La funcionaria explicó que la joven logró escapar tras meses de encierro y violencia, y fue asistida por dos mujeres en una parada de colectivos.
Una historia atravesada por la violencia en Santa Fe
“La realidad es que la menor apareció en una parada de colectivos y les solicitó a dos mujeres si le podían pagar el boleto. Las mujeres la vieron en condiciones indignas, llorando, desesperada y con un bebé de once meses en brazos, que tenía un cuadro de broncoespasmo. No sólo le pagaron el boleto, sino que intentaron profundizar en qué estaba pasando”, relató la fiscal.
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Según detalló, la adolescente contó que había logrado escapar de la casa de su ex pareja, donde también vivía la mamá de este chico y la pareja de esa mujer, “que la tenían privada de su libertad desde hace mucho tiempo, que comía en escasas situaciones”.
“Es una chica analfabeta, ha ido poco a la escuela por situaciones de extrema vulnerabilidad que viene desde antes de este episodio. A veces no tenía calzado para ir a la escuela. Todas esas circunstancias terminaron desencadenando en estos hechos graves que hoy se están investigando”, agregó Galeano.
La fiscal señaló que la menor “había hecho una denuncia por abuso sexual contra la pareja de su mamá” y agregó que “en aquella oportunidad se descreyó del relato de la menor". Aclaró que quien no confió en la palabra de la niña "fue la propia madre”.
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“Ella dice que a sus 11 años de edad conoce al chico que hoy está imputado y en prisión preventiva, quien tenía en ese momento 16 años. En un contexto de vulnerabilidad comienzan una relación, que fue violenta. Se genera un antes y un después con el embarazo. Ella fue a buscar contención a su familia, que se enojó, y se fue a atravesar el embarazo a la casa de la familia del chico, que no la dejó atravesar un embarazo tranquila, sin controles médicos permanentes, algo que se corroboró a través de informes médicos institucionales”, explicó la fiscal.
“Cuando nació el bebé, la situación de violencia se incrementó, se hizo extensiva al bebé también, y en el marco de la privación ilegítima de la libertad se facilitaba la prostitución, la obligaban a tener relaciones sexuales con otros hombres, que pagaban un dinero por esa actividad”, detalló.
Avance de la investigación
Galeano aseguró que desde el inicio del caso la prioridad fue la protección integral de la joven y de su hijo. “Desde el primer momento intentamos tener como prioridad la estabilidad y salud emocional de la menor como su bebé, por eso todas las cuestiones de la investigación se hicieron cuando eso estaba contenido. Hoy está en situaciones de vida digna, que no eran las que ella y su bebé atravesaban. Ahora resta trabajar la parte emocional, para estabilizarla”, sostuvo.
operativo barrio abasto 4
El toldo celeste fue clave para dar con la vivienda.
La fiscal explicó además que la investigación sigue su curso y que se busca determinar quiénes participaron en los abusos. Sobre ello advirtió que “por supuesto se va a averiguar sobre eso. Hay declaraciones que dan cuenta de algunos nombres, por lo tanto, es probable que podamos avanzar en eso. Todo es materia de investigación, el disparador final será el relato de la víctima”.
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También se analizan las responsabilidades del entorno familiar, amplió. “Ella tiene mamá y también existe un papá. Ambos de un grupo familiar vulnerable, pero que han repercutido de manera directa en la crianza de esta menor”, indicó.
Finalmente, Galeano destacó que el trabajo ahora se centra en garantizar el bienestar emocional de la víctima y mencionó que “ahora priorizaremos la salud de la menor, para que sea liberador en momento en que tenga que declarar”.
El caso
La imputación precisa que aproximadamente entre julio de 2025 hasta el 22 de septiembre de 2025, Ramon Leyton y su madre Ana Mariela privaron de la libertad a la menor J.C. y a su hijo, aprovechando el contexto de violencia de género que Ramón ejercía sobre la joven, mediante amenazas de muerte a ella y al bebé, y ejerciendo violencia física sobre la menor y el pequeño.
La adolescente se encontraba en un grado extremo de vulnerabilidad y los imputados la mantenían encerrada en una habitación con candado. Los movimientos de la menor eran controlados por los imputados, quienes ejercieron violencia verbal y física e impedían que pudiera contactarse con su familia de origen.
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Esta situación de encierro fue aprovechada por los imputados para obligarla a mantener relaciones sexuales con personas que eran convocadas por Ramón y por Ana Mariela a esa misma vivienda. El dinero que estas personas pagaban a cambio de los encuentros sexuales forzados con la niña era recibido exclusivamente por la mujer imputada y/o por su hijo Ramón.Además, la Fiscalía le atribuyó a Oscar Castañeda haber abusado sexualmente de la menor.
