En los últimos años la ciudad de Rosario padeció en varias oportunidades la quema de las islas en el Delta del río Paraná.
La justicia santafesina, a través de una acción comandada por la Fiscalía Extrapenal, sumó argumentos para avanzar contra propietarios de inmuebles de la zona de islas del río Paraná, ubicadas frente a Rosario, que fueron afectados por quemas intencionales en los últimos años.
Esto ocurrió después que un tribunal provincial aceptara sus argumentos contra estos propietarios con domicilio en Rosario, a quienes consideran responsables de daños por los incendios ocurridos en sus propiedades, ya que el humo afectó la salud colectiva de todos los habitantes de esta ciudad.
Así consta en un documento judicial publicado la semana pasada, firmado por los jueces del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la Segunda Nominación de Rosario (Edgardo Bonomelli, Jorgelina Entrocasi, Marcelo Quaglia –en disidencia– y Fernando Bitetti).
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En ese documento, el Ministerio Público Fiscal argumenta que las islas del Delta Superior del río Paraná “están siendo sometidas a un ecocidio desde el año 2008…tras un cambio radical de las formas productivas tradicionales…con incremento de las acciones antrópicas predatorias, entre ellas, el manejo del fuego…para renovación de pastizales para uso de ganadería intensiva”. Esto llevó a que los y las ciudadanas de Rosario y otras localidades padecieran daños en su salud provenientes de las emanaciones de las quemas.
Ante esto, la Fiscalía Extra Penal propuso avanzar en la declaración de “responsabilidad ambiental por daño indirecto a la salud y bienes de los habitantes del Distrito Judicial N° 2” por parte de ciudadanos del mismo Distrito Judicial, que tienen propiedades en las islas del Delta del Paraná en los cuales se produjeron incendios.
La novedad de este caso es que “se realiza un recorte del conflicto a un sector de la población, que tiene domicilio en una misma jurisdicción, con el fin de dar soluciones efectivas y de carácter parcial, a un problema de larga data y difícil solución, proponiendo un nuevo tratamiento de los conflictos ambientales compartidos por más de una jurisdicción o interjurisdiccionales, pero esta vez circunscribiéndolo a que el sujeto dañador y el sujeto dañado pertenezcan a una misma jurisdicción”.
La Fiscalía Extrapenal promovió esta demanda -que es meramente declarativa- contra Antonio Cayetano Gómez, Ramiro Javier Costa, Juan Leopoldo Sanaria, Sócrates Galindo, Laura Beatriz Becherucci, Luis Carlos Pérez, Jorge R. Casals Sociedad en Comandita por Acciones, Carlos alberto Sidoti, Enzo Federico Vignale, Raúl Alvaro Morisy y Rachinsky, Amelia Marta Barinotto, Esteban Ricardo Morist, Julián Marcelo Luraschi, José María Vicenti, Graciela Capone, Daniel Corvalan, David Sobrido, Mauricio Sobrido y Federico Patricio Muller.
En el documento, los jueces consideraron que el medio ambiente “es un bien colectivo” cuya protección “es un deber de todos, también de los jueces que viven en él, sobre todo ponderando el rol que la sociedad exige a la judicatura moderna”. “No podemos ser indiferentes a lo que acontece”, destacaron en el escrito.
Jorge Barraguirre, procurador General de la Corte Suprema, destacó en primer lugar “el compromiso judicial” con la cuestión ambiental, tanto cuando se generan daños directos como cuando esos daños son indirectos: “Es destacable que los jueces se hagan cargo de este fenómeno y decidan hacerlo activando a la justicia ordinaria.
Esto es bueno en términos de acceso a la justicia porque prioriza un sentimiento de cercanía y ayuda a reestablecer la confianza en el sistema, al ver que no todo es lo mismo”, dijo el especialista, para quien en este caso los jueces “supieron encontrar un camino para recibir estas cuestiones, que han generado un perjuicio a los vecinos de Rosario”.
Por otra parte, Barraguirre señaló que la resolución es valiosa, ya que se trata de uno de los primeros casos donde se hace lugar a lo que se llama la “función ambiental de la propiedad privada”, que encuentra hasta un parentesco lejano en el derecho romano a través de la llamada "acción por ruina".
"Si por el abandono de un inmueble privado usted genera un daño a terceros, usted debe responder. Esto era lo que tradicionalmente se podía hacer con la acción por ruinas. Incluso demandar, en ciertos casos preventivamente”, agregó.
Este argumento ha sido retomado por numerosos académicos y organizaciones socioambientales, que sostienen que la propiedad privada también tiene una función ambiental y que no se puede usar o dejar de usar esos inmuebles y que esa acción u omisión genere daños ambientales.
“Es muy valioso este argumento, la demanda está parada sobre este nuevo factor de atribución porque hay un factor para demandar, hay una nueva razón: si alguien incumplió su función ambiental y eso generó daños a vecinos, debe responder".
El Procurador destacó que ese es otro de los puntos originales de esta acción judicial: que los propietarios que demanda la Fiscalía son vecinos de Rosario cuyas acciones perjudican a otros vecinos de Rosario: “ahí aparece la creatividad del equipo de trabajo porque pudimos encontrar una vuelta e ir ese lado, se trata de rosarinos que dañan a rosarinos”.
“Si esta gente vive en Rosario, por más que el fuego sea en territorio de Entre Ríos, el daño se causa a un conciudadano. Por eso no tiene sentido acudir a la justicia federal, y si a la justicia ordinaria”, dijo Barraguirre, quien argumentó que por esa razón “no buscan proteger un bien interjurisdiccional, ya que a eso lo protege la justicia federal”, pero sí hurgar en ese “vínculo obligacional” entre vecinos de Rosario.
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