El costo social del silencio: cuando el miedo y la resignación favorecen la expansión del narcotráfico

La expansión del narcotráfico constituye uno de los desafíos más complejos de las democracias contemporáneas y su capacidad para adaptarse a distintos contextos sociales, aprovechar debilidades institucionales y generar mecanismos de influencia territorial demuestra que no se trata únicamente de un problema policial o judicial sino de un fenómeno multidimensional que afecta la convivencia social, exigiendo respuestas que trasciendan la acción exclusiva del Estado.

Tomando como punto de referencia las reflexiones que he desarrollado en un artículo de opinión anterior, entiendo que resulta posible profundizar el análisis desde otra perspectiva: la capacidad de la sociedad para convertirse en un actor activo en la protección de la convivencia democrática.

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En este escenario, la participación ciudadana adquiere una relevancia estratégica ya que una sociedad comprometida con la legalidad, el respeto por las instituciones y el cumplimiento de sus obligaciones se convierte en un factor clave para limitar el avance de las organizaciones criminales, porque el narcotráfico no solo se fortalece por su capacidad criminal, sino también cuando el temor paraliza a quienes podrían contribuir a combatirlo.

Lejos de pretender que se sustituyan las responsabilidades estatales, la acción ciudadana contribuye a fortalecer los mecanismos de prevención, control social y cohesión comunitaria.

El Gobierno provincial está habilitado a derrumbar búnkers de droga.

Un obstáculo adicional en la lucha contra el narcotráfico es la indiferencia social que, en ocasiones, surge como consecuencia de la naturalización del problema o de la percepción de que se trata de una realidad imposible de modificar y a ello se suma el temor que generan las organizaciones criminales, especialmente en aquellas comunidades donde el narcotráfico ha logrado desarrollar mecanismos de intimidación que desalientan la participación ciudadana.

Mi experiencia como magistrado me ha permitido advertir que muchos ciudadanos preocupados por situaciones vinculadas al narcotráfico manifiestan su voluntad de colaborar, pero al mismo tiempo confiesan que el miedo les impide dar el paso de informar lo que saben.

Recuerdo especialmente a una persona que, luego de varios minutos de conversación, concluyó diciendo: "Doctor, si denuncio, me van a identificar y tengo a mi familia en ese barrio". Aquella afirmación reflejaba una preocupación genuina, pero también una percepción errónea acerca de los mecanismos de denuncia existentes y al profundizar la conversación, advertí que había llegado a convencerse de que le resultaba más seguro convivir con la presencia del narcotráfico en su barrio que denunciarla ya que creía que mantenerse en silencio disminuía los riesgos para él y su familia, mientras que informar a las autoridades lo expondría a represalias. Sin embargo, en gran parte de los casos ese temor responde más a una idea instalada socialmente que a un riesgo real, puesto que los sistemas de denuncias anónimas y los canales seguros de comunicación con las autoridades están diseñados precisamente para resguardar la identidad de quien aporta información.

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Estos mecanismos permiten comunicar hechos sospechosos sin exponer datos personales y cuando la información suministrada presenta un grado razonable de verosimilitud, posibilitan el inicio de una investigación formal que es indispensable porque ninguna persona puede ser condenada sobre la base de una denuncia anónima por sí sola, sino en virtud de las pruebas obtenidas legalmente durante la investigación posterior.

Durante aquella conversación también advertí otra expectativa tan extendida como equivocada ya que el vecino parecía confiar en que un juez, por el solo hecho de conocer informalmente la existencia de una situación preocupante, podía ofrecer una solución inmediata y definitiva al problema, es decir que, de alguna manera esperaba una respuesta casi mágica, desvinculada de la necesidad de aportar datos concretos que permitieran orientar una investigación.

En el caso de este vecino, pude explicarle el funcionamiento de estas herramientas y las garantías de confidencialidad existentes, lo que le permitió comprender que la denuncia no lo convertiría en protagonista del proceso judicial ni pondría en riesgo su seguridad personal. También le señalé que los jueces no disponemos de soluciones mágicas ni podemos actuar sobre meras intuiciones, rumores o sospechas genéricas, es decir, que la intervención judicial requiere información verificable que permita iniciar actuaciones formales y obtener pruebas de manera legal por lo que pretender que un juez resuelva una situación compleja sin datos concretos equivale a desconocer los límites que impone el Estado de Derecho y las garantías que protegen a todos los ciudadanos.

A veces una comunidad puede convivir durante años con un problema que todos conocen, pero que nadie se anima a comunicarlo.

Tiempo después pude comprobar que aquella información que proporcionó el vecino fue el punto de partida de una investigación mayor que permitió reunir un importante conjunto de evidencias y en este caso, la tarea investigativa desarrollada permitió a la Justicia Federal llevar adelante un procedimiento de gran magnitud que culminó con el hallazgo y secuestro de estupefacientes en más de veinte domicilios de distintos barrios de las ciudades de Reconquista y Avellaneda.

Esa experiencia reafirmó una convicción que he sostenido durante años: uno de los mayores triunfos del narcotráfico no consiste únicamente en comercializar drogas, sino en lograr que los ciudadanos acepten su presencia como una realidad inevitable y que resulta más seguro convivir con el delito que enfrentarlo.

Recuerdo también una situación que me produjo una particular reflexión ya que luego de un allanamiento en un domicilio vinculado a una investigación por comercialización de estupefacientes, los medios de comunicación locales realizaron una amplia cobertura periodística del procedimiento. Lo que más llamó mi atención no fue el resultado del operativo, sino las declaraciones de numerosos vecinos que fueron entrevistados durante las transmisiones radiales en donde muchos de ellos afirmaban conocer desde hacía tiempo lo que ocurría en ese lugar e incluso señalaban que la venta de drogas era una situación conocida en el barrio.

Sin embargo, mientras escuchaba esos testimonios, no pude evitar formularme una pregunta: si tantas personas conocían aquella realidad, ¿por qué nadie la había denunciado previamente? La respuesta probablemente no era sencilla ya que en algunos casos podía tratarse de miedo; en otros, de desconfianza; y en otros, simplemente, de resignación. Lo cierto es que aquella situación puso de manifiesto una realidad preocupante: a veces una comunidad puede convivir durante años con un problema que todos conocen, pero que nadie se anima a comunicarlo por los canales institucionales disponibles.

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Después de dieciocho años de ejercicio de la magistratura federal, hay otro dato que siempre me ha llamado la atención: no recuerdo haber recibido una denuncia vinculada al consumo o a la venta de drogas dentro de una escuela o de un hospital público y francamente, resulta difícil creer que en todos esos años no haya existido ninguna situación que mereciera ser puesta en conocimiento de la Justicia. No estoy en condiciones de afirmar cuál es la explicación de esa ausencia de denuncias, pero el interrogante merece ser planteado ya que la falta de denuncias no necesariamente significa que un problema no exista, sino que a veces puede significar que el miedo, la desconfianza o la resignación han logrado imponer el silencio.

Aclaro esta circunstancia porque me ha correspondido intervenir en causas en las que apliqué la agravante prevista en el artículo 11, inciso e), de la Ley 23.737, referida a aquellos supuestos en que el delito se comete en las inmediaciones o en el interior de establecimientos de enseñanza, centros asistenciales u otros ámbitos especialmente protegidos por la ley. Sin embargo, esos casos no llegaron a conocimiento de la Justicia a partir de denuncias concretas formuladas por escuelas, hospitales o personas vinculadas a esas instituciones, sino como resultado de investigaciones que permitieron advertir posteriormente esa circunstancia agravante y precisamente por eso, la ausencia de denuncias directas no debería interpretarse como prueba de que el problema no existe, sino como un dato que invita a reflexionar sobre las razones por las cuales determinadas realidades permanecen ocultas o son toleradas en silencio.

La ausencia de denuncias directas debería interpretarse como un dato que invita a reflexionar sobre las razones por las cuales determinadas realidades permanecen ocultas o son toleradas en silencio.

Gentileza

Cuando una comunidad llega a aceptar esa conclusión equivocada, el crimen organizado comienza a ganar terreno. Por el contrario, cuando los ciudadanos recuperan la confianza en las instituciones y utilizan las herramientas que el Estado pone a su disposición, se fortalece una de las barreras más eficaces contra la expansión de las organizaciones narcocriminales: el control social.

Vinculado a ello, existe otro fenómeno que merece una reflexión particular y es que, con frecuencia, algunos ciudadanos prefieren canalizar sus denuncias o inquietudes a través de los medios de comunicación antes que utilizar los mecanismos institucionales previstos para tal fin. En este sentido no resulta extraño que hechos presuntamente vinculados al narcotráfico sean comunicados primero a periodistas, conductores radiales o portales informativos, con la expectativa de que la exposición pública produzca una reacción más rápida de las autoridades.

Creo que dicha conducta suele tener origen en diversos factores: la desconfianza en la capacidad de respuesta del Estado, el temor a que la denuncia no sea investigada con la seriedad necesaria, la percepción de que determinados organismos pueden encontrarse condicionados por intereses ajenos al bien común o, simplemente, la creencia de que la difusión mediática genera una mayor protección para quien denuncia.

Ahora bien, una visión equilibrada del problema exige reconocer que los medios de comunicación también han cumplido históricamente un papel relevante en la detección y visibilización de fenómenos criminales complejos ya que en numerosas oportunidades, investigaciones periodísticas han contribuido a revelar hechos que permanecían desconocidos para la opinión pública e incluso a impulsar actuaciones institucionales que registraban escasos avances y es por ello, que medios de comunicación e instituciones estatales no deben entenderse necesariamente como ámbitos contrapuestos, sino como actores que pueden desempeñar funciones complementarias en la protección del interés público y la lucha contra el delito.

Sin embargo, si bien los medios de comunicación desempeñan una función esencial para visibilizar problemas sociales, informar a la ciudadanía y ejercer un saludable control democrático sobre las instituciones, la investigación y persecución de los delitos es una responsabilidad que corresponde a los organismos competentes y cuando una sociedad deposita más confianza en la repercusión de una noticia que en sus propios mecanismos institucionales, el problema no radica únicamente en la existencia del delito denunciado, sino también en el deterioro de la confianza pública. Por esa razón, fortalecer la credibilidad de los canales oficiales de denuncia constituye una tarea tan importante como la lucha contra el narcotráfico mismo, ya que las organizaciones criminales también se benefician cuando los ciudadanos dejan de creer en la capacidad del Estado para protegerlos y responder eficazmente a sus demandas.

En términos criminológicos, el control social alude al conjunto de procesos mediante los cuales una comunidad procura asegurar la observancia de las normas que regulan la vida colectiva. Dicho control puede ser formal, cuando es ejercido por las instituciones estatales facultadas para investigar, juzgar y sancionar conductas ilícitas, o informal, cuando surge de los vínculos sociales y de las pautas culturales compartidas por los miembros de una comunidad.

La familia, las escuelas, los hospitales, las organizaciones civiles y los propios vecinos constituyen agentes de control social informal de singular importancia, ya que contribuyen a prevenir la consolidación de conductas desviadas antes de que resulte necesaria la intervención de los organismos estatales y desde esta perspectiva, la participación ciudadana representa una manifestación concreta del control social informal y constituye una herramienta fundamental para dificultar la expansión de las organizaciones narcocriminales en el ámbito comunitario.

La indiferencia y/o tolerancia social frente al narcotráfico constituye una de las formas más peligrosas de favorecimiento indirecto de este fenómeno ya que si bien no implica una participación activa en las actividades criminales, el silencio deliberado ante hechos conocidos, la falta de compromiso cívico o la renuncia a utilizar los mecanismos institucionales disponibles terminan generando condiciones propicias para la expansión de las organizaciones narcocriminales. En ese sentido, la indiferencia se transforma en una forma de complicidad social, no porque convierta al ciudadano en autor de los delitos, sino porque contribuye a preservar ámbitos de impunidad que permiten su continuidad.

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Resulta particularmente llamativo advertir que esta indiferencia social no suele presentarse con la misma intensidad frente a otros delitos que generan una inmediata reacción colectiva y es así que cuando se producen hechos particularmente graves, como abusos sexuales, violaciones o femicidios, es habitual observar manifestaciones públicas legítimas de repudio, movilizaciones vecinales y reclamos dirigidos a las autoridades para exigir justicia y medidas concretas. Sin embargo, frente al narcotráfico, muchas veces prevalece una actitud de resignación o silencio que rara vez se observa con la misma magnitud en relación con otros fenómenos delictivos.

Las organizaciones criminales prosperan allí donde la comunidad decide mirar hacia otro lado, mientras que encuentran mayores dificultades cuando los ciudadanos asumen una actitud participativa por lo que combatir el narcotráfico exige, por lo tanto, superar la lógica de que el problema corresponde exclusivamente a las autoridades y comprender que el compromiso ciudadano constituye una herramienta indispensable para impedir que el delito se normalice o se arraigue en el entramado social.

En este contexto, corresponde señalar que la confianza en los mecanismos de denuncia no depende únicamente de su existencia formal, sino también de la convicción de que las instituciones cuentan con herramientas adecuadas para preservar la identidad, la integridad y los derechos de quienes aportan información relevante para una investigación ya que resulta difícil promover una mayor participación ciudadana si las personas perciben que colaborar con las autoridades implica asumir riesgos desproporcionados para su seguridad o la de sus familias y es por ello, que fortalecer las garantías de confidencialidad y los mecanismos de protección de denunciantes y testigos constituye una condición indispensable para consolidar la confianza pública y alentar una participación ciudadana responsable.

En definitiva, el costo social del silencio no se mide únicamente por los delitos que se cometen, sino también por el espacio que el miedo le cede al narcotráfico. Allí donde una comunidad se resigna, el delito avanza; mientras que allí donde participa, denuncia y confía en sus instituciones, encuentra límites.

Por eso, la lucha contra el narcotráfico no se libra únicamente en los tribunales, en las fuerzas de seguridad o en los organismos del Estado, sino que también se libra en cada ciudadano que decide no callar porque cuando la sociedad se convence de que nada puede cambiar, el narcotráfico ya ha comenzado a ganar la batalla.

*El autor es abogado, docente y actualmente se desempeña como juez federal en Reconquista. En febrero de 2026 fue elegido como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.