El juez federal de Rosario, Germán Sutter Schneider, que provisoriamente se desempeña también en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, deberá definir próximamente si acepta o no el pedido de probation para evitar el juicio que realizaron los diez procesados que tiene la causa que investigó a la agencia de Turismo Oldani como “cueva financiera”.
Parte del dinero que había en Oldani y que fue retirado tras el crimen del empresario.
La solicitud fue realizado por las defensas de las diez personas que fueron imputadas por intermediación financiera no autorizada tras una investigación que encabezó el fiscal federal Walter Rodríguez y que se inició a partir de la denuncia penal que efectuó el entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain.
Esa denuncia surgió a partir del homicidio del empresario Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero del 2020 en el marco de un asalto que fue cometido por un grupo de jóvenes identificados como Bruno Figueroa, fallecido en la cárcel de Las Flores en 2021 y quien gatilló el arma); Agustina Catherina González, quien era menor de edad al momento del hecho y la cual acompañaba a Figueroa; Brian Nahuel Damiani, que ofició como “campana” de la banda; Juan Manuel Ruffino, el chófer del grupo; y Andrés Kaipl, quien realizó tareas de inteligencia previas al suceso.
Tras el crimen, peritos e investigadores de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detectaron que dentro del local había una millonaria suma de dinero (3 millones de pesos y 1 millón de dólares) la cual fue retirada por familiares de la víctima y bajo la autorización de la fiscal Cristina Ferraro que se hizo presente en el lugar (la cual recientemente fue procesada por encubrimiento).
La irregular situación motivó a que el ministro Sain denuncie, el 1 de junio de ese año, que en Turismo Oldani Srl funcionó hasta el día del crimen una “cueva financiera” en donde se manipulaban siderales sumas de dinero por fuera del circuito financiero y sin el debido control del Banco Central.
Esa denuncia fue el puntapié para que el fiscal Walter Rodríguez inicie una pesquisa que terminó con diez personas procesadas. Se trata de Virginia Oldani, María José Calle, Carina Chelmo, Leandro Forchetti, Flavio Giuolini, Marco Molinas, Ariel Trucco, Eugenio Alonso, Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo, todos imputados por intermediación financiera no autorizada.
Tras ser elevada a juicio la causa, las respectivas defensas presentaron ante el juez Sutter Schneider evitar el juzgamiento mediante una suspensión de juicio a prueba (conocida también como probation) que podrían implicar desde tareas comunitarias hasta importantes multas. De ser confirmados los pedidos (los cuales también deber ser analizados por el fiscal de juicio, Martín Suárez Faisal) los diez procesados por el caso Oldani podrían no afrontar el juicio y en un futuro, una vez cumplidas las probations, obtener el sobreseimiento definitivo.
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