La amenaza del Gobierno de Milei de vetar el aumento en los haberes jubilatorios, la suba del bono y restaurar la moratoria previsional muestra que los jubilados y pensionados no son una prioridad en la agenda oficial.
El gobierno nacional sostiene que los proyectos para mejorar las jubilaciones romperían la meta de equilibrio fiscal.
La advertencia o amenaza del Gobierno nacional de vetar un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios, la suba del bono de $70.000 congelado hace 16 meses a $105.000 y restaurar la moratoria previsional, proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, muestra que los jubilados y pensionados —en especial de haberes mínimos—, no son una prioridad en la agenda oficial.
El año pasado también el Poder Ejecutivo vetó una ley que incorporaba mejoras en las jubilaciones. Ahora, pese a que se trata de aumentos acotados, desde Economía sostienen que de convertirse en ley esa media sanción de Diputados rompería el equilibrio fiscal. Y eso a pesar de que el Gobierno incrementa otras partidas presupuestarias —por ejemplo para la SIDE— y tiene margen para reformular el Presupuesto y anular o reducir exenciones impositivas a empresas o regiones.
Es sabido que los haberes previsionales sufrieron una enorme pérdida en los últimos años superior al 45%. Pese a los numerosos fallos judiciales que ordenan reparar esa pérdida, que no se está cumpliendo, el Gobierno consolidó esa caída del poder de compra previsional con una fórmula de movilidad que ajusta los haberes solo por la inflación.
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La fórmula no contempla ningún ajuste por el crecimiento de la economía o por las eventuales mejoras salariales, ni repone la pérdida de los últimos años. En definitiva, los actuales valores de haberes, con la pérdida del 45%, vinieron para quedarse.
A eso se suma que los haberes mínimos y sub-mínimos siguen en retroceso.
En los primeros 5 meses del año, por el bono de hasta $ 70.000 congelado, el ingreso mínimo aumentó el 11,2%, la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) el 10,6% y las PNC (Pensiones No Contributivas) el 10.2.% versus una inflación que se estima podría rondar el 13,6%. En cambio, sin el bono, el incremento fue del 14,2%.
El bono se mantiene congelado en hasta $ 70.000 desde marzo 2024. Si se hubiera actualizado, en junio debería ser de más de $ 155.000. Además, el bono no se computa para el cálculo y pago del aguinaldo.
A este bono lo cobran casi 5 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima, la PUAM y PNC. También los que cobran por encima de la mínima, pero en esos casos un monto menor hasta alcanzar el tope del haber mínimo más el adicional del bono.
El haber mínimo más el bono en diciembre 2024 sumaba $ 329.599 y en mayo 2025 pasó a $ 366.482. La PUAM de $ 277.679 subió a $ 307.185 y las PNC de $ 251.719 a $277.537. Esos porcentajes más bajos para este universo mayoritario de jubilados y pensiones también se registró en 2024.
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El año pasado, además de la derogación del reintegro del IVA por el pago de las compras con la tarjeta de débito vinculada a la ANSeS, la jubilación mínima con el bono adicional de hasta $ 70.000 tuvo un aumento del 105,1%. La PUAM con bono, el 99%. Y las PNC, un incremento nominal de 95,1%.
Contra un IPC que en 2024 subió 117,8%, la pérdida del poder adquisitivo de casi 5 millones de jubilados y pensionados fue de entre el 5,8% y el 10,4%, por encima de las pérdidas durante los gobiernos de Macri y Alberto Fernández.
Sin embargo, es sabido que el dato oficial de inflación está desactualizado porque se calcula según el peso o las ponderaciones de cada rubro (alimentos, educación, vestimenta, salud, entre otros) que surgió de la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2004-2005 con un índice de precios base de 2016.
Si se calculara de la última ENGHO 2017/18 con base 2023, la inflación del año pasado habría sido de 133,6%, lo que acentúa el cálculo de la pérdida real de los haberes.
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