Los jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y José Luis Suárez condenaron al ex juez Jorge Scavone a 4 años y 6 meses de prisión y al martillero Oscar Kovalevski a 8 años de prisión y 10 de inhabilitación.
Un martillero y un juez jubilado fueron condenados como organizador e integrante de una asociación ilícita que se dedicaba a vaciar cuentas de depósitos judiciales a través de oficios falsos. Los hechos ocurrieron entre 2010 y 2012 y como ambos hoy tienen más de 70 años cumplirán la pena en su domicilio con tobillera electrónica.
El tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y José Luis Suárez condenó al ex juez Jorge Scavone a 4 años y 6 meses de prisión y al martillero Oscar Kovalevski a 8 años de prisión y 10 de inhabilitación del ejercicio de la profesión.
El caso no es uno más. Scavone es el segundo juez condenado por el affaire de la apropiación de fondos de particulares inmovilizados en cuentas judiciales. El primero fue Alejandro Martín, hace unos meses, que prefirió admitir su culpabilidad en un juicio abreviado para no exponerse al juicio oral y público que terminó este miércoles. Antes de eso, en octubre de 2013, fue destituido del cargo.
El tribunal consideró probado que “entre julio de 2010 y agosto de 2012 se liberaron una importante cantidad de oficios ideológicamente falsos desde los juzgados civil y comercial N°s 1° y 17° de Rosario, a cargo de Jorge Scavone y Alejandro Martín”. Las sumas que se pudieron comprobar fueron 1.050.000 pesos en el juzgado Nº 17 y 250.000 en el N°1. Se trata de cifras a 2012, aunque eso es lo que se comprobó. Los instructores dieron por sentado que el monto era mayor.
En esos oficios autorizaban pagos, testificados por el secretario Ricardo Lavacca, desde cuentas judiciales del Banco Municipal para que los cobraran el martillero y los abogados Luciano García Montaño y Jorge Heter. La maniobra se completaba con la autorización del pago dentro del banco por parte del empleado infiel Tomás Martínez Echenique. El tribunal dejó en claro que con el nivel probatorio de la causa no hay dudas de que todos “actuaron a sabiendas de que se trataba de una operación ilegal” para apropiarse de fondos.
El caso se descubrió en 2012 dentro del Banco Municipal, y fue la propia entidad la que radicó la denuncia penal. A partir de allí salió a la luz un caso de corrupción judicial con pocos antecedentes, al menos que haya llegado a condenas concretas de dos jueces provinciales, además del resto.
Cabe aclarar que el juicio que terminó este miércoles se instruyó por el antiguo sistema procesal penal y sólo tuvo en el banquillo a Scavone y Kovalevski porque el resto admitió su culpabilidad y firmó juicios abreviados con distintas penas y en distintas etapas a lo largo de estos nueve años.
El primer juez condenado fue Alejandro Martín en septiembre pasado. Cuando la Cámara de Apelaciones confirmó el contenido de la causa, las pruebas y las imputaciones, solicitó un juicio abreviado: fue condenado a una pena de 5 años como jefe de la asociación ilícita, falsedad ideológica y material de instrumento público, defraudación, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cumple la sentencia en su domicilio, en su caso por tener una hija con problemas de salud bajo su cuidado.
En tanto, el empleado del banco Tomás Martínez Echenique acordó 3 años como integrante de la asociación ilícita, por 20 hechos de defraudación consumados y al menos cinco tentativas.
Por su parte, el ex secretario del juzgado de Martín, Ricardo Lavacca, recibió una pena condicional de 3 años e inhabilitación en 2019.
Los primeros en ser condenados fueron los abogados García Montaño y Heter en 2013. Ambos acordaron una pena de 3 años de prisión en suspenso y entre 5 y 7 de inhabilitación para ejercer la abogacá. Ambos fueron los primeros en admitir la responsabilidad, lo que fue clave para las condenas que vinieron luego, incluidas las de este miércoles.
En esta ocasión el martillero Kovalevski fue condenado como organizador de la asociación ilícita, en concurso real, por 53 hechos de defraudación calificada y otros 5 en grado de tentativa. Por eso se llevó la pena más alta.
En tanto Scavone fue sentenciado como integrante de la asociación ilícita, en concurso real en 30 hechos de defraudación calificada y en concurso ideal por 30 hechos de falsedad ideológica y abuso de autoridad. Fue absuelto por el delito de prevaricato.
Cuando el Banco Municipal descubrió la maniobra y radicó la denuncia, Scavone estaba recientemente jubilado. Al filo de irse jubilado firmó 38 oficios entre octubre y noviembre de 2010. El tribunal fue muy crítico: “Mostró total desprecio por su investidura, por su rol y sus funciones, por el resto de los funcionarios que firmaron dichos oficios, muchos de los cuales debieron afrontar sumarios administrativos. Poco les importó las consecuencias para el resto de las personas e instituciones, mostrando recién en el último día del debate cierto arrepentimiento para admitir que él había firmado con total conciencia”.
En el juicio se ratificó que “la organización criminal tenía dos ramas, una en cada juzgado, y el nexo era Kovalevski”, quien había conseguido que el empleado Martínez Echenique le proveyera listas con información de aquellas cuentas con depósitos judiciales que llevaban años inmovilizadas, ya sea porque la causa no se movía o porque nadie los reclamaba.
Con esa información el martillero y los abogados confeccionaban pedidos a los juzgados para que liberaran el dinero, incluso de fondos que estaban inmovilizados por orden de otros juzgados civiles y comerciales. Martín y Scavone emitían los oficios sin importarles, y de nuevo el empleado bancario hacía la vista gorda y autorizaba el pago por ventanilla, a sabiendas de que eran falsos. El dinero lo retiraban en efectivo Kovalevski, García Montaño o Heter.
El fallo mencionó que en los casos que intervenía García Montaño, junto con el empleado bancario se quedaban con el 12% y el resto se lo entregaban a Kovalevski, que se supone que distribuía hacia arriba. En la causa quedó más que probada la fluida relación y el trato preferencial que el martillero tenía tanto de parte de Martínez Echenique en el banco como del juez Martín y su secretario Lavacca en Tribunales.
En 2012, cuando se hizo pública la maniobra, no sólo fue un escándalo porque involucraba a dos de los 18 juzgados del fuero civil y comercial de Rosario, sino también porque puso en evidencia la falta de controles y la fragilidad de los procedimientos en el manejo de los depósitos judiciales, que son dinero de privados que un juez inmoviliza temporalmente hasta tanto se defina la cuestión en litigio. Es decir, si no hubiera sido por el banco que detectó el fraude, en la Justicia nadie se enteraba de que estaban haciendo desaparecer dinero que estaba bajo se custodia y responsabilidad.
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