contra el narcotráfico, los resultados son mejores“, argumentó.
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