Apenas habían pasado minutos de la confirmación de la muerte de Hugo Oldani, cuando familiares del empresario salían de la escena del crimen portando bolsos, cajas y mochilas.
Un mes después de que los imputados por la supuesta participación en una "cueva financiera" en las oficinas de Oldani Turimo pidieran evitar el juicio y acceder a una probation, se aguarda la realización de una serie de audiencias a partir de las cuales el fiscal general de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, fijará su posición sobre estos planteos.
En caso de que la Justicia federal acceda al pedido de los imputados -la decisión recae finalmente en los jueces-, estas personas no serían juzgadas y podrían cumplir con algún tipo de trabajo comunitario o donación que, en caso de efectuarse de la manera indicada, extinguiría la acción penal y limpiaría los antecedentes penales de los involucrados en el caso Oldani.
Se trata de Virginia Oldani -hija del empresario asesinado el 11 de febrero de 2020-, María José Calle, Carina Chelmo, Leandro Forchetti, Flavio Giuolini, Marco Molinas, Ariel Trucco, Eugenio Alonso, Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo, todos imputados por posible delito de intermediación financiera no autorizada.
Según pudo saber AIRE, uno de los diez imputados tiene una condena por su participación en un accidente de tránsito, por lo que en ese caso no estaría en condiciones de acceder a la probation.
El abogado defensor de Virginia Oldani, Romeo Díaz Duarte, explicó que se pidió la suspensión del juicio a prueba por distintos argumentos. Entre ellos, porque la Justicia federal avaló la probation en otros casos de delitos que implicaban penas mayores a la que podría corresponderle a su defendida.
La medida se conoció en marzo pasado, fue dictada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal y alcanzó tanto al basquetbolista, como a su padre, quien también evitó el juicio.
Para no ser juzgados, Carlos Delfino y su padre se comprometieron a que pagar una multa de 1.200.000 pesos cada uno, y a realizar una serie de donaciones. En el caso del basquetbolista, se acordó la entrega al Samco de Santo Tomé de un digitalizador para rayos X, mamografías y otros estudios o, en su defecto, un equipo de similares características por el valor de U$S 20.000. Mientras que Delfino padre se comprometió a donar al nosocomio un automóvil, tipo utilitario, 0 kilómetro.
"Consideramos que la Justicia deberá avalar nuestro pedido, porque no pueden borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Si por un delito mayor otorgaron la probation, en este caso se debería dar lo mismo como consecuencia lógica", remarcó el abogado de Virginia Oldani.
Si bien no es posible adelantar la posición que adoptará el fiscal Suárez Faisal, fuentes judiciales explicaron a AIRE que en un caso como el de la posible existencia de una "cueva financiera" en las oficinas de Oldani Turismo, podrían surgir complicaciones para determinar las condiciones de una probation para cada uno de los imputados.
No solo porque cada sospechoso aparece vinculado de diferentes maneras con la organización investigada; sino porque no parece fácil definir los montos que cada persona debería pagar en concepto de multa para evitar el juicio.
La multa para cada imputado se determina multiplicando por dos el monto de las operaciones ilegales de la que participó esa persona. Dicho en otros términos, la Justicia debe probar cuánto dinero estuvo involucrado en los actos delictivos de cada imputado, para duplicar dicha cifra y así fijar la multa para el sospechoso.
Sin embargo, no parece sencillo lograr este grado de certeza a estas alturas del proceso. Mucho menos, cuando en la etapa de instrucción de una causa se trabaja con probabilidades.
En el caso de Carlos Delfino, la multa se pudo fijar en 1.200.000 pesos porque se duplicó el monto del contrato de alquiler de la casa en El Paso -que habían firmado con el narcotraficante Vicente Pignata-. Ese contrato era por 600.000 pesos.
Según la investigación del fiscal federal Walter Rodríguez, las diez personas imputadas en el caso Oldani tenían distintos roles en la organización de esta presunta "cueva financiera" que funcionaba en el centro de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal describió de esta manera el rol que cada uno de los sospechosos:
1.- Virginia Oldani y María José Calle: “Las nombradas hicieron un aporte criminal necesario para el desarrollo de las actividades descriptas en la imputación, actuando bajo el control y direccionamiento de Hugo Ernesto César Oldani -como sus brazos ejecutores-, a partir de una labor equivalente a quienes dentro del sistema financiero cumplen roles administrativos y ejecutivos, pero sin gozar de autonomía individual, para adoptar, en mano propia, decisiones que hacen a la constitución del emprendimiento delictivo.
En términos materiales ello se vio reflejado en la confección de planillas donde se registraban las transacciones, además de atender la cartera de clientes a través de mensajes, llamadas o correos electrónicos, así como ambas cumplieron con la entrega, recepción, devolución, transferencia y depósito de dinero efectivo en moneda nacional y extranjera, además de las operatorias relativas a cheques de terceros”;
2.- Carina Amelia Chelmo: “La nombrada se desempeñaba al momento de los hechos como presidenta de "Mediterránea" Sociedad de Bolsa S.A., con asiento en la ciudad de Santa Fe, y en ese marco realizó un aporte individual relativo tanto a la operatoria de préstamos como a la realizada con cheques, e intervino en transacciones utilizando un mecanismo para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior”;
3.- Leandro Javier Forchetti: “El aporte criminal consistió en proveer periódicamente de cheques a Hugo Ernesto César Oldani -a cambio de una comisión-, quien los tomaba contra acreditación, imponiendo el cobro de una comisión porcentual variable sobre el monto y la aplicación de una penalidad en caso de devolución, para finalmente entregarlos a personas identificadas con el Grupo Carey SA, entre otros”;
4.- Flavio Damián Giulioni: “El aporte personal consistió en participar de las operaciones con cheques antes aludidas, recibiendo los títulos y depositándolos por medio de agentes ubicados en la ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ciudad de Paraná, así como en la ciudad de Santa Fe, a cuyo efecto utilizó cuentas de determinadas empresas”;
5.- Ariel Juan Trucco: “El aporte asignado consiste en recibir los títulos provenientes de Hugo Ernesto César Oldani, en el marco de las operaciones con cheques aludidas con anterioridad”;
6.- Marco Molinas: “El aporte de Marco Molinas aparece reflejado en la operatoria con cheques ya aludida, consistente en entregar títulos a Hugo Ernesto César Oldani, y participar como intermediario en los movimientos de dinero bajo el mecanismo para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior”;
7.- Eugenio Francisco Alonso: “El aporte criminal del nombrado consistió en haber participado como intermediario de los movimientos de dinero bajo el mecanismo antes aludido para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior”;
8.- Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo: “El aporte de los nombrados consistió, como operadores del GRUPO CAREY S.A y empleados registrados de la Asociación Mutual 29 de Noviembre la ciudad de Rosario, en haber participado en las operaciones con cheques antes aludidas, al recibir los títulos remitidos por Hugo Ernesto César Oldani, e intervenir en transacciones a partir de un mecanismo concebido para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior".
"Todo ello -agrega la Resolución- mediante la gestión de las cuentas en pesos y en dólares que Hugo Ernesto César Oldani tenía habilitadas en las firmas referenciadas, la percepción y entrega de sumas dinerarias, la constitución de plazos fijos, la recepción, cambio y cobro de cheques, y la realización de transferencias nacionales e internacionales de dinero requeridas por terceros, siempre sujetas a comisiones que dependían del tipo y monto de la operación”.
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