Veintiún militares del Ejército de Colombia y un civil admitieron hoy ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en 247 ejecuciones extrajudiciales dentro del caso 03, que investiga los denominados "Falsos positivos"', esto es, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.
Los 22 procesados, sobre 26, reconocieron su participación en al menos 120 ejecuciones extrajudiciales en la Región del Catatumbo y otras 127 en la del Caribe. El militar de más alto rango en el proceso es el general Paulino Coronado, seguido de once oficiales, seis suboficiales, tres soldados rasos y un civil.
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Entre los cuatro procesados que no aceptaron haber participado de las ejecuciones están los coroneles Juan Carlos Figueroa y Publio Hernán Mejía, este último precandidato a las elecciones presidenciales de mayo próximo.
Su expediente fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que evaluará las evidencias para someterlos a un posible juicio. En caso de ser hallados culpables podrían enfrentarse a penas de hasta veinte años de cárcel.
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En julio de este año, la JEP señaló por primera vez que los "Falsos positivos" han sido resultado de una política de Estado impulsada por el Ejército a fin de presentar bajas en combate a cambio de ascensos, permisos y remuneraciones.
Estos incentivos provocaron el asesinato entre 2002 y 2008, llamados los "años de plomo" del expresidente ultraconservador Álvaro Uribe, de 6.402 personas, todos ellos campesinos, población indígena y líderes sociales a los que se hicieron pasar por guerrilleros, según el recuento de la JEP.
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