La disputa se centraba en la forma en que el empresario, Marcelo Rossini, podía compensar esos créditos fiscales, considerando que su solicitud se basaba en una normativa de 1984, cuando ya existía una regulación específica sobre el tema desde 2011.
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El conflicto judicial
El origen del caso se encuentra en el reclamo de Rossini, un empresario del sector de la comercialización y distribución de combustibles, quien buscaba que se le reconocieran los créditos fiscales relacionados con la venta de gasoil a las empresas subcontratistas de la Entidad Binacional Yacyretá, IECSA y JCR.
El planteo de Rossini, en su momento, se basaba en una resolución de 1984, aunque la AFIP había reglamentado en 2011 que los créditos fiscales derivados de los impuestos a los combustibles debían gestionarse mediante un procedimiento distinto al de la norma de 1984.
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A pesar de las negativas del organismo recaudador en Santa Fe y del Director Regional Interior, Rossini acudió a la justicia. En diciembre de 2020, un juez federal de Reconquista falló a su favor, ordenando a la AFIP que aceptara la solicitud de compensación. Este fallo fue apelado, y la Cámara Federal de Resistencia ratificó la decisión.
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Ante la intervención de la exAFIP, que argumentaba que el régimen de 2011 reemplazaba al de 1984 y debía aplicarse en este caso, el recurso fue elevado a la Corte Suprema.
El máximo tribunal hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la exAFIP, dejando sin efecto las decisiones previas que favorecían al empresario Marcelo Rossini. De esta manera, el tribunal ordenó la devolución de las actuaciones a los tribunales inferiores para que se dictara un nuevo fallo, siguiendo los lineamientos establecidos por la normativa vigente desde 2011.
