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Economía Ley Bases | Senado |

Los puntos principales de la Ley Bases y el Paquete Fiscal que se debaten en el Senado

El Senado de la Nación ya debate las reformas que busca implementar el Gobierno de Javier Milei. La Ley Bases junto con el paquete fiscal prevé cambios en impuestos, inversiones, una modernización laboral, blanqueo de capitales y otros artículos clave.

Este miércoles, el Senado ya debate la Ley Bases y el paquete fiscal. El Gobierno obtuvo el quórum necesario y se espera una extensa sesión. Los temas que concentraron la mayor cantidad de cambios fueron las facultades delegadas, las empresas a privatizar, reformas laborales y el RIGI.

Tanto la Ley de Bases como el paquete fiscal se debatirán por separado y la votación será por capítulos.

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Reforma del Estado

Este artículo aborda las facultades al Poder Ejecutivo nacional “a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada” ya sea "la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades", o "la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Privatizaciones

A partir de las negociaciones con la oposición, el Gobierno definió la lista final de empresas privatizables, que podría tener variaciones en el debate en el Senado:

  • Aerolíneas Argentinas
  • Radio y Televisión Argentina
  • Energía Argentina S.A (Enarsa)
  • Intercargo SAU

Privatizaciones/Concesiones

  • Agua y Saneamientos Argentinos SA
  • Belgrano Cargas y Logística SA
  • Correo Argentino
  • Sociedad Operadora Ferroviaria SE
  • Corredores Viales SA
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Reforma Laboral

En el articulado sobre registración laboral dentro del capítulo de Modernización Laboral, otro punto importante es el capítulo IV, que trata sobre el empleo público: allí se dispone que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento. También determina que a aquellos trabajadores que realicen una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa.

En tanto, establece que aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública Nacional si no consiguen otro puesto.

El Título IV del texto está destinado a la "promoción del empleo registrado" en el sector privado, que permite a los empleadores regularizar vínculos laborales que comenzaron antes de que la ley entre en vigor, concediéndoles un período de 90 días para hacerlo. Los empresarios quedarán eximidos de cualquier acción legal y deudas relacionadas con infracciones, multas y sanciones.

No obstante, este capítulo viene acompañado del título V, sobre modernización laboral, que entre las principales medidas aparece la extensión del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones.

También se flexibiliza la incorporación del despido con justa causa por acciones de bloqueo o toma de los establecimientos ya que según el artículo 91 bis, el categórico "configurará" injuria laboral grave troca por un potencial "podrán configurar", dejándolo a criterio del juez interviniente.

Régimen de Incentivos RIGI

Uno de los temas que cobró mayor protagonismo fue el del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años, para atraer proyectos que superen los US$ 200 millones.

Entre los beneficios salientes para los proyectos que adhieran al régimen normativo, se encuentra la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones que surjan de estas inversiones.

La crítica principal que atraviesa a varios diputados de diversos bloques dialoguistas es que el Gobierno no incluyó a las economías regionales.

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Impuesto a las Ganancias

El proyecto de ley restituye el Impuesto a las Ganancias para los salarios de trabajadores en relación de dependencia, contempla un piso mínimo sobre el sueldo bruto de $1.800.000 para solteros y de $2.300.000 para los contribuyentes que puedan deducir las cargas de familia (casados con dos hijos).

Asimismo, contempla la actualización de deducciones y escalas desde 2025 por Índice de Precios al Consumidor (IPC) y faculta al Poder Ejecutivo a efectuar cambios durante el 2024.

La norma, establece además que las modificaciones que se realicen no serán de carácter retroactivo.

Esto quiere decir que se comenzarán con los descuentos desde el momento en que sea publicada en el Boletín Oficial y no habrá que abonar nada por el período comprendido desde el 1° de enero.

Solo se mantendrá las deducciones por intereses hipotecarios, hijos, esposa, el personal de casas particulares, prepagas y seguros de vida, con lo cual se estima que volverán a tributar más de un millón de personas.

El Senado reformó para que los trabajadores de las provincias patagónicas tengan un diferencial del 22 por ciento en mínimo no imponible con lo cual empezarán a tributar a partir los salarios de casi 2.2 millones de pesos brutos en el caso de los solteros y en el caso de los casados de 2.8 millones de pesos de sueldos brutos

Monotributo

El proyecto del Gobierno actualiza los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300 y 330 por ciento. El ingreso tope anual sería de $68 millones y elimina la diferenciación entre actividades (comercio y servicios) para estar en el régimen simplificado. También, subirían los montos de toda la escala y los importes a pagar.

Los monotributistas de la categoría A, de menores ingresos, podrían facturar hasta $6.450.000 anuales. Para aquellos que se encuentren en la categoría K, la más alta, el monto asciende a 68 millones de pesos. Además, habría un aumento en importes que pagan mensualmente los monotributistas en concepto del impuesto integrado, y de los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social.

Jubilaciones

El proyecto ómnibus del Gobierno de Javier Milei incluye la derogación de la moratoria previsional y crea la Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse

De esta manera, los trabajadores que no cuenten con los años aportados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a una jubilación proporcional a los 65 años y un beneficio adicional en función de los años de servicio.

La Ley Bases bajo la lupa: punto por punto

Proyecto de Ley Bases que debate el Senado.pdf