La Ley Ómnibus de Javier Milei plantea un Fondo de Reconversión Laboral, destinado a proporcionar capacitación y asistencia técnica a agentes civiles, militares y de seguridad cuyos cargos sean eliminados. Este fondo, de carácter fiduciario, se financiará con recursos asignados en el presupuesto y estará bajo la supervisión del Ministerio designado por el Poder Ejecutivo.
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De esta manera, el Poder Ejecutivo tendrá por finalidad "capacitar y brindar asistencia técnica para programas de autoempleo y formas asociativas solidarias a los agentes civiles, militares y de seguridad, cuyos cargos quedaren suprimidos, en función de las medidas establecidas en los artículos precedentes".
Los empleados de planta permanente y con estabilidad laboral afectados por la reestructuración, pasarán automáticamente a una "situación de disponibilidad" por hasta un año. Durante este período, recibirán remuneración del Fondo de Reconversión Laboral, considerando antigüedad y condiciones definidas por el Poder Ejecutivo.
A cambio, deberán participar en capacitaciones y pueden ser asignados a servicios tercerizados del Estado.
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En este lapso, los agentes públicos pueden optar por cubrir vacantes en la Administración Pública, ser contratados por empleadores privados con beneficios específicos, o establecer nuevos vínculos laborales. Aquellos que no formalicen una nueva relación después de los doce meses quedan automáticamente desvinculados del sector público nacional.
Esta sección de la Ley Ómnibus plantea desafíos y oportunidades para el empleo público, generando debates sobre la estabilidad laboral en el contexto de las medidas de reestructuración propuestas.
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