Salario mínimo y jubilación mínima: la Argentina de Javier Milei o el mundo del revés
El salario mínimo, vital y móvil es el 77% de la jubilación mínima. Si se aplicara la garantía previsional, el salario mínimo debería subir más de $200.000.
El salario mínimo y la jubilación mínima coexisten hacia abajo en un “mundo al revés” donde las normas y la lógica están invertidas. Esto que pasa con el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) y la jubilación mínima bajo el gobierno de Javier Milei.
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Es que el salario mínimo debería ser mayor a la jubilación mínima, lo que históricamente se presentó como la jubilación equivalente al 82% móvil. En Argentina esa relación está invertida e inclinada hacia abajo y, en la caída, la jubilación mínima supera al SMVM.
La realidad marca lo siguiente. En julio, el haber mínimo jubilatorio de ANSES es de $411.989,33 más el bono “congelado” de $70.000: en total $481.989,33. Por su parte, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) para los trabajadores mensualizados se sitúa en $372.400. Así, el SMVM representa el 77,3% del haber mínimo.
Es que, si se aplicara la garantía previsional del 82%, el SMVM arrojaría $587.791 versus los $372.400 de julio: una diferencia de más de $200.000.
Lo que pasó es que, en la carrera de quién perdió más, el SMVM se deterioró más que la jubilación mínima. En lo que va desde la actual gestión de Milei, se registró una pérdida de alrededor de 35% en el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil.
Si a la pérdida del SMVM sufrida durante este Gobierno se acumula con retrocesos previos, el salario mínimo está más del 45% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 60% menor que en noviembre de 2015, al final del segundo mandato de Cristina Kirchner.
El salario mínimo –que fija el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el SMV– incide en los trabajadores registrados mensualizados o jornalizados que cobran menos del salario mínimo mensual o por hora. Y de manera indirecta como referencia sobre los trabajadores no registrados o informales que comprende a más del 40% de los asalariados.
Los acuerdos sobre el salario mínimo que tuvieron lugar en esta gestión finalizaron sin acuerdo entre el sector empresario y los representantes de los trabajadores. Como resultado, fue la Secretaría de Trabajo la que determinó los aumentos nominales –prácticamente equivalentes a la propuesta empresarial–, los cuales no sólo no buscaron recuperar el poder de compra perdido tras la devaluación, sino que incluso continuaron erosionándolo.
Esta fuerte reducción ha debilitado la relación entre el salario mínimo y los salarios efectivamente pagados: representa en la actualidad menos de una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado.
Tras este retroceso histórico, el valor real del salario mínimo es inferior al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de Convertibilidad, cuando, como ocurre hoy, esta política había sido deliberadamente abandonada como herramienta para determinar pisos salariales e impulsar una menor desigualdad en los ingresos.
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La comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación incluso peor que la del año 2001. En julio, una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos niños) necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica que determina la línea de pobreza.
La ley de Contrato de Trabajo le asigna tres características al salario mínimo, vital y móvil. Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral. Debe asegurarle alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional. Y debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de vida.
La realidad marca que el actual SMVM no cumple ninguno de esos objetivos.