El nuevo proyecto establece un límite de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres de agroquímicos respecto de las zonas urbanas y escuelas rurales.
A principios de este mes, la Multisectorial Paren de Fumigarnos presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe un proyecto para modificar la Ley N° 11.273/95 “mal llamada de fitosanitarios” –según la Multisectorial–, que regula el uso de insumos químicos para la producción agropecuaria en toda la provincia y que está vigente desde el año 1995, antes que Argentina autorizara el uso de semillas transgénicas.
Ese proyecto modificatorio, que lleva la firma de los diputados Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura), propone mayores restricciones de distancias para las fumigaciones terrestres y mayores controles al uso de esos insumos, así como la asistencia obligatoria de un ingeniero agrónomo matriculado para la habilitación de los equipos.
“Como pueblos fumigados que defendemos la salud de los territorios, esperamos que en este 2022 la Legislatura provincial legisle en favor de la salud y el ambiente ”, dice el documento difundido por las organizaciones, que recordaron que entre los objetivos del presente proyecto está “la protección de la salud humana, así como de la contaminación a los alimentos y al ambiente”.
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“Basta de perder tiempo, salud y vidas de los santafesinos. Necesitamos una ley que nos proteja y se lo exigimos a nuestros representantes, que la sancionen de una vez por todas porque son los responsables políticos. La salud no se negocia, paren de fumigarnos”, afirmaron.
En el año 2019 este proyecto, que ya fue presentado seis veces en los últimos años, tuvo media sanción de parte de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia, quedando sin tratar por la Cámara de Senadores.
Ese mismo año, Del Frade propuso la creación en Santa Fe de un registro específico de patologías derivadas del uso de agroquímicos a través de un proyecto de ley presentado que buscaba dotar a las autoridades y a la población de una herramienta de conocimiento. La iniciativa estaba anclada en el Comité Interministerial de Salud Ambiental creado hace más de diez años con la intención de seguir de cerca las problemáticas generadas por las posibles consecuencias sobre el ambiente y la salud de las personas en relación con actividades productivas, con el ojo puesto especialmente en el uso de agroquímicos.
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El proyecto establece una distancia de 1.500 metros para las aplicaciones terrestres que se hagan en torno a silos, campos, silos bolsa, plantas de acopio, plantas de acondicionamiento de granos y plantas de terminales portuarias, y agrega que al interior de dichos establecimientos “no podrán utilizarse agroquímicos ni pesticidas de ningún tipo”.
También propone prohibir las aplicaciones o aspersiones aéreas de plaguicidas, agroquímicos y/o biocidas químicos o biológicos con destino al uso agropecuario en el control de insectos, ácaros, hongos o plantas silvestres “cualquiera sea el producto activo o formulado, así como su dosis, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe”.
Para las aplicaciones terrestres, propone prohibirlas dentro de un área de 1.500 metros de las plantas urbanas, establecimientos educacionales rurales, de parques industriales, complejos deportivos y recreativos, barrios privados y caseríos, de zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas declaradas tales por autoridad competente; de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales señalados en la cartografía oficial.
Finalmente, el proyecto busca que quede “terminantemente prohibido” el reciclado o reutilización de los envases de agroquímicos para cualquier otro tipo de actividad, y que se reemplace la palabra "fitosanitarios" por "agroquímicos" en todos los artículos restantes de la Ley 11.273.
Hace pocas semanas, el abogado ambientalista de Rosario Enrique Augusto Zárate presentó un pedido de apoyo-mediación ante la FAO (el organismo de Naciones Unidas encargado de la alimentación y la agricultura) para que ese organismo “que es fuente de conocimiento y ayuda para los países en desarrollo, use sus buenos oficios para lograr una reducción del uso de agroquímicos en Argentina y poder así llegar, por fin, a una producción sustentable y agroecológica”.
En ese documento el profesional pide que “con buenos oficios” la FAO pueda “vigilar y alertar a la Argentina sobre los peligros y las amenazas a la agricultura, la alimentación y la nutrición, mediante reuniones, acuerdos, convenciones para que retome el camino de la agricultura sostenible, y evite el éxodo y la pobreza de la gente de campo, como asimismo el cuidado de la salud pública.
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Zárate ya había presentado un proyecto parecido a nivel nacional en octubre del año pasado, también con el objetivo de reducir de forma gradual y continua la disponibilidad, acceso y uso de agroquímicos hasta eliminar la carga de exposición en la población argentina, y así “reducir el riesgo y el daño para la salud colectiva”. La iniciativa proponía reconvertir las prácticas agrícolas desde una matriz “sostenible en el uso de agrotóxicos” hacia una agricultura “libre de venenos y de carácter agroecológica con estímulos a las mismas”.
El profesional denunció en 2017, con base en estudios científicos, que en las verdulerías de Rosario hasta el 75% de las frutas y verduras a la venta contenían hasta 11 tipos de agroquímicos. A partir de estos estudios, la Justicia ordenó al Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) que reforzara inspecciones y monitoreos sobre esos alimentos.
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