Mientras los aumentos de bienes y servicios pueden ser fijados libremente por las empresas, los salarios están encorsetados por el gobierno de Javier Milei.
Si el salario mínimo no hubiese perdido poder de compra, como ocurre en forma sostenida desde 2015, hoy estaría cerca de los $700.000.
Apoyándose en la fuerza del Estado, al fijar los valores y los porcentajes de aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el Gobierno de Javier Milei profundizó el cepo sobre los salarios.
El SMVM recibirá en cinco meses –de abril a agosto– aumentos que arrancan en el 1,9% y descienden hasta el 1,3%, claramente inferiores en todos los meses a la inflación.
El 1,9% de abril es inferior a la inflación de ese mes que, si bien se conocerá recién el miércoles, todos los analistas ubican por encima de ese porcentaje. En mayo, el SMVM por hora es de $1.541, inferior a un litro de leche.
Al mismo tiempo, el Gobierno no está homologando acuerdos paritarios a la baja, pero que superan el 1% mensual o que incluyen bonificaciones extraordinarias.
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De esta manera, mientras los precios y los aumentos de los valores de bienes y servicios pueden ser fijados libremente por las empresas, los salarios están “regimentados” y encorsetados por la fuerza del Estado.
En el caso del acuerdo paritario de empleados de comercio, se fijó un aumento no remunerativo del 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio, sobre los básicos vigentes de marzo (un incremento en tres meses del 5,4%), es decir que son no acumulativos.
También se acordó una suma fija no remunerativa de $35.000 en abril, $40.000 en mayo y $40.000 en junio. Estos últimos $40.000 se incorporarán a los básicos a su valor nominal, en julio próximo.
A los docentes universitarios se les aplicó la pauta establecida para la administración pública nacional: 1,3% en marzo y 1,3% en abril, muy por debajo del pico inflacionario de 3,7% de marzo y seguramente también inferior a la inflación de abril que será informada este miércoles por el Indec.
Por otro lado, los jubilados de haberes mínimos siguen con el bono de $70.000 congelado desde marzo de 2024, lo que determina que reciban incrementos inferiores a la inflación.
El argumento oficial es que aumentos superiores generarían inflación (lo que contradice la teoría libertaria de que la inflación se produce por la emisión de moneda) cuando el costo salarial viene cayendo en los últimos años. Sin embargo, por la fuerte caída del salario real, “el costo laboral se encuentra en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas”, asegura FIEL.
El cepo salarial es funcional al propósito oficial de que las familias apelen a los dólares ahorrados, declarados o no, para el pago de gastos corrientes. Por eso, ávido de dólares, quiere establecer una suerte de “blanqueo permanente” sobre los ahorros no declarados.
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El poder de compra del SMVM entre noviembre de 2023 y abril de 2025 se redujo en más de una tercera parte. “Esta reducción, sumada a la de años anteriores, implica que quede desdibujada su función como herramienta para fijar un piso salarial. En febrero de este año, el salario mínimo representó menos de una quinta parte del salario promedio registrado del sector privado”, señala CIFRA.
La pérdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en abril de 2025 en un nivel real que es 44,1% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 57,3% menor que noviembre de 2015.
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Si el salario mínimo no hubiese perdido poder de compra a lo largo de este tiempo, estaría actualmente cerca de los $700.000.
Tras este retroceso histórico, el valor real del salario mínimo es inferior al vigente durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de convertibilidad, cuando –como sucede en la actualidad– esta política se había abandonado como herramienta para determinar pisos salariales e impulsar una menor desigualdad salarial.
