La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a tres años de prisión de la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti por defraudación en perjuicio de la administración pública, luego de que se determinara que utilizó fondos del organismo que encabezaba para gastos personales y de sus familiares. La condena incluye la inhabilitación de por vida para volver a ejercer cargos públicos.
En el caso se tuvo por acreditado que la nombrada, durante su gestión como titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre los años 2006 y 2007, utilizó para fines particulares, no permitidos por la normativa aplicable, fondos públicos asignados presupuestariamente a la repartición a su cargo y cuya custodia y administración le habían sido confiados. De ese modo, procuró para sí y para terceros un lucro indebido que perjudicó el patrimonio del Estado.
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Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación de Romina Picolotti por considerarla extemporánea.
“Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo el fiscal Diego Luciani en su alegato, cuando pidió tres años y nueve años de prisión para la ex funcionaria, que siguió el juicio desde Estados Unidos donde se mudó.
Entre los gastos, había comidas en parrillas, desayunos, restaurantes de sushi, flores, productos de farmacia, alimento balanceado para perros, carga de combustible, lavado de auto, servicio de lavado de ropa, compra de piedras aromatizadas, sahumerios. Uno de los tickets presentado era de un bar que era atendido por mujeres semidesnudas, que lleva escrito un “Muchas gracias”. Otro gasto, en el local Pigmento, decía “regalo Flor y Sofi de cumpleaños”.
La defensa de Picolotti, a lo largo de la causa, reclamó la absolución. Negó la existencia del delito.
En 2021, el Tribunal Oral Federal 6 la condenó a tres años en suspenso y le impuso la obligación de devolver al Estado casi siete millones de pesos, actualizados, que es lo que se calcula que gastó en su beneficio, una vez que la sentencia quede firme. Además, los jueces elevaron la fianza hasta esa suma. En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal respaldó esa decisión. La defensa presentó un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema.
