La inflación de marzo –que el Indec informará este miércoles 13– rondará el 6%, llevando la suba de precios del primer trimestre a más del 15%, con los alimentos –el rubro de mayor incidencia en el índice– en torno al 20%. La canasta de indigencia –que toma en cuenta solo los alimentos básicos– podría alcanzar el 25%.
El programa “Precios Cuidados” fue renovado con un nuevo ajuste. En muchos casos, los precios acordados son superiores a los de las marcas no incluidas en “Precios Cuidados” y aun así, desde la Secretaria de Comercio, admitieron que no tienen capacidad para controlar los acuerdos por la extensión de los comercios a lo largo de todo el país.
Ajuste de tarifas mediante, incluidos los aumentos del gas, la nafta y la electricidad que ha provocado la guerra en Ucrania, la inflación anual se proyecta al 60% (o incluso más), muy lejos de la proyección anual contenida en el acuerdo con el FMI, del 38 al 48%.
El Banco Central se apresta a volver a subir la tasa de interés, ante el evidente rezago frente a niveles inflacionarios tan altos. También a imprimirle mayor velocidad a la devaluación del peso (tipo de cambio oficial), como se acordó con el FMI, encareciendo los volúmenes del comercio exterior.
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Por otro lado, el aumento de la deuda con el FMI –por el desembolso de los U$S 9.700 millones para pagar los vencimientos de marzo y los de los próximos meses– volvió a incrementar la cuenta de intereses que el país deberá afrontar en el curso de este año y los venideros. Este año son U$S 225 millones adicionales a los U$S 900 millones calculados a fines de febrero para todo 2022.
Así, en total, hasta fin de año, son U$S 1.124 millones o 817,16 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda en la que el FMI calcula las cuentas. Cada DEG vale en la actualidad 1.3761 dólares.
Entre otros factores, el desborde inflacionario ha dividido al oficialismo en toda su estructura, lo que refuerza el impulso inflacionario porque se muestra públicamente de cara a toda la sociedad como incapaz de controlar y ejecutar sus propias medidas económicas y hacer frente a la suba de los precios.
En estas condiciones, no sorprendió el otorgamiento de un bono de hasta $ 6.000 a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo o menos durante abril. Pero queda el interrogante de si se repetirá en mayo. Es que el siguiente aumento según la fórmula de movilidad arranca en junio. En consecuencia, si en mayo no se repite el bono, esos jubilados y pensionados cobrarán en mayo menos que lo que percibieron en abril.
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De todas maneras, el resto de los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo –3 millones– no reciben ninguna bono y absorbiendo todo el impacto inflacionario, como pasó en 2020 y 2021.
Con la Tarjeta Alimentaria sucede otro tanto: desde febrero de 2021 estaba congelada en $ 6.000 para las familias con un hijo, $ 9.000 con dos hijos y $ 12.000 con tres o más hijos. Ahora se las incrementa en un 50%, cuando la inflación de los alimentos, en los últimos 14 meses, ronda el 80%.
En este contexto se produjo el rápido acuerdo alcanzado entre las centrales empresarias, la CGT y el gobierno para adelantar las paritarias y acortar su período de vigencia a cuatro meses.
Es que si se mantuviesen las fechas de finalización de los convenios el deterioro salarial llevaría a la casi totalidad de los trabajadores formales a tener ingresos por debajo de la línea de pobreza. Y los salarios de los informales por debajo de la línea de indigencia. Aún resta saber cómo finalmente se terminará negociando y acordando.
En pocos días el Indec informará que una familia tipo (matrimonio y dos hijos) necesitaría más de $90.000 (sin contar el alquiler) para no ser considerada pobre. Con el alquiler son más de $ 110.000 o 120.000, valores muy lejos de las escalas salariales de los trabajadores.




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