Las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales están en el centro de la crisis y del debate nacional. Y no podía ser de otro modo porque los haberes previsionales cayeron en términos reales entre septiembre 2017 y diciembre 2023, entre un 26% (haber mínimo con bonos) y un 55% (el resto de los haberes sin bonos).
La pretensión del Gobierno, expresada a través del megaproyecto, es que caigan aún más a través de aumentos por decreto –por definición discrecionales- con el objetivo explícito de reducir al menos 4 puntos del PBI, como reconoció el ministro Luis Caputo.
El Gobierno de Javier Milei arrancó con una caída del 23% de las jubilaciones porque los haberes de enero se mantuvieron en el mismo nivel que en diciembre, con una inflación del 25,5% el mes pasado y otro tanto para enero.
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Con el dato de inflación de diciembre, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que en 2023 “el poder de compra de los haberes jubilatorios y de las asignaciones familiares se redujo en promedio un 16,3% interanual, mientras que los haberes de los jubilados que cobran el haber mínimo (con bonos) lo hicieron apenas 1,2% interanual”.
Y agrega: “La caída del gasto hubiera sido del 12,4% interanual de no contarse con la política de bonos extraordinarios que compensó parcialmente el ahorro por aplicación de la movilidad jubilatoria”.
En el Congreso se negocia reemplazar los aumentos por decreto por una nueva fórmula de ajuste que tome en cuenta la inflación. De aprobarse, no está en claro desde cuando regiría. Si desde febrero, en base al IPC de diciembre o desde marzo según el IPC de enero. Tampoco hay claridad con relación a los bonos, si se integrarían al haber o se mantendrían con el mismo ajuste que el resto de los haberes.
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En cualquier variante, la movilidad mensual por inflación no corregiría la debacle jubilatoria de entre el 26% y el 56%. Si se aplicara en febrero en base a la inflación de diciembre, los haberes jubilatorios mantendrían de por vida la caída histórica sufrida en los últimos 6 años. En síntesis, garantiza que no se recuperen.
En consecuencia, lo que corresponde es recomponer el poder adquisitivo de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales –perdida en estos años– , y sobre esos haberes aplicar la movilidad mensual tomando en cuenta el crecimiento real de la economía y de los salarios, con la garantía de que en ningún caso será inferior a la inflación sin ningún tipo de discrecionalidad, o sea, para todos por igual.
Justamente, “movilidad” significa que no pierdan poder adquisitivo. Ya el IPC es un índice de ajuste no válido por los jubilados que tienen un mayor gasto en alimentos, medicamentos y cuidado de personas. Pero aún así, se aplicó parcialmente con retraso, con una inflación ascendente o directamente no se aplicó, con las enormes pérdidas acumuladas.
Por su parte, el megaproyecto plantea liquidar el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) de la ANSES que, a noviembre pasado, a precios de mercado valía U$S 32.658 millones, según el último Informe del organismo. El FGS es conocido como la “plata de los jubilados” o “las joyas de la abuela”.
Con relación a diciembre 2022, se valorizó en U$S 4.951 millones, un alza de U$S 4.951 millones. El Gobierno quiere traspasar el FGS al Tesoro Nacional para ofrecerlo como garantía de nueva deuda o pagar deuda externa privada.
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