Policías del OI allanaron la sede del Ministerio de Seguridad en Rosario en noviembre del 2021.
Además del fallo de las últimas horas del juez Patrizi que ratifica la competencia de la Justicia provincial en la investigación penal contra Marcelo Sain y siete exfuncionarios, días atrás también la Cámara Federal de Rosario rechazó tomar el caso. Así las cosas, la competencia provincial quedó ratificada por doble vía.
El pedido de que el caso pasara a la Justicia federal lo había hecho el diputado nacional Roberto Mirabella, con el argumento de que era una de las víctimas de perfilamiento ilegal y que se presumía la violación a la Ley 25.520 de inteligencia nacional siendo él legislador nacional.
La presentación había sido rechazada en primera instancia en mayo pasado. Y ahora la Cámara falla en el mismo sentido con fecha 29 de noviembre pasado. Es relevante ese dato porque uno de los fundamentos que usa el camarista Guillermo Toledo es que para definir cuestiones de competencia “es necesario que los hechos estén delimitados y sean encuadrados en una figura penal determinada, ya que la competencia solo puede analizarse con relación a delitos concretos”.
Ese mismo día, y tras un año de investigación, los fiscales provinciales imputaron a Sain y siete exfuncionarios de haber cometido los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de secreto, encubrimiento calificado, violación de la ley nacional de inteligencia, malversación de fondos, destrucción de documentos públicos, peculado.
Si bien Toledo deja una puerta abierta a futuro al decir que cuando exista “un encuadre legal concreto (N de la R: ahora lo hay) cabrá examinar de qué manera las distintas figuras legales que se propongan quedan entrelazadas, cuál es la relevancia que cada una asume y en su caso, determinar la eventual remisión de actuaciones hacia estos tribunales en virtud de algún supuesto de atribución de competencia especial”, también plantea que de momento “no se pudo determinar que hayan intervenido agentes de la Agencia Federal de Inteligencia o que se haya obtenido información que de allí provenga y, además, que si bien el denunciante ocupaba el cargo de Senador Nacional y luego el de Diputado Nacional, lo cierto es que no se cuenta con elementos nuevos que permitan determinar, al menos en grado probable, que se haya puesto en peligro o dañado la seguridad del Estado Nacional o sus instituciones. De ello concluyó que no existe entre los elementos aportados hasta la fecha, alguno que permita determinar que se hayan ejecutado actos en contra de la persona del denunciante que hayan puesto en riesgo intereses del Estado Nacional, y que, por tanto, permitan habilitar la intervención de este fuero de excepción”.
Esta segunda línea de fundamentación va en línea con los argumentos que usaron los fiscales provinciales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg y las querellas al defender la competencia provincial ante el juez Patrizi. Y si bien la resolución del camarista federal se redactó cuando no se conocía aún la imputación formal, de ella no se desprenden elementos en el sentido de que se hayan afectado el interés nacional o utilizado agentes o estructuras de las AFI.
Al solicitar que la Justicia Ordinaria de la Provincia de Santa Fe se inhiba y remita la causa a la Justicia federal, Mirabella argumentó que él aparecía como uno de los tantos políticos perfilados por el Ministerio de Seguridad en tiempos de Sain cuando era legislador nacional y por eso se habría afectado el interés nacional que es una condición que establece la ley de inteligencia.
Volviendo a la resolución del juez de Cámara, agrega como elemento para rechazar la competencia que para tomar una decisión de esta naturaleza (sacarle el caso a la Justicia provincial) “resulta imprescindible el antecedente de una investigación adecuada, lo cual en el caso habría requerido esfuerzos redoblados (por parte de la Justicia federal) dada la profusa cantidad de material a procesar”.
De hecho a los fiscales provinciales les llevó un año procesar, analizar e imputar a los exfuncionarios.
Queda por ver si ahora que se conocen los hechos imputados y el encuadre legal, Mirabella, muy cercano al gobernador Perotti, insistirá con quitarle el caso a la Justicia provincial y llevarlo a la federal. Por su parte, según explicaron los abogados defensores de los ocho imputados, ellos ya no están en condiciones de recurrir a la vía excepcional porque las normas de competencia establecen que si elegiste una vía para cuestionarla (pidieron a la Justicia ordinaria que decline la competencia), no pueden después utilizar la otra vía (pedir la inhibitoria en el fuero federal).
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