Para que eso se concrete, el dictamen contra Bailaque deberá reunir al menos los dos tercios de los miembros el plenario del Consejo de la Magistratura.
El paso previo es la firma de un nuevo dictamen por parte de los consejeros acusadores. La Comisión de Acusación está presidida por Luis Juez y la integran además Rodolfo Tailhade, Andrés García, Álvaro González, César Grau, Alberto Maques, Roxana Reyes y Vanesa Siley.
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Marcelo Bailaque, un juez en el banquillo de los acusados.
Este jueves, se reunirán en la sede del Consejo, en la ciudad de Buenos Aires, para retomar el proceso contra el cuestionado juez Bailaque, quien el pasado martes no se presentó ante el Consejo de la Magistratura para defenderse, aunque sí envió su descargo por escrito.
Marcelo Bailaque se defendió por escrito
El juez federal de Rosario había sido citado el martes 17 de junio para ejercer su derecho a defensa frente a las acusaciones en su contra. Bailaque no concurrió a la audiencia, pero presentó su descargo por escrito, según lo permite el artículo 20 del reglamento de la comisión.
En su escrito de 20 carillas, Bailaque se centra en rechazar las acusaciones en su contra, a las que califica como parte de una “persecución política” y como un “invento del periodismo”.
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La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura está presidida por Luis Juez.
También se defiende de las críticas por haber rechazado sistemáticamente los pedidos de escuchas al entorno del narco rosarino Esteban Alvarado. En el escrito plantea que “no todo pedido debe ser aceptado” y que es precisamente el rol del juez determinar cuáles solicitudes son válidas. Según su interpretación, no hubo contradicción alguna en sus decisiones.
Uno de los hechos más resonantes que lo involucran es la llamada “cena del quincho”, en la que, según los fiscales, se habría desarrollado una maniobra extorsiva junto a funcionarios y empresarios. Bailaque intenta desacreditar esa acusación diciendo que había un invitado más, de apellido Ariza, que puede ser testigo. “¿Cómo podríamos tramar una maniobra extorsiva delante de un tercero que no sería parte de la maniobra?”, pregunta retóricamente en el escrito, e incluso ofrece a su hijo como testigo de esa supuesta presencia adicional.
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De qué se lo acusa a Marcelo Bailaque
El juez federal Marcelo Bailaque está imputado en tres causas:
- Una es por una denuncia falsa que se presentó en la AFIP de Rosario y que luego se remitió al juzgado de Bailaque contra los empresarios Jorge Oneto y Claudio Iglesias. Un anónimo decía que lavaban plata para el grupo narco “Los Monos”. El ex titular de la AFIP de Rosario, Carlos Vaudagna, declaró como arrepentido y contó que la maniobra fue armada en el quincho del edificio donde vive Bailaque entre él, el juez y el amigo del magistrado y empresario Fernando Whpei, -ahora preso en detención domiciliaria-, que fue quien se reunió con los denunciados para decirles que él conocía al magistrado y que podía arreglar la causa si pagaban 200 mil dólares. Los empresarios pagaron 160 mil dólares.
- La segunda es por maniobras dilatorias para favorecer al capo narco Alvarado y su exesposa Rosa Natalí Capuano. Concretamente, Bailaque fue acusado de demorar una orden para intervenir el teléfono de la mujer. Además, Alvarado y Bailaque compartían el mismo contador, Gabriel Mizzau. Y el hijo de Mizzau trabajó en el juzgado de Bailaque.
- La última causa contra el juez es por el manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es Whpei, quien le pidió el dinero a los empresarios para cerrarles la causa que falsamente había armado Bailaque.
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Marcelo Bailaque: ¿jubilación o destitución?
La semana pasada, Marcelo Bailaque presentó su renuncia al cargo, con fecha de efectividad a partir del 1° de julio. Sin embargo, será el Poder Ejecutivo quien deberá decidir si acepta o rechaza esa dimisión.
En caso de no aceptarse, el juez continuará siendo investigado por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que podría eventualmente promover un juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento.
